Hay un problema evidente y escandaloso: la crisis de las residencias para la gente mayor. Sobre todo todas aquellas que dependen de algún tipo de convenio o consorcio con las administraciones públicas y, especialmente, con la Generalitat. Las que son de gestión directa de la Generalitat, sin haber resuelto los inconvenientes de un modelo que se revela poco humano en relación a las personas, presentan relaciones de asistencia para residente de todo tipo (médico, asistencial, social) razonables. Pero, claro, éstos son centros numéricamente minoritarios y que disfrutan, como la escuela pública, de la financiación directa de la Generalitat.
Diferencias entre gestión pública y privada
La situación es muy diferente en aquellas residencias que tienen una gestión privada o social, cada vez más acogidas por empresas y que son financiadas por medio de un convenio con la Generalitat. Aquí, como también ocurre en la escuela concertada, lo que se paga por plaza nada tiene que ver con el coste real de una residencia pública gestionada por la Generalitat porque es muy inferior y, por tanto, hay un déficit.
En la escuela concertada esto se resuelve mal, pero se resuelve con la cuota y con salarios y horarios por parte de los maestros y profesores peores que los funcionarios de la educación de la escuela pública. Sin embargo, esta reducción en los centros asistidos tiene consecuencias muy negativas porque da lugar a prescindir de cuidados básicos y a una tendencia creciente a supermedicar a los ancianos para tenerlos tranquilos la mayor parte del tiempo.
El papel de las congregaciones religiosas
Hasta ahora, una parte de este sector no público gozaba de la suerte de que había congregaciones religiosas femeninas, cuya vocación estaba en la asistencia a las personas mayores, lo que permitía, con muy poco dinero, dar un gran servicio. Es el caso bien conocido de las Hermanitas de los Pobres, aunque hay muchas más congregaciones que se dedican a esta tarea.
La falta de vocaciones y el envejecimiento de las monjas hace que progresivamente éstas tengan que abandonar la tarea, como ha ocurrido, por ejemplo, en la residencia Nuestra Señora de Montserrat, de Palafrugell. Fundada por la congregación las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Hace más de cien años, las religiosas se hicieron cargo de la residencia hasta finales de octubre de 2023, año en que, debido a su avanzada edad, tuvieron que marcharse de Palafrugell y traspasaron la gestión de la residencia a Dama Gestión Empresarial, SL. A su vez, esta empresa ha subcontratado el servicio a PALGESA SOCIO ASISTENCIAL, SL. El resultado de todo este escalado es una pérdida radical de la calidad del servicio, despidiendo a personas y reduciendo plantilla.
Problemas y causas de la crisis
Todos estos problemas inmediatos necesitan una respuesta urgente que el Departamento de Derechos Sociales no da, por mucho que hable. Su origen está lejano y no ha sido rectificado. La causa original es la ley de la dependencia que se aprobó en la época Zapatero, presentada como el cuarto pilar del estado del bienestar, pero tal y como podía preverse, su resultado ha sido muy deficiente. Se podía prever por dos razones.
La primera, se podía ver en la memoria económica que acompañaba la ley en el momento de su aprobación. Para empezar, se demostraba que no se sabía exactamente cuántas personas dependientes podía haber en España porque, en función de la página de la memoria, la cifra resultante era una u otra. Después, porque las previsiones sobre el coste de los servicios estaban absolutamente subvaloradas, especialmente en relación a comunidades de mayor nivel de renta, como Cataluña.
Además, auspiciaba un modelo dirigido por la ideología que ahora ya se ha rectificado de palabra, en el que la tesis era que la persona dependiente, muy mayoritariamente la gente mayor, debía ser atendida en residencias a fin de liberar a las personas de su entorno de esta labor. Eran efluvios de la desdichada “moda sueca”.
Necesidades y modelos actuales para las residencias
Con el paso del tiempo se han visto dos cosas: era imposible generar la cantidad de plazas que se necesitarían y, además, el cuidado en casa es siempre mejor para la persona.
Es evidente también que una persona mayor que acude a una residencia no equivale automáticamente a una persona dependiente, pero también es patente que la mayoría presentan un nivel de dependencia significativo y en algunos casos total. Por tanto, las residencias hacen esta función: atender a personas que no se pueden valer por sí mismas por la edad.
Y aquí habría un primer punto de corte: no se deben mezclar personas mayores con necesidades porque tienen sus capacidades más o menos disminuidas, físicas o cognitivas, con otras que se encuentran perfectamente bien para su edad y lo que necesitan es no tener que ocuparse de las tareas diarias del hogar. De hecho, existe un consenso generalizado de que el actual modelo de residencia no sirve y se han definido nuevos, mucho más atractivos.
Regulación y prioridades para un futuro mejor
Pero lo que no hay en modo alguno es, primero, la necesidad de resolver la financiación de las residencias en su fase actual y velar por una mejora del servicio. No es necesario cuestionar que el trabajo lo realice una empresa, pero sí que la Generalitat debe garantizar unos estándares de servicio y un control de su prestación, evitando que se practique una especie de almacenamiento de personas mayores.
Por otra parte, es evidente que el marco legislativo que regula todas estas cuestiones está ampliamente superado y es necesaria una nueva regulación que integre todos los aspectos. Debe dar prioridad a las familias para poder atender a sus mayores en casa si les es posible, regular la atención a estas familias, señalar una financiación realista desde el principio y dejar asentados los nuevos modelos residenciales. Todo esto es imperativo. El problema es que el trabajo a realizar no se ve por ninguna parte.
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