El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de PP y Vox contra la LOMLOE (ley Celaá). Concretamente el PP impugna 16 artículos y dos disposiciones adicionales. La parte más importante de estas disconformidades se centra en que la ley vulnera el derecho de elección de los padres y discrimina la enseñanza concertada. Pero el problema de la ley Celaá no termina aquí, sino que también significa una respuesta en falso que hará perder años y recursos a los problemas crónicos y graves de la enseñanza.
La tasa de abandono prematuro es del 17,3% en España, por sólo el 10,2% en la Unión Europea. El índice de repetición de curso supera el 29% en nuestro país frente al 13% de la UE (esto sí que lo mejorar la Lomloe por la vía rápida de que nadie repetirá por definición). El rendimiento medio cayó entre el 2015 y el 2019, 10 puntos en ciencia y 5 en matemáticas. Y por si todo esto fuera poco, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los nini, es del 15%, uno de los más grandes de la UE.
Todos estos pésimos indicadores hay que correlacionarlos con el hecho de que España encabece el mapa del paro entre los menores de 25 años en Europa con un 38,3%, cuando otros países mal situados, como puedan ser Grecia (35%), Italia (29%), Portugal (23%) y Suecia (24%), marcan diferencias claras. Nadie puede pensar que esta cifra de paro es absolutamente independiente del mal estado de la educación, ni nadie puede creer que el problema crónico con la productividad de la economía española también sea absolutamente ajeno a aquella circunstancia.
La ley Celaá se ha preocupado no del abordaje de estas cuestiones, que resuelve a base de rebajar más aún el nivel de exigencia, sino de postular una determinada ideología que se concreta atribuyendo al estado la responsabilidad educadora de los alumnos, reduciendo la capacidad de los padres en esta misión, que es primordialmente suya, y en asfixiar a la escuela concertada.
Claro que siempre se encontrará personal que aplauda la orientación ideológica de la ley, porque los políticos que tenemos al frente no vienen de debajo una col. Han sido impulsados por ciegos estados de opinión.
Un ejemplo paradigmático es el que en muy pocas líneas resumía la periodista Begoña Gómez Urzaiz en La Vanguardia, donde calificaba de cínicos y patéticos a aquellos que criticaban la ley porque restringía la libertad, afirmando que esta libertad ya existe porque se puede ir a una amplia red de escuelas privadas, es decir, de pago, y al mismo tiempo consideraba que habría que liquidar todos los conciertos porque recibiendo financiación del estado, encima cobran una cuota.
Si personas que tienen ventanas abiertas permanentes en los periódicos y profesionalmente se dedican a escribir son capaces de formular estas tonterías, es lógico que las leyes salgan como salen y los problemas como el de la enseñanza se eternicen eternamente.
Basta recordar, por citar el caso de Cataluña, que la Generalitat sólo aporta 3.470 euros por plaza a la escuela concertada, cuando el coste a la pública es de 5.640 euros. Naturalmente, estos más de 2.000 euros de diferencia sólo pueden salir de las cuotas de los padres y del mayor ahorro de la escuela concertada.
Por si esto no fuera suficiente, se considera que reclamar que los padres puedan intervenir en la educación moral y religiosa que sus hijos reciben en la escuela pública es inadmisible, cuando no es otra cosa que ejercer un derecho constitucional que reconoce una evidencia natural: quien educa a los hijos son los padres, y cuando no es así el desastre está asegurado. Seguramente en el hecho de no aceptar esta evidencia radica también uno de los problemas que hacen que el rendimiento escolar en nuestro país sea tan pobre.
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