La comisión que acordó el Parlament para investigar los abusos, pero sólo en los ámbitos vinculados a la Iglesia, ahora ha recibido una importante reorientación en esta enmienda de JxCat que literalmente dice “que es necesario hacer extensiva la investigación también en el ámbito escolar, el deportivo del ocio o cualquier otro”. Esta última expresión señala la posibilidad de llevar a cabo una investigación real sobre ese terrible delito que está socialmente muy extendido.
Fueron los Comuns, la CUP y ERC quienes el 22 de febrero registraron en el Parlament la petición conjunta de constituir esta comisión, que ahora debe aprobarse por el pleno. JxCat ya se desmarcó y anunció que presentaría enmiendas para mejorarla.
Ahora Jessica Albiach de los Comuns no ha querido enviar la enmienda, afirmando que el estudio de los casos no va «de católicos o no católicos», sino que va de «derechos humanos y derechos de niños». Siguiendo esta reflexión de Albiach lo lógico es que aceptara sin ningún reparo que se investigara el delito de pederastia en todas sus dimensiones y no en una pequeña minoría. Pero, seguramente, lo que piensa Albicah no va por ahí, porque también ha añadido que los casos de Iglesia deben ir primero, porque así «lo han pedido los supervivientes». Cuestión realmente curiosa, como si no hubiera muchos otros supervivientes, muchos más.
El hecho es que situar la cuestión sólo en el ámbito de personas vinculadas a la Iglesia, no sólo es discriminatorio y vulnera los derechos fundamentales, por ejemplo los de la ley sobre libertad religiosa de 1985 en su artículo 1.2, sino que además la utiliza como chivo expiatorio enmascarando lo que es un extendido delito social. Constatamos, según el ministerio del Interior, que en 2020 se presentaron 5.685 denuncias contra la libertad sexual de niños y adolescentes. Se considera que ese año no es representativo debido a la Covid, y en este sentido hay que referirse el anterior en el que se presentaron 6.153 denuncias. Los organismos especializados consideran además que sólo el 15% de casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Ésta es la dimensión del pastel. En dos años 11.838 denuncias. Es necesario comparar esta cifra con la obtenida por Dolores Delgado, la fiscal general del estado, cuando ha reclamado a las 17 fiscalías provinciales que informaran de todos los casos en los que había personas religiosas vinculadas como posibles responsables de presuntos delitos de abusos sexuales. La cifra pública y notoria ha sido de 68. La comparación entre las 11.838 denuncias, considerando que no todas ellas tendrán recorrido, y los 68 casos vinculados a la Iglesia da una idea clara y precisa de lo marginales que son precisamente los abusos que tienen su origen en lo que ERC, la CUP y los Comuns quieren poner en el foco. Representa a menos de un 0,05% del total de las denuncias.
Un reciente estudio de la fundación IR dedicado a la infancia, que estudia en la última década, 2009-2019, muestra en sus datos que los delitos cometidos por personas vinculadas a la Iglesia pueden oscilar entre el 0,2 y 1 % , mientras que según la misma fuente los maestros y profesores se acercan al 4%, la pareja o ex pareja al 5,2%, los compañeros y amigos al 14,4%, y los padres el 23% .
Por si fuera poco en noviembre de 2021 Save de Children en un informe sobre el mismo tema, señalaba que los padres se encuentran entre el abusador más frecuente en un 3% de los casos, en otro 20% personas no identificadas del entorno familiar, en un 18% en la pareja de la madre, y fuera del entorno familiar, los abusos cometidos por amistades en el 10%, y por compañeros de la víctima el 6% de los casos. No es ninguna novedad, porque ya en 1994 el informe del dr. Félix López, catedrático de psicología de la sexualidad de la Universidad de Salamanca por encargo del ministerio de Asuntos Sociales, que establecía que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores afectaban al 23 de las niñas y al 10% de los niños.
Recapitulando: la incidencia de las personas vinculadas a la Iglesia en casos de pederastia es insignificante, y su análisis obedeciendo a una cifra tan marginal, no explicaría nada de ese delito. Por ejemplo, la gran mayoría de abusos se cometen sobre personas de sexo femenino, pero en los casos de la Iglesia sucede lo contrario porque son resultados de tendencias homosexuales y lo que abunda son niños y adolescentes. Si sólo se considera en la Iglesia se estará produciendo una discriminación de género contra las principales víctimas, que son las chicas. Sólo una motivación ideológica, y en este caso muy sectaria, porque los datos son muy evidentes, quiere focalizar el tema en los católicos. A no ser, pecando de mal pensados, que se considere que de este modo se ahorran poner la mano en un pastel del que salieron instituciones y escenarios seculares muy y muy mal parados. También influye que el hecho de que la mayoría de casos se den en el entorno familiar explica que existe una situación grave, y perfectamente conocida, de violencia intrafamiliar, pero como por una de esas razones de sectarismo ideológico, la progresía considera que hablar de violencia intrafamiliar es poco menos que fascista, porque sólo existe una violencia que es la de género, no hay motivo para estudiar ni legislar en ese otro ámbito.