La inmigración, el problema de la vivienda y la crisis política se han transformado, a ojos de los ciudadanos, en tres cuestiones que pueden demoler la democracia española. Aunque su naturaleza es distinta, comparten una misma raíz: la incapacidad, después de más de siete años de Gobierno de Sánchez, para abordar políticas públicas acordes con la naturaleza de cada problema.
Un ejemplo claro es el de la vivienda. Hace siete años ya existían dificultades, pero estaba lejos de haberse convertido en el problema multifactorial que es hoy, y que tanto afecta a la vida de las personas y las familias, así como a la economía. La situación se ha vuelto casi irreparable, incluso a medio plazo. Las perspectivas a largo tampoco son alentadoras.
Las políticas del Gobierno sufren dos tipos de limitaciones: una es la incapacidad para ejecutar lo que prometen, y la otra, el diseño de soluciones que generan efectos contrarios a los deseados. Un ejemplo evidente es la limitación de los alquileres en zonas tensionadas, que ha reducido la oferta y ha limitado aún más el acceso a la vivienda para quienes no tienen ingresos elevados.
En el caso de la inmigración, el patrón es similar. Aún no ha llegado a su punto álgido, pero todas las encuestas muestran cómo crece su percepción como problema, situándose ya entre las principales preocupaciones ciudadanas.
La inmigración es un desafío europeo que aún no ha encontrado respuesta. Se ha pasado del “aquí cabemos todos” a posiciones de rechazo extremo. Hoy impera una línea intermedia: restringir la llegada de nuevos inmigrantes, perfeccionar los sistemas de retorno, y limitar en algunos casos (como en Dinamarca, actual presidencia de turno de la UE) el acceso a determinados servicios públicos, para evitar que actúen como «efecto llamada».
Es evidente que acceder a un país con sanidad y educación gratuitas es un gran atractivo. Pero también lo es que estas medidas tensionan la igualdad de condiciones de vida y plantean un dilema moral considerable.
Lo que no puede ser —ni en España ni en Europa— es que mientras la Unión Europea avanza hacia una política migratoria más restrictiva, España siga en dirección opuesta. Dinamarca, Alemania, Italia o Francia aplican políticas que nada tienen que ver con la práctica de puertas abiertas del gobierno español.
La inmigración irregular no entra principalmente por pateras a Canarias o Baleares. La gran mayoría entra por Barajas, y en menor medida, por el aeropuerto de Barcelona. Además, el sistema español es incapaz de retornar a los inmigrantes ilegales, creando una bolsa de decenas de miles de personas en situación irregular atrapadas en un círculo kafkiano: no pueden trabajar porque no tienen permiso de residencia, y no pueden regularizar su situación porque no tienen trabajo. Es el resultado de un mal diseño de política migratoria y de una ejecución pésima, sostenida durante años.
En este contexto, lo lógico sería promover un debate racional y sereno para encontrar soluciones. Pero lo que hay es un choque emocional que alimenta la polarización. Basta una crítica o una duda para que unos sean tildados de racistas o fascistas, mientras otros generalizan cualquier incidente para cargar contra todos los inmigrantes.
A esto se suma una narrativa económica sesgada que solo muestra el lado positivo de la inmigración: crecimiento de la población, sostenimiento del mercado laboral, o incremento del PIB. Se dice, por ejemplo, que tres de cada cuatro nuevos empleos los ocupan personas extranjeras. Pero no se explica por qué defendemos con tanto fervor una mayor inmigración a largo plazo mientras seguimos sin aplicar políticas familiares y de natalidad serias que permitan revertir nuestra crisis demográfica. En el trasfondo hay una razón ideológica que impide ver la realidad y sus necesidades: la familia, estable, con hijos, es “sospechosa”, no está bien vista por el actual régimen de ideas de quienes mandan.
Tampoco se aclara por qué ese crecimiento económico no se traduce en mejores condiciones de vida. La renta per cápita apenas aumenta, y seguimos anclados en el 92 % de la media europea. ¿Por qué? Porque los nuevos empleos son de baja productividad y, por tanto, de bajos salarios.
