La eutanasia, los enfermos de ELA y el cinismo mortal del gobierno

En plena pandemia, el 24 marzo del 2021, el Gobierno de Sánchez aprobó una ley legalizando la eutanasia y el suicidio asistido, aunque esta última expresión no figura en el título de la ley. Lo hizo además por la vía de la propuesta de ley y no del proyecto, aunque era una iniciativa del gobierno, a fin de evitarse parte de la tramitación y de las consultas externas, dictámenes y comparecencias. La diferencia entre ambas vías es que el proyecto lo presenta el gobierno y tiene normas más estrictas de tramitación, mientras que la propuesta es presentada por un grupo parlamentario.

Había prisa, no se consideraron las limitaciones que imponía la Covid-19 y la sacaron adelante sin prácticamente debate en la sociedad. Lo hicieron diciendo que era muy urgente y que había una gran demanda. La realidad es que en el 2022 se realizaron sólo 295 eutanasias, el 0,064% de las defunciones. Y en junio de 2023 el balance era de sólo 370.

Este hecho y esta diligencia gubernamental para legalizar que se mate a las personas contrasta con la dejadez absoluta en la tramitación de la ley para ayudar a los enfermos de ELA. Esta enfermedad tan dura porque no tiene tratamiento y produce un progresivo deterioro de la persona hasta llegar a su muerte, está totalmente desatendida por la sanidad pública.

Para empezar ni siquiera saben realmente cuántos enfermos hay en España. Su estimación oscila entre 4.000 y 4.500 personas. En Cataluña se practican unos 140 diagnósticos positivos al año. Pese a que su número no es elevado, el gobierno nunca le ha otorgado especial atención, hasta llegar a ese extremo tan insólito: no saber los enfermos que hay. La fundación Francisco Luzón inició un primer censo y ha logrado identificar a 2.827 pacientes, que vendría a ser el 70% de los afectados en la hipótesis mínima.

El problema de la ELA es que el enfermo, a medida que ve disminuidas sus capacidades, necesita más y más ayuda, hasta el extremo de tener que estar permanentemente conectado para poder respirar. Y esto representa un coste extraordinario, y sus peticiones además no siempre son bien atendidas.

Estas circunstancias tan adversas explotaron ayer en la comisión de Sanidad del Parlamento, cuando la presencia de una representación de enfermos de ELA, encabezada por el exfutbolista Juan Carlos Unzué, acudió a la comisión para reclamar que salga adelante de una vez la ley.

El escándalo se produjo porque Unzué hizo evidente que en la sala de la comisión sólo había entre 5 y 6 diputados. Exclamó, no sin amarga ironía: “me imagino que el resto tendrá algo muy importante que hacer”.

El propio Unzué explicó un ejemplo concreto de las circunstancias en las que se encuentran estos enfermos. Una mujer necesita una traqueotomía para seguir viviendo. Ella había decidido que quería hacerlo porque quería ver cómo crecía su hija de 4 años. Pero el neumólogo de la unidad que le atendía la incitó a pedir la eutanasia para morir. Ésta es en el fondo la lógica del gobierno. La solución a los problemas consiste en matarlos. Y es que la inmensa mayoría de enfermos de ELA son la otra cara del discurso sobre la eutanasia. Aunque saben que van a morir en un plazo acotado en el tiempo, y que van a sufrir un deterioro de sus capacidades, quieren vivir, que es un deseo bien humano.

Pero a pesar de esta necesidad, el gobierno y la mayoría que le apoya en el Parlamento ha dado siempre la espalda a la posibilidad de ayudarles. En la anterior legislatura aprobó la toma en consideración de una ley que establecía estas ayudas porque no tuvieron las narices de negarlo públicamente, pero una vez aprobada su entrada en el proceso legislativo la guardaron en el fondo del cajón y acumularon prórroga tras prórroga hasta que al final de la legislatura la ley decayó.

Ahora, los enfermos de ELA han vuelto a la carga y han presentado un nuevo proyecto, pero no hay ninguna respuesta del gobierno.

Eutanasia sí, ayuda para vivir no. Aquella frase que se argumentaba cuando se aprobó la ley: «a nadie se le obliga a acudir a la eutanasia, es un ejercicio de libertad», además de ser falsa ya entonces, porque la falta de cuidados paliativos obliga en muchos casos a optar entre morir sufriendo o que te mate el médico, tiene en el caso de la ELA la confirmación evidente de la falsedad de la afirmación, porque no hay libertad, porque quienes quieren vivir no pueden hacerlo a menos que tengan una gran cantidad de recursos personales. Y esto introduce otro elemento que pone en evidencia a las izquierdas: quien se puede pagar la asistencia vive más tiempo y mejor que quien no puede.

El ministro de derechos sociales del inefable Sumar, Pablo Bustinduy, pidió perdón a los enfermos de ELA en nombre del gobierno por tardar tanto y afirmó que están trabajando para ampliar sus derechos. Pero del compromiso a sacar adelante la ley concreta que existía o la nueva versión que se ha presentado, ni una palabra. Cinismo puro y duro.

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