Con este mismo titular La Vanguardia hacía un dramático editorial el día 10 de abril. En resumen decía que si no se controlaba la Covid-19 y se salvaba la temporada de verano, el daño sería irreparable.
Esta consideración de un diario más bien ponderado, hay que relacionarla con el mal comportamiento de la economía del primer trimestre de este año y la rebaja de las previsiones del PIB, que incluso ya ha asumido el propio gobierno español, reduciendo más de 3 puntos la previsión que hizo en los presupuestos para el 2021, situando ahora este crecimiento en el 6,5%. Hay que tener presente que esta cifra se relaciona con la del año anterior que venía de una caída de cerca del 11%. Por tanto, no se puede hablar ni mucho menos de rebote, porque incluso si se cumpliera estaríamos lejos de disfrutar de la misma situación económica de diciembre de 2019. Pero es que además, el Banco de España en su última previsión cuestiona que se llegue ni siquiera al 6%. Todas estas malas noticias también quieren decir que el presupuesto que se aprobó para el 2021 ha quedado totalmente desguazado, porque los ingresos quedarán muy lejos de lo que preveían.
En este contexto el gobierno español se esfuerza en escenificar noticias positivas que, ante el embate de la realidad, duran pocos días.
Sánchez presentó un plan de vacunación que no resolvía el verano porque al inicio de temporada estaríamos lejos de la cifra del 70% de vacunados que sólo alcanzaría a 30 de agosto, pero que podía ayudar a pensar que la situación sería claramente mejor. Pero a continuación la confusión sobre la vacuna AstraZeneca, primero a escala comunitaria, y después con el Ministerio de Sanidad aún envolviendo más la madeja, ha empezado a pinchar las expectativas, de manera que ni siquiera se sabe si los menores de 60 años que fueron vacunados con este producto lo repetirán con la segunda dosis que da la inmunidad.
El problema es que no está comprobado el resultado de utilizar vacunas diferentes. Si se hiciera sería temerario porque se estaría llevando a cabo un experimento, utilizando a la población como conejillos de indias. Otros países toman decisiones más claras y rápidas. Por ejemplo el Reino Unido, que está demostrando una excelente respuesta tras la rectificación de sus fracasos iniciales, ha decidido que la utilizará para el conjunto de la población con la única excepción de los menores de 30 años. Lo dijo sin vacilaciones ni rectificaciones, de manera clara, que es lo que le falta al gobierno español. Además, el problema que se ha producido en EEUU con la vacuna Janssen por el hecho de haberse producido 6 casos de coágulos entre 6,8 millones de vacunados, ha significado frenar su llegada a España, lo que también alterará provisionalmente los planes de vacunación.
Y por si las incertidumbres no fueran suficientes, se produce el anuncio de que Sánchez no prorrogará el estado de alarma sin definir otras medidas que la legislación ya existente. Parece una decisión precipitada, porque todavía estamos en la fase ascendente de la cuarta ola y desconocemos su dimensión y duración.
El por qué lo ha anunciado con tanta anticipación forma parte de los enigmas de la estrategia de Iván Redondo. El razonamiento del gobierno de que con la legislación existente se pueden adoptar las medidas adecuadas, cuestiona la misma utilidad de tantos meses de estado de alarma, porque si se puede hacer igualmente, si bien de acuerdo con los jueces, ¿por qué hemos sido sometidos a tantos meses de limitación de las garantías constitucionales?
Hay que recordar en este sentido que España es prácticamente el único estado de la Unión Europea que ha utilizado esta figura excepcional. Portugal ha sido otra excepción, pero con un carácter de aplicación mucho más gradual. El resto de países recurrieron a la legislación de enfermedades infecciosas o leyes específicas con motivo de la pandemia. España también dispone de una reserva de estas leyes, pero no ha hecho nada para adecuarlas a la situación actual. Por otra parte, hay comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra y el País Vasco, que tienen legislaciones sanitarias específicas que permiten intervenciones limitativas.
Hay que recordar que en Cataluña la Conca de Òdena se cerró antes del estado de alarma. En realidad la aplicación de esta medida por el gobierno central no vino de la imposibilidad de seguir otros caminos legales, sino en primera instancia de querer asumir un liderazgo centralizador que fracasó y que se transformó en todo lo contrario, y también porque le ha permitido vivir durante un año con un Congreso de capacidad limitada, atado de pies y manos.
Todo ello dibuja un panorama muy confuso que pone en riesgo la recuperación que todos necesitamos.
Si el gobierno español estuviera menos pendiente de campañas de imagen a corto plazo y actuara con claridad y rigor técnico, todos, empezando por ellos mismos, saldríamos ganando Clic para tuitear
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