La liquidación de la escuela concertada

Por un lado, el departamento de educación de la Generalitat, dirigido por Josep Bargalló de ERC, no ha dejado a lo largo de la legislatura de colisionar y crear problemas con las escuelas concertadas y buscar la liquidación a corto plazo de la diferenciada. La forma de hacerlo no es ningún secreto: crear nuevas exigencias y limitaciones que estrangulan económicamente este tipo de escuelas, crónicamente subfinanciadas por la administración. Quieren que desarrollen las mismas exigencias que las públicas, pero con un 60% de su financiación, al tiempo que crean restricciones a las cuotas de los padres para cubrir el coste total. Al mismo tiempo el departamento se dedica a adquirir escuelas concertadas que ya están con el agua al cuello.

La pandemia y las nuevas estrecheces económicas sobre los ciudadanos, cuando las heridas de la anterior crisis no están cerradas del todo, generan un escenario difícil por el esfuerzo económico que requieren las familias para llevar a los hijos a la escuela de su elección.

Pero, más peligroso que todo esto es la ley Celaá de enseñanza inspirada por la visión más radical del PSOE, la Zapatero-Sánchez, con el apoyo de Podemos, porque si se aprueba tal y como está, será un golpe demoledor para los derechos de los padres y para el derecho a la libre elección de centro. Una vez más, el gobierno de turno y a pesar de la crisis educativa que España sufre desde hace décadas, causada en gran parte por los continuos cambios de ley, vuelve a lo de siempre: una ley ideológica aprobada por una corta mayoría ahuyentando toda idea de consenso. La escuela se ha convertido de esta manera en un ámbito politizado y polémico, todo lo contrario de lo que sería necesario.

El nuevo proyecto de ley sacará a los padres el derecho a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos, que la Constitución establece. A partir de ello y «el interés superior del menor», declarando al Estado como garante de este interés, y pasarán por encima de los padres en el ámbito educativo, quedando reducidos a la nada. El estado quiere tener la exclusividad en la educación de los hijos, pero las consecuencias y responsabilidades son de los padres. Brutal.

La ley arrincona a la escuela concertada, que significa el 25% de las plazas escolares de España y el 33% de Cataluña. Para ello, la ley pretende eliminar el concepto de «demanda social» que garantiza la posibilidad de optar por una escuela concertada e impone cargas como la obligación de repartir el alumnado por «razones socioeconómicas entre los colegios concertados». Como estos reciben vía concierto una aportación del estado que es muy inferior al coste real de la plaza, el hecho de introducir un alumnado que no puede asumir estos pagos significa hacer inviable la economía de muchos centros.

El problema de fondo es conceptual. Escuela pública en España significa escuela del estado y, en la práctica, escuela del gobierno de turno. Porque que sea pública no significa para ningún servicio, que sea el mismo estado el responsable de gestionar directamente, como sucede con muchos otros servicios públicos, algunos tan estratégicos como el transporte y las telecomunicaciones. Pero la escuela es vista como un instrumento de adoctrinamiento. Y este señala otro grave problema de la ley.

La ley vuelve a introducir con un nuevo nombre la polémica «educación para la ciudadanía» de la época Zapatero. Ahora se llamará «valores cívicos y éticos», y la ministra ya ha anunciado que la perspectiva de género, un tema muy divisorio en la educación de los menores, será uno de los elementos troncales de la nueva educación. También se deja reducida la religión a la mínima expresión y sin materia alternativa, de manera que el centro pueda desarrollar actividades que disuadan de ir a la clase de religión, por ejemplo refuerzo en inglés.

Todos estos hechos, más la falta de exigencia académica, porque se podrá obtener el título de bachillerato con un suspenso o titularse en ESO sin tener todas las asignaturas aprobadas, es una forma de maquillar los malos resultados escolares, pero un desastre de cara a la formación de nuestros jóvenes, cada vez más alejados de la cultura del esfuerzo.

En realidad, esta, como otras cuestiones, prácticamente todas, son la consecuencia de una determinada correlación política: la de PSOE-UP en Madrid con el apoyo de todas las izquierdas nacionalistas, desde Bildu a ERC con el inestimable apoyo del PNV, que vive protegido dentro de su burbuja confederal, y les resulta muy indiferente lo que pase en el resto de la «confederación», y en Cataluña, donde la hegemonía de la izquierda radical es clara en el terreno de las ideas, y donde el PSC no hace de contrapeso porque su única guía práctica es alcanzar los máximos centros de poder político, con el único límite de no entrar en contradicción con el PSOE de Sánchez. En definitiva, el país va hacia donde está la mayoría política, y donde todos los demás se dejan arrastrar, a pesar de que en teoría, incluso como creencias están en franco desacuerdo, pero ¡Ah! Son los socialistas quienes lo hacen…

Está perdida la batalla cultural y moral que enmarca cuestiones como la familia, los derechos de los padres, la libertad de escuela y su concepción como servicio público y, por tanto, financiado por las administraciones sin intromisiones políticas. La conclusión es clara: o se da la batalla cultural y también política, o este será un país cada vez más decantado a vivir en manos de un estado ideológico ineficiente, y que entiende que la libertad consiste en producirse en los términos que él indica.