España sufre una grave crisis que atenaza su futuro porque afecta a los jóvenes y tiene múltiples ramificaciones. Se trata de la falta de vivienda social y de trabajo. Este hecho condiciona el futuro de muchos jóvenes de forma radical porque les condena a vivir a lo largo de su vida en condiciones muy precarias, no poder formar una familia y no hace falta decir de una jubilación razonable.
Este hecho se ve, además, agravado porque el retraso en la emancipación disuade de formar nuevos hogares, y este hecho, como es evidente, está en una de las causas de la pésima natalidad en España.
Se podía pensar que con los fondos Next Generation podrían llevarse a cabo poderosos programas que resolvieran este problema español que, además, castiga otro punto flaco del país, la baja productividad. Pero no es así, aunque las cifras lo exigían.
El paro entre los jóvenes es más del doble que la media, se sitúa en torno al 30% y es de los más elevados de Europa. No es un hecho reciente, sino estructural, y sin embargo no se aborda con profundidad ni capacidad resolutiva. Además, la situación se complica por el elevado abandono escolar que ocupa también los primeros puestos en el ranking europeo, ahora con un 14%, si bien venimos de cifras mucho más altas. Una consecuencia muy grave de este hecho es la abundancia de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Aproximadamente 1de cada 5 jóvenes mayores de 25 años se encuentra en esta situación. Y esto todavía dificulta más su empleabilidad.
Si al escenario laboral se le añade el de la vivienda, la dimensión del problema resulta extraordinaria, porque España solo tiene entre un 1,6 y un 2,5%, según fuentes, de vivienda social cuando en la UE la misma magnitud se sitúa en el 9,3%. La diferencia es brutal. El balance es un migrado parque de vivienda social, unos 290.000 en toda España, de las que 180.000 corresponden a las comunidades autónomas y 110.000 a los ayuntamientos.
Es una evidencia que, con los mecanismos de financiación que ambas instancias disponen, autonomías y municipios, es imposible resolver el problema. Es necesario un programa de afianzamiento masivo por parte del estado, y ahora dinero no falta. En ese caso las ventajas serían evidentes. Se crearían abundantes puestos de trabajo, no se generaría gasto recurrente y se liberaría potencial humano gracias al estímulo a la emancipación del hogar. Una parte de estos nuevos puestos de trabajo facilitarían el empleo de los jóvenes y este hecho, unido a un programa de estímulos racionales que favoreciera que encontraran trabajo, como podría ser asumir durante los primeros años el coste de la Seguridad Social por parte de el estado, significaría un cambio estructural extraordinario para la sociedad española, que es exactamente la finalidad que promueven los fondos Next Generation.
Además, dotando de este tipo de viviendas se conseguiría reducir las desigualdades que se ven afectadas, en primer término, por el paro, pero también por el coste que tiene disponer de una vivienda que hoy ya resulta mucho más cara si se alquila que si se compra. Con datos de 2018 el precio medio anual en euros de comprar una vivienda se situaba en 5.634,5 euros, mientras que el del alquiler superaba los 6.000 euros. Todo ello hace más evidente que el gobierno de España le falta una visión clara de la jerarquía y magnitud de los problemas que debe resolver para beneficiar de forma estable a la sociedad. En contrapartida, desperdicia dinero subvencionando por razones electoralistas el litro de gasóleo o gasolina de forma indiscriminada, lo que además es contrario a los criterios de la transición energética, que tienden a disuadir el consumo de este tipo de combustibles más que a fomentarlos .
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