Todo empezó en 2005 con la ley de Rodríguez Zapatero sobre protección integral contra la violencia de género, que establecía que por un mismo delito y con todas las condiciones objetivas iguales, el hombre recibía una pena mayor que la mujer por el hecho de ser hombre.
Aquí se introdujo, por primera vez en la legislación española, la ideología de género que parte de esa visión de la vida y el mundo. Se iniciaba así la liquidación de la democracia liberal, que obliga a que los estados no puedan tener doctrinas específicas, ni de género, ni socialdemócratas, ni marxistas, y que sólo tengan que obedecer al cuadro constitucional supervisado por la ley.
A partir de ese punto se ha desplegado toda una catarata de consecuencias. Una de ellas no menor, ha sido el carácter punitivo de las leyes que azotan la violencia sexual. España es con diferencia el país de Europa que aplica normas más duras contra este tipo de delitos hasta el extremo de que en nuestro país está más penalizada una violación que un homicidio intencionado. Éste tiene un castigo que se sitúa en una horquilla de 10 a 15 años, mientras que la violación de una persona adulta sitúa la pena mínima en los 11 años. Aún es más exagerado lo que ocurre si lo comparamos con un acto de torturas graves, que puede ser condenado a un mínimo de 2 a 6 años, mientras que por violación el mínimo son 11 años y el máximo de 15. No se trata de relativizar la gravedad de las agresiones sexuales, se trata de señalar, como hacen la mayoría de los expertos en justicia penal, que a España se le ha ido la mano y emplea un código punitivo en el que la recuperación del culpable y su reeducación pasa a segundo término porque sólo importa castigar al máximo.
De hecho, la diferencia española se extiende a todo el contexto de leyes relacionadas con el género y lo transforma en un estado único y original en este sentido que tiene como consecuencia una atmósfera cada vez más opresiva y una persecución más continua que lo invade todo.
Vemos los últimos ejemplos:
El instituto de las mujeres, que depende del ministerio de Igualdad, ha pedido la retirada de una valla publicitaria de un vino de una bodega de León porque había una chica en bikini y consideraba que esto presenta a la mujer “como un objeto sexual”. Ya hemos informado en Converses cómo el ministerio de Irene Montero señaló públicamente como machista al presentador Pablo Motos. Pero como las desgracias nunca vienen solas, el ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón, el dirigente del partido comunista de España, ha prohibido la emisión de anuncios en los que aparezcan niñas jugando solo con muñecas o con cocinitas y niños con juguetes de acción, actividad física o tecnología. Quieren que los niños aparezcan jugando con muñecas y las niñas jugando al rugby, lo que hay que decir que, por otra parte, que ya llevan años jugándolo. También se prohíbe asociar el color rosa a las niñas y el azul a los niños porque todo ello perpetúa los famosos roles de género.
Todo viene alimentado por la misma rueda que empezó en el 2005, y que va convirtiendo progresivamente a este país en un régimen autoritario que no admite desviaciones con lo que es la doctrina oficial.
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