El presidente Torra ha recuperado la exigencia de la figura de un mediador internacional en la mesa de diálogo sobre Cataluña, que el Gobierno pactó inicialmente con Esquerra Republicana, y que con carácter muy reciente ratificó Torra en la visita de Sánchez a la Generalitat.
La primera reunión de esta instancia debe estar encabezada por los dos presidentes, de acuerdo con las declaraciones que ambos realizaron después de la reunión que celebraron el pasado jueves en el Palau de la Generalitat.
Aquella demanda de Torra choca frontalmente con los límites que el Gobierno español ha marcado para esta negociación, y que en ningún caso pasan por aceptar un mediador internacional. En definitiva, con esta estrategia, lo que persiguen los partidos independentistas, es aproximar al máximo la imagen de una negociación entre dos gobiernos estatales, para reivindicar ahora lo que Torra no formuló en presencia de Sánchez.
Para ello, se apoya en el acuerdo del Parlament de Catalunya logrado con los votos favorables de ERC, JxCat y la CUP, así como con la abstención de los Comunes, que reiteraba la necesaria presencia de la figura de un mediador internacional que vele por el cumplimiento de los acuerdos que puedan conseguirse.
De esta manera, Torra sitúa a Sánchez en una difícil situación, porque no puede permitirse aceptar aquella condición, pero corre el riesgo, si no la asume, de paralizar el acuerdo logrado con Esquerra Republicana, dejando en el aire la aprobación vital de los Presupuestos del Estado, necesarios para garantizar la continuidad de su Gobierno.
No es esta la única dificultad a sortear, porque el presidente de la Generalitat también ha anunciado que desea poner en marcha de forma inmediata la comisión bilateral, largo tiempo congelada, Estado-Generalitat. Puede hacerlo porque el turno de la presidencia de esta comisión, que es rotatorio, le corresponde precisamente ahora a Cataluña.
En principio, que se convoque este ámbito institucional de trabajo conjunto es positivo, dado que es un paso en el camino de la normalización de las relaciones autonómicas. El problema radica en que esta apertura de Torra tiene como finalidad situar en el ámbito de esta comisión todos los temas concretos que Sánchez le planteó en su lista de 44 cuestiones, que venían a recoger cuitas y reclamaciones de los dos anteriores presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont.
Con esta estrategia Torra pasa a dominar la agenda y los tiempos políticos, porque de una parte consigue que se discutan aquellas 44 cuestiones, que pondrán a prueba la voluntad del gobierno de Sánchez e Iglesias, y podrá presionarlos con fuerza antes de unas previsiblemente próximas elecciones en Cataluña, y al mismo tiempo habrá dejado sin contenidos concretos al gobierno español en la mesa de diálogo, abriendo el campo a los grandes temas que plantea la Generalitat: el referéndum para la autodeterminación y la amnistía para los presos políticos y para los que huyeron para no afrontar su responsabilidad ante los tribunales.
Dispondrá así de dos foros en los que mantener alta la enseña independentista. La de las grandes cuestiones para lograr la independencia, y por primera vez preocuparse de ofrecer a los ciudadanos la imagen de un gobierno de Cataluña que se preocupa por las necesidades concretas, y es capaz de exigirlas al gobierno español en el marco de un ámbito tan formal como el de la comisión Estado-Generalitat. Y todo esto antes de las elecciones del Parlament de Catalunya.
Sánchez, en su necesidad de obtener como sea los votos de Esquerra, ha facilitado el mejor escenario posible para que otra vez los partidos independentistas obtengan la mayoría en las nuevas elecciones, y continúen ocupando el gobierno de la Generalitat y el control de todos sus medios.
Con la estrategia que está siguiendo el Partido Socialista y Podemos, parece evidente que todas las ventajas se inclinan hacia el lado del independentismo. Claro está que el escenario puede cambiar a partir del momento en que se aprueben los Presupuestos del Estado. Pero parece difícil que se operen grandes cambios, y si se dan, estos continuarían favoreciendo al independentismo porque entonces podrían presentar la otra cara de la moneda, la del incumplimiento sistemático por parte de los gobiernos españoles de sus compromisos con Cataluña.
En realidad, lo que sucede, es que la situación tiene difícil arreglo mientras por la parte española, la cuestión catalana, que es indudablemente una cuestión de estado, se aborde bajo la estrategia partidista para conseguir mantenerse en el gobierno. Esto no es estrictamente responsabilidad del PSOE, porque el Partido Popular, con sus posiciones maximalistas y cerradas, que utilizan el conflicto catalán para ganar votos, también hace imposible una estrategia conjunta de estado.
Por otra parte, el partido socialista catalán difícilmente puede tener otro papel que el de asesor áulico de Sánchez, y al mismo tiempo de seguidor disciplinado de sus movimientos para asegurarse su mantenimiento en el Gobierno. En Comú Podem, el alter ego de Unidas Podemos en Cataluña, se siente cómodo en esta situación de ambigüedad con el independentismo, porque le permite mantener fijado su electorado, que de otra manera podría fraccionarse.
En realidad, mientras no exista una fuerza política que una a la vez los planteamientos y reivindicaciones del catalanismo con el autogobierno constitucional, la negociación no tiene salida porque siempre redunda en beneficio del independentismo, que ahora ya más maduro, espera, más pronto que tarde, superar con seguridad la barrera del 50% de los votos, que nunca ha alcanzado, para volver a intentarlo, con la ventaja y ahora sí, de disponer de una rotunda mayoría de ciudadanos a su favor, y una internacionalización del conflicto, que antes no tenía.
