Los medios de comunicación han dado una amplia información sobre el fin de los trabajos de la comisión que por encargo del gobierno Sánchez ha estudiado la reforma tributaria. Es un texto muy extenso de 786 páginas y propone 118 reformas. Será un motivo central de debate en los próximos meses y es bueno que se ponga fin al actual sistema fruto de continuados parches que ha acabado dando lugar a un conjunto poco racional.
El informe de los expertos podría resumirse en un punto. España recauda menos de lo que le corresponde en relación con la UE. En concreto está por debajo de 3,9 puntos porcentuales del PIB, que es mucho. La principal diferencia se da en los impuestos medioambientales y si bien en menor medida también es importante en el impuesto de sociedades. La recaudación es menor en IVA, 6,3% contra 6,9% en la UE-27, y en el IRPF de 8,8% a 9,9%. Uno de los ejes de la reforma es que es necesario grabar la riqueza y eso significa abordar el impuesto sobre el patrimonio, homogeneizando la situación en toda España. Sería, por tanto, una LOAPA fiscal con la radical diferencia de que los independentistas estarían a favor. La anterior LOAPA autonómica en tiempos de Pujol significó un casus belli, que acabó con el fracaso de la iniciativa centralizadora, pero ahora ERC aplaude esta pérdida competencial en una maniobra que deberían explicar.
El impuesto sobre el patrimonio perseguiría dejar un mínimo exento de un millón de euros que puede ser mucho o poco en función de lo que incorpore, si bien suavizando las escalas del gravamen.
Hasta aquí a grosso modo un telegrama sobre lo que puede venir. Pero el problema de fondo es otro y previo a la reforma. Es el del escenario en el que ésta se sitúa. Tres elementos le caracterizan:
El primero lo recordaba la OCDE en abril de 2019 cuando en su informe advertía sobre el declive de la clase media en el mundo desarrollado. Literalmente decía que «estaba exprimida» y que este grupo social se está reduciendo, y su nivel de vida se estanca o está en declive. Uno de los motivos es el aumento del coste de vida, superior al crecimiento de las rentas. Y la OCDE situaba un ejemplo: la vivienda representa un tercio de los ingresos disponibles sobre un cuarto de los años 90. También señalaba que se ha detenido en buena parte, quizá menos en España, el ascensor social. Pero, ¿Quién es la clase media? Pues técnicamente la OCDE considera que es esa población que se encuentra entre el 75% y el 200% de la renta media nacional. En España este colectivo, que es básico para la estabilidad social y el buen funcionamiento democrático, es menor que el del conjunto de países de la OCDE. Representa el 58% frente al 61% de la media. La reforma fiscal tal y como está concebida, si no se modifica acentuará más ese deterioro. Lo hará por medio de algunos impuestos que significarán un incremento del coste de la vida, que como hemos visto es una de las causas, y lo hará seguramente por la parte superior, es decir, la clase media-alta.
El segundo factor es el que ya venía castigando y que ahora se multiplica: los aumentos de costes. La inflación cuando es elevada, como es ahora, se convierte en un elemento de depredación fiscal porque si no se deflactan los niveles, el resultado es que el ciudadano acaba pagando mucho más de lo que teóricamente le correspondería. En este sentido, la reforma fiscal debería incorporar una garantía de mantenerla a niveles constantes en relación con la inflación, sino lo que hará el estado es una especie de expropiación encubierta de los ingresos de los ciudadanos. Como venimos de un período de inflación muy baja, esta cuestión no tenía importancia, pero ahora que nos instalaremos en una fase absolutamente contraria, los precios se mantendrán arriba.
El tercer factor fue apuntado por los expertos fiscales de Foment. Su argumento fundamental, y es cierto, es que la presión fiscal española en cuanto a lo que recauda en relación al PIB sea menor que la media de la UE no significa que en realidad sea menor. Lo que ocurre en primer término es que hay menos gente que paga y, por tanto, la recaudación se reduce, pero la presión fiscal normativa, aquella que todo el mundo debería pagar, hay que decir que es superior a la de la UE en un 13% más y que el esfuerzo o sacrificio fiscal es también 8 puntos porcentuales superiores al de media. Una reforma fiscal que no contemple esta otra característica sólo hará pagar más a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales e incentivar a quienes no pagan porque encontrarán en las nuevas modificaciones un aliciente más para no contribuir en el erario común.
La técnica, en este caso fiscal, es obviamente básica, pero si no se sitúa en su contexto económico, social y político, puede dar lugar a grandes irracionalidades, porque desde que lo pintó Goya tenemos claro que el sueño de la razón produce monstruos.
Por tanto, y para resumirlo:
- La reforma fiscal debe modularse de forma que permita a la clase media recuperarse.
- Debe ofrecer la garantía de que la presión será siempre actualizada de acuerdo con la evolución de la inflación.
- Y finalmente, la primera respuesta debe pasar por un gran plan que permita reducir a niveles europeos el actual fraude fiscal.
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