La inmigración masiva produce un “dopaje” de ciertos sectores de la economía que absorben mano de obra barata, pero condenan al país a un modelo productivo estancado. Se repite la esperanza de que los inmigrantes progresen como lo hicieron los españoles en Europa décadas atrás. Porque aquella era una inmigración medida, ordenada y la mayoría de las veces temporal y la de hoy no tiene nada de eso. La comparación- Sánchez incluido- de que también fuimos inmigrantes no ha lugar, porque estamos hablando de dos cosas de naturaleza y efectos muy distintos, aunque utilicemos la misma palabra para designarlo
Hoy y aquí la mayoría de la inmigración está atrapada por la trampa de la pobreza y esto es pésimo para ahora y para el futuro. Según datos oficiales, el 80 % de los hogares de origen marroquí en España están en riesgo de pobreza.
En general, los hogares de origen extranjero son los más afectados por la pobreza en España. Esto tiene dos consecuencias negativas: no mejoran su situación y tensionan los sistemas públicos de ayuda.
Este factor ayuda a entender datos como la pobreza infantil en Barcelona: el 40,6 % de los menores están en riesgo de pobreza, frente al 26,9 % de la población general. La situación ha empeorado 10 puntos desde 2016. En Cataluña la cifra es del 32,6 %; en España, del 34,5 %, y en la UE, del 24,8 %.
¿Cómo es posible que la capital de Cataluña de apariencia tan dinámica tenga esa cifra brutal de pobreza infantil? La respuesta hay que buscarla en la elevada inmigración. Más de la tercera parte de sus residentes han nacido en el extranjero. Demasiados menores hijos de inmigrantes están desintegrados, sin comunidad de referencia, y pueden convertirse en foco de conflicto, como ya sucedió en Francia.
Si eso ocurre en Francia, donde la escuela pública tuvo fama de excelencia, ¿qué puede pasar en España, donde el sistema educativo está colapsado y desbordado?
Un reciente estudio publicado en Nature Human Behaviour revela que España presenta la mayor brecha salarial entre población inmigrante y autóctona de entre todos los países analizados: un 29,3 %, seguida de Canadá con un 27,5 %. En EE. UU., donde la inmigración está en el centro del debate político, esa diferencia es solo del 10,6 %.
Esta diferencia no se explica por discriminación, sino porque los inmigrantes ocupan puestos de baja remuneración y productividad. Cuando se comparan salarios dentro de una misma empresa y puesto de trabajo, las diferencias se reducen considerablemente (en España, al 7 %). En esta cifra sí puede jugar la discriminación, pero también se debe matizar mucho porque juegan otros factores como la antigüedad.
Otro factor clave es el sistema de pensiones. Se dice que la inmigración aporta cotizantes que ayudan a pagar jubilaciones. Es cierto, pero también lo es que esos mismos trabajadores se jubilarán y cobrarán pensiones en el futuro. Por tanto, hay que analizar todo el ciclo vital. Según los cálculos, una persona con un salario equivalente a 22.000 € anuales presenta un balance generacional negativo: aporta menos de lo que recibe. Y este es el caso de una parte significativa de la inmigración.
Por último, hay una contradicción estructural que debe abordarse: no es viable ser uno de los países con mayor inmigración masiva y a la vez uno de los más turísticos del mundo. Ambas presiones, combinadas, destruyen la cohesión social.
Cataluña es ejemplo extremo, donde además se suma el problema lingüístico: los inmigrantes no aprenden catalán porque les resulta más útil el español, pero este problema no se aborda desde las políticas públicas ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento de Barcelona, que son desastrosas.
Y hay un deber hacia los recién llegados: atenderlos adecuadamente, de manera que ellos y sus hijos sean partícipes plenos de la comunidad. Pero esto es inviable con las llegadas masivas actuales y las que se preparan para el futuro. El peor enemigo ahora de los inmigrantes afincados es la dimensión de la inmigración futura.
¿Turismo masivo e inmigración sin integración? La tormenta perfecta ya ha comenzado en Cataluña. #Cataluña #Inmigración #CrisisSocial Compartir en X
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