Nos habíamos quedado en el artículo anterior en las condiciones hídricas de Cataluña y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes con el hecho de que Cataluña presenta unas condiciones estructurales de dificultad en la suficiencia de los recursos hídricos. Pero, al mismo tiempo, recordábamos que un país como Israel, con la cuarta parte de las disponibilidades de agua por habitante y año, por tanto, en una situación de sequía permanente como la que sufrimos ahora, funciona no sólo la ciudad y la industria, sino un potente sector agrícola.
Cabe recordar que, según el Plan Hidrológico de Cataluña, el volumen total de recursos por habitante y año es de 1.197 m³. Si nos atenemos a la clasificación internacional sobre estrés hídrico, ésta nos dice:
- Menos de 500 m³ por habitante y año señala un nivel de escasez de agua extrema que genera graves problemas.
- De 500 a 1.000 m³ por habitante y año señala una situación de escasez de agua elevada y puede provocar limitaciones en su uso.
- De 1.000 a 1.700 m³ por habitante y año señala una situación de escasez de agua moderada y puede provocar restricciones en momentos de sequía.
- Por último, más de 1.700 m³ por habitante y año señala una situación de seguridad hídrica.
La dotación de Cataluña nos sitúa en la frontera que va entre la escasez moderada y la elevada y, por tanto, en los años que llueve poco, y no hace falta que sean tan extremos como los tres últimos, entramos en la caracterización de un estrés hídrico que provoca problemas.
Todo esto no lo descubrimos ahora, y lo sabemos desde hace décadas y, en consecuencia, había habido una preocupación histórica por las infraestructuras hidráulicas y por el abastecimiento de agua.
Pero todo esto, en el transcurso de este siglo y sobre todo en la última década, se ha difuminado, aunque ha sido el sector privado, Aigües de Barcelona, quien reiteradamente ha advertido de la necesidad de inversiones en este terreno. Los últimos paros, durante mucho tiempo, los dedicados a regenerar el agua procedente de las depuradoras para poder utilizarla.
Como todo esto no se ha hecho, como se ha dejado a los campesinos de regadío a manta entregados a su suerte y, por tanto, con escasa capacidad de inversión, no se ha operado, por ejemplo, la necesaria transformación del regadío, con sistemas de aspersión, goteo y microgoteo, que habría entregado ingentes cantidades de agua para otros usos.
Ahora la Generalitat dedica dinero que, digamos, de entrada es insuficiente y no responde a un plan integral. De hecho, no recogen ni siquiera lo que se consideraba necesario hace 20 años. Las consecuencias las estamos pagando, pero el mal sólo está enseñando la patita por debajo de la puerta. Porque, que nadie se engañe, las consecuencias de esta sequía monumental sobre sectores económicos y territorios no acabará cuando empiece a llover, entre otras razones, porque se necesitarían 9 meses de lluvia seguida para equilibrar la situación en parte de Catalunya.
Pero es que el mal habrá degradado muchos aspectos, uno de ellos y particularmente es el bosque. Sobre todo el bosque mediterráneo, pinos y también en menor intensidad encinares, está muy tocado, han muerto árboles y todavía morirán más. Y esa herida tendrá muchas consecuencias en el espacio forestal. Desde mayor peligro de incendios a una mayor fragilidad del bosque, que permanecerá en una mayor afectación por llanuras. En ese momento, la Generalitat debería estar definiendo un plan de acción bien dotado económicamente para atenuar estos graves impactos. Porque, si no se hace así, los costes serán pagados por la sociedad catalana durante décadas. Pero, que se sepa, el gobierno de Catalunya ni está por esta tarea ni se le espera.
Otro sector tocado es la agricultura. El gobierno de Catalunya debe plantearse en serio qué piensa hacer con el secano de este país, porque si en condiciones normales ya no producen con precipitaciones al límite, ahora han quedado en muchos territorios completamente destruidos. Por un lado, hacen programas de suficiencia alimentaria, por otro observan cómo todo un sector agrícola se está convirtiendo en campos baldíos. También la agricultura de regadío sufre y si la nueva campaña de riego a partir del próximo año no es suficiente, una parte de las explotaciones o bien se tendrán que reconvertir, y eso significa mucho dinero si se trata de plantaciones arbóreas, en cultivos de menor exigencia hídrica, o bien petarán económicamente.
Determinados rangos de la industria también registran el impacto. Porque uno de los resultados de todo es que el agua sube de precio y eso también afecta al consumo humano. Por el momento un 11,5% en Barcelona y hasta un 15% en el Área Metropolitana, pero puede ser mucho más porque utilizar agua reciclada, y sobre todo de desaladora, multiplica el coste por 8 o por 9. Sería el momento de replantear que el recibo del agua deje de ser el contenedor de impuestos diversos y facture sólo de aquello que se trata, del agua que consumimos. Pero claro, es muy difícil que la Generalitat y las administraciones locales quieran prescindir de este disfraz que les permite enmascarar su fiscalidad y atribuirlo todo al agua, que hasta ahora tenía un coste modesto, pero eso previsiblemente se acabó. Hay que exigir transparencia y que los impuestos que pagamos por esta vía deben explicitarse aparte y de forma clara.
Necesitamos un gobierno capaz de dar una respuesta integral a todas estas cuestiones y que deje de ir a remolque de las situaciones catastróficas. Encendamos una vela a Santa Rita.
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