El indulto es una facultad discrecional motivada del gobierno; en otros términos, lo puede conceder libremente, pero no de manera arbitraria sobre todo si los informes preceptivos de la fiscalía y de la justicia le son desfavorables. Naturalmente, el indulto es otorgado con estos dos últimos requerimientos en verde.
No es el caso de los encarcelados por el 1 de octubre. El informe de fiscalía fue totalmente negativo y el del ámbito judicial, que además en este caso corresponde al Tribunal Supremo, ha sido un semáforo rojo muy rotundo. Se presuponía que este informe sería negativo, pero no con la contundencia con que se ha producido, dado que barra todo resquicio al gobierno para justificar el indulto. Incluso no se está de subrayar que algunos de los encarcelