La revolución de la tarificación por franjas horarias, que no es tal porque no es la primera vez que se aplica, lo que hace en realidad es encubrir una subida muy importante del precio de la electricidad para los usuarios. Este aumento tiene como causa principal un factor muy concreto: el extraordinario incremento que ha registrado el precio de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Es el conocido como Sistema de Comercio de Emisiones(ETS), por sus siglas en inglés. En realidad estamos pagando uno de los costes de la transición enérgica que forma parte del programa de gobierno y del proyecto europeo. Ir hacia una sociedad más «verde» tiene un coste para todos los ciudadanos y este principio debe ser bien asumido. Como también lo debe ser el debate sobre cómo se redistribuye. Porque si a la hora de la verdad resulta que siempre acabamos pagando los mismos , la broma es muy pesada.
La aceleración de la descarbonización ha supuesto un espectacular incremento del coste de las emisiones de CO2. Un 150% este último año. Y, naturalmente, como una buena parte del mix de producción eléctrica genera CO2, el batacazo en la factura se nota. El gobierno no explica claramente esta cuestión, y cuando lo hace además tiende a decir que esto es consecuencia de los «mercados internacionales» y que él no puede hacer nada. Es una explicación falseada.
Estos mercados internacionales no existen. Es la Unión Europea quien regula, a través de dicho ETS, el precio de las emisiones. Es un mercado, por tanto, controlado, donde los precios no se mueven libremente, sino que se mantienen con bandas predefinidas por Bruselas.
Para acelerar la transición energética, una serie de políticos comunitarios, y entre ellos de una manera destacada Pedro Sánchez, han estado exigiendo un incremento de estos costes. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones, en 2018, en 2020 y todavía el domingo pasado, pidiendo la neutralidad climática para 2050. Pues bien, cuanto más deprisa quieren ir por esta vía, más coste tendrá para cada estado.
Esto no significa que no deba avanzar en la descarbonanización, sino en la distribución en la otra vertiente de los costes, porque en el actual enfoque nosotros pagamos y el gobierno del estado se beneficia. Concretamente, ingresará 1.500 millones extras por los derechos de CO2 que nosotros pagaremos con las nuevas tarifas. Por tanto, se trata de planchar durante la madrugada para que el estado ingrese más. Y esto no es demagogia, o en todo caso es demagogia de los hechos y no de la intención.
La ministra Teresa Ribera quiere conseguir que se rebaje la factura de la electricidad en un 15% en 5 años a través de una serie de cambios normativos. Es también una manera de continuar escondiendo el huevo, porque el problema real del elevado coste de la electricidad en España radica en que tiene uno de los IVA más elevados de toda Europa. El 21%. Mientras que en el Reino Unido sólo es de un 5%, en Francia 5,5%, en Italia 10% y en Alemania, que es de los caros, sólo llega hasta el 19%.
El IVA, que técnicamente se considera un impuesto neutro, es desde el punto de vista del modelo de fiscalidad y sus consecuencias sociales, un impuesto regresivo, porque castiga más a las rentas más bajas. Y eso, evidentemente, también ocurre con la electricidad. Por lo tanto, menos discurso sobre la pobreza energética y sobre el escudo social y más reducción del IVA de la factura eléctrica. Esta es una de las mejores políticas sociales que se pueden hacer en España. De hecho, todos los expertos coinciden en que una revisión a fondo del IVA en el sentido de no castigar a los productos de consumo necesario, permitiría mejorar claramente la renta familiar disponible de las familias con menores ingresos. Pero, por supuesto, el gobierno prefiere otra vía: la de cobrarnos un potosí y luego hacer ver que nos ayuda dedicando una pequeña parte de lo que ingresa a dar dinero a unos cuantos y así poderse colgar la medalla.
La cuestión del precio de la electricidad pone, por tanto, sobre la mesa tres aspectos:
- Cómo el gobierno del estado tiene finalidades para él mismo que no son coincidentes con el bien de todos.
- También que pagamos mucha factura de electricidad porque es el coste que experimentamos de la transición energética, que nos resta ingresos a nosotros y se los otorga al gobierno.
- Y en tercer lugar, que si queremos luchar realmente contra la desigualdad, hay que replantearse, a escala española y sobre todo europea, el impuesto del IVA .
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