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¿Por qué es tan escandaloso el informe del Consejo de Estado que el gobierno quiere ocultar?

En la tramitación del importante decreto ley sobre la forma de gestionar las ayudas de los fondos europeos, se produjo un hecho insólito: el gobierno ocultó el informe del Consejo de Estado y se negó a hacerlo público. Este texto legal fue convalidado por los pelos gracias a la insólita abstención de Vox , que ahora se encuentra en la necesidad de explicar por qué no le pareció importante conocer qué decía el Consejo de Estado.

Ahora, una vez aprobado, se ha tenido conocimiento público de su contenido y el escándalo se multiplica. Incluso hay que cuestionar si la aprobación fue válida, porque las objeciones que plantea la más alta instancia asesora del estado son muy graves.

El informe pone de relieve que para cumplir con la oportunidad histórica, que significan las ayudas europeas, la gestión de estos no sólo debe ser flexible sino que debe «mantener un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que son concedidos«. Y aquí es donde llora la criatura. El Consejo de Estado señala una serie de graves inconvenientes que presenta el decreto ley aprobado en «la eliminación o modulación de los mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administraba, los convenios administrativos o las subvenciones «.

El Consejo de Estado hace tres grandes observaciones, léase críticas, que califica «de esenciales» para «alcanzar un elevado nivel de seguridad jurídica y económica en la gestión de los fondos europeos«:

  1. «La necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determine legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado antes de resolver los correspondientes procedimientos y someterse a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo al citado fondo«. El Consejo de Estado está diciendo que el decreto ley no exime de nada de lo que determina la normativa en cuanto a informes preceptistas, y especialmente los que señala el propio Consejo de Estado en el informe. Este hecho altera sustancialmente la mecánica, si es que se puede decir así, del decreto que respondía a la metodología de «yo me lo guiso, yo me lo como».
  2. «La necesidad de llevar a cabo una correcta tramitación de los proyectos incluidos los decretos ley a fin de que las medidas que en él se adopten estén debidamente justificadas y ponderadas«, y aquí viene otra bofetada «destaca en este sentido la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que justifican la atenuación o, incluso, la supresión de los mecanismos de control. Es esencial que la memoria del análisis de impacto normativo recoja para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se vinculan«. En definitiva, lo que dice el dictamen es que el gobierno no justifica el por qué el control será débil o inexistente, lo que sin duda llama extraordinariamente la atención.
  3. Es pertinente que «la memoria realice también un estudio de impacto presupuestario de las medidas previstas«. Este es un hecho que pone de relieve también la falta de rigor que incorpora el decreto ley.

Hay muchas más observaciones que lo descalifican, como son, en relación con la calificación como modificaciones contractuales de las nuevas unidades de obra, que se incorporen a los contratos de obra, la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obra y la responsabilidad de proyectistas y supervisores. También la necesidad de disponer de «plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con toda garantía«. Choca en este sentido toda omisión en este capítulo, cuando al mismo tiempo se habla como política europea del gobierno de la transición ecológica y de la sostenibilidad.

Realmente el informe alerta sobre la necesidad de medidas precisas para asegurar el cumplimiento de los objetivos tanto desde el punto de vista normativo, con la aprobación de los desarrollos reglamentarios precisos, como desde el punto de vista de la ejecución, y por tanto, de la dotación necesaria de recursos materiales y humanos.

Es inadmisible, y merece una censura política formal, que se haya ocultado este documento en el que se pone al descubierto la necedad del decreto ley en una materia tan importante, y que da más la sensación de un sistema de «barra libre» que se determinará desde la Moncloa, que de una metodología racional para que los fondos beneficien realmente al conjunto de la sociedad española. Y aun se ve agravado en una política institucional que, vistos los antecedentes de décadas en materia de corrupción, necesita claridad y transparencia.

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