Ha llegado la hora de mirarnos de cara con Hacienda. Y conviene hacerlo sin autoengaños. Ya no hablamos solo de pagar impuestos, ni siquiera del debate legítimo sobre la progresividad fiscal. Lo que tenemos enfrente se parece cada vez más a un expolio sistemático, justificado en nombre de unos servicios públicos que, lejos de mejorar, a menudo empeoran.
La pregunta es tan sencilla como devastadora: ¿estamos mejor hoy que en el 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno? ¿Funcionan mejor los ferrocarriles? ¿La red de Cercanías y Renfe ofrece un servicio digno? ¿Las grandes infraestructuras de movilidad, como la AP-7, son más seguras y eficientes? ¿El estado de conservación de las carreteras ha mejorado? ¿La escuela pública ha salido del pozo? ¿Las listas de espera sanitarias se han reducido?
La respuesta que vive cada día el ciudadano es clara: pagamos más, pero recibimos peor.
Esto también afecta a la vida de las empresas y de los autónomos. ¿La burocracia se ha simplificado? ¿Ha disminuido la carga administrativa? ¿Es más sencillo emprender, invertir o simplemente mantener una pequeña empresa en funcionamiento? La sensación generalizada es justo la contraria: más trabas, más costes y mayor inseguridad.
Es desde esta experiencia concreta que es necesario analizar qué ha pasado con la fiscalidad.
De 2018 a 2025, los impuestos directos —sobre todo el IRPF y el patrimonio— han aumentado en España un 56,3%. Descontada la inflación, el incremento real sigue siendo de un 31,2%, una cifra extraordinariamente superior a la mejora neta de los salarios. La conclusión es inquietante: cada año trabajamos menos para nosotros mismos y más para Hacienda. Ya no hablamos de unos meses: el conjunto de impuestos nos exige más de medio año de trabajo.
La clave de este aumento no es un milagro económico, sino el efecto perverso de la inflación sobre el IRPF. Cuando los salarios nominales suben para compensar la pérdida de poder adquisitivo, muchos contribuyentes saltan de tramo y pagan más, aunque no han mejorado en términos reales. Es el tradicional mecanismo de la progresividad en frío, convertido en una auténtica máquina recaudatoria.
El gobierno central, que hace bandera del escudo social, ha hallado aquí una fuente de ingresos silenciosa y extraordinaria. Recauda más que nunca, pero este exceso no se traduce en una mejora proporcional de los servicios. Hay más gasto público, sí, pero no existe una mejora visible ni en sanidad, ni en movilidad, ni en educación, ni en eficiencia administrativa.
Lo que habría sido justo era deflactar la tarifa del IRPF para corregir el impacto de la inflación. Hubiera sido la forma más directa de proteger, sobre todo, las rentas más modestas. Pero no se ha hecho.
Y aquí emerge la crucial contradicción moral y política del sistema: quienes más soportan esa distorsión no son las grandes fortunas, sino precisamente las rentas bajas y la clase media.
Un trabajador con unos ingresos de 18.000 euros brutos anuales ha llegado prácticamente a triplicar su factura fiscal, mientras que en rentas de 75.000 euros el aumento ronda solo el 12%. La progresividad, que debía proteger a quienes menos tienen, queda profundamente alterada por el efecto inflacionario.
En Europa, en cambio, el esfuerzo fiscal en este mismo período incluso se ha reducido ligeramente. España ha hecho exactamente lo contrario: ha aumentado la presión fiscal hasta situarse entre los países que más la han incrementado.
Y si nos fijamos en Cataluña, la situación es aún más gravosa.
Aquí, el duro golpe no recae tanto en las rentas altas como en la amplia clase media productiva, la columna vertebral del país. Con 30.000 euros anuales, un contribuyente catalán soporta una carga claramente superior a la media española. Con 45.000 euros, la distancia es aún más acusada. Madrid, por el contrario, se ha convertido en el contrapunto fiscal.
La Generalitat ha hecho ligeros ajustes para aliviar las rentas más bajas, pero mantiene un castigo persistente sobre las medias: profesionales, familias con dos sueldos, autónomos y pequeños empresarios. Es decir, el segmento social que sostiene a la base económica catalana.
Esto significa que el catalán sufre una doble asfixia fiscal: la del Estado, que aprovecha la inflación para recaudar más, y la de la Generalitat, que grava especialmente el núcleo central de su sociedad productiva.
Y, pese a esta realidad, Salvador Illa ya ha dejado claro que no piensa deflactar la parte autonómica del IRPF en Cataluña.
La conclusión es inevitable: mientras se presentan como gestos sociales significativos algunas ayudas puntuales –como unos céntimos sobre el combustible–, la vía principal sigue siendo una extracción constante y silenciosa de renta. El ciudadano ve el descuento; cuesta más percibir la erosión fiscal mensual de la nómina.
No es una política de justicia social. Es más bien una sofisticada transferencia de renta desde el trabajo hacia el aparato público, sin el retorno de calidad que sería exigible.
Y en Cataluña, aún más.
Los datos de este artículo han sido elaborados a partir de: Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mairena y Panorama de la fiscalidad autonómica y foral presentado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas
Cataluña soporta una doble asfixia fiscal: la del Estado y la de la Generalitat. Y lo peor es que la clase media es la gran víctima. #Fiscalidad #Catalunya #IRPF Compartir en X
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