Hay momentos en los que el país parece funcionar como un reloj suizo… hasta que suena la alarma. Hace cuatro días —literalmente— se nos anunciaba, con esa solemnidad administrativa que tanto gusta, que la delincuencia en Catalunya iba a la baja. El ministro Félix Bolaños, el consejero Ramon Espadaler y el presidente Salvador Illa comparecían como quien presenta un balance casi definitivo: el problema de los multirreincidentes, decían, estaba encarrilado. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, satisfechos, sacaban pecho con los datos del pasado año.
Pero el país —como la vida— tiene la mala costumbre de contradecir las ruedas de prensa.
En menos de 48 horas, dos muertos por apuñalamiento: uno en Barcelona y otro en Hospitalet de Llobregat. No es una anécdota, es una pauta. A esto se suman enfrentamientos con armas blancas —cuchillos, machetes— entre grupos que movilizan a entre 20 y 30 jóvenes por banda. Los Mossos d’Esquadra han tenido que intervenir para evitar batallas campales. Y no es la primera vez: es, eso sí, la primera vez que se hace bien pública con una inquietante normalidad, que obliga a la consellera de Interior, Núria Parlón, a hacer declaraciones a diestro y siniestro.
Aparecen nombres que parecían lejanos y que ahora forman parte de nuestro paisaje: Los Trinitarios, Barrio 18, Los 300. Bandas organizadas de jóvenes, con disciplina interna, jerarquía y una cultura propia importada de América Latina, especialmente de países de Centroamérica. Pero reducirlo a esto sería un error cómodo: a estas estructuras se incorporan también jóvenes nacidos aquí, de segunda y tercera generación, y también de origen africano o magrebí. El fenómeno ya no es externo: es híbrido y arraigado.
En Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, se contabilizan una treintena de grupos en barrios con una inseguridad creciente. El 28 de marzo, un joven murió de un disparo en el pabellón de Les Planes. El 4 de mayo, en el barrio de la Torrassa, se oyeron ráfagas de arma de fuego a las seis treinta de la mañana. Sin explicaciones claras. Sin responsables identificados. Sin relato oficial coherente.
Cuando aparecen armas de fuego, el problema no es sólo de convivencia: es de control del territorio.
Paralelamente, existe otro vector que alimenta este ecosistema: la droga. Cataluña se ha convertido en uno de los principales centros de producción de marihuana de Europa. No es una exageración retórica, es algo operativo. Plantaciones ocultas en naves industriales, pisos ocupados o masías abandonadas, cuyo consumo eléctrico desmedido ha disparado el fraude. Este indicador —el fraude eléctrico— es uno de los pocos datos indirectos que permiten dimensionar el fenómeno.
Pero la marihuana es sólo la puerta de entrada. Detrás está el tráfico de cocaína y de drogas sintéticas, y la competencia entre grupos por territorios, producción y mercados. De ahí los enfrentamientos. De ahí la violencia. De ahí los muertos.
Y, como siempre, la realidad acaba filtrándose por los sitios más sensibles: los institutos. Las bandas y el microtráfico buscan nuevos miembros y nuevos clientes en las puertas de los centros educativos. Algunos institutos ya no pueden garantizar el orden con sus propios recursos y reclaman presencia policial. Este hecho, que habría sido impensable hace unos años, se formula hoy en voz baja, pero con insistencia.
Mientras, el Departamento de Educación ha recibido más de 5.000 denuncias de violencia en centros escolares desde el inicio de curso. La cifra es estremecedora. No sólo por la magnitud, sino porque multiplica la del año anterior. Esto no es una oscilación estadística: es un cambio de fase.
Todo ello dibuja un cuadro de desintegración del tejido social. Aquella cohesión que había sido una de las fortalezas históricas de Cataluña -en los barrios, en las escuelas, en las entidades- se encuentra en un estado de deterioro avanzado. Y ante esto, las administraciones parecen más inclinadas a gestionar el relato que la realidad.
Hay evidentemente factores estructurales. Uno de ellos es la inmigración masiva y desordenada, que se ha producido sin una política de integración proporcional ni exigente. Decirlo no es ninguna concesión al discurso xenófobo; por el contrario, es la única forma de evitarlo. Porque cuando los gobiernos esconden los problemas, éstos no desaparecen: se transforman en resentimiento social.
El gobierno español de Pedro Sánchez, en este sentido, ha optado a menudo por una política de alfombra: todo lo que incomoda se pone debajo. Hasta que un día tropiezas con el volumen acumulado y caes. Y la caída, entonces, duele. Es lo que nos sucede.
El riesgo no es teórico. Países como Suecia o Países Bajos -presentados durante décadas como modelos- sufren hoy una crisis muy grave de país causada por la penetración profunda de mafias vinculadas a la droga y de bandas juveniles que han evolucionado hacia formas de criminalidad organizada. El proceso es conocido: identidad a un lado en la adolescencia, profesionalización del delito en la edad adulta.
Cataluña no es inmune a este patrón.
Y aquí es donde aparece la cuestión decisiva: ¿qué se hace? Porque la respuesta no puede ser sólo policial. La policía es necesaria, pero llega tarde si la sociedad ha fallado ya antes. Es necesaria una reacción cívica profunda, que implique a familias, escuela, asociacionismo e instituciones. Una reacción que recupere la exigencia, responsabilidad y sentido de límite.
Pero para reaccionar, primero es necesario reconocer la realidad. Y aquí es donde fallamos. El Govern no informa con claridad sobre la magnitud del problema. Los datos se fragmentan, los relatos se endulzan y las crisis sólo se reconocen cuando estallan en forma de violencia.
El país, mientras, observa. Y comienza a intuir que lo que se le había presentado como un problema “casi superado” es, en realidad, un problema en pleno auge, de tal modo que la cuestión es si ya vamos tarde.
Cataluña no tiene un problema percibido de inseguridad. Tiene un problema real. #seguridadcataluña Compartir en X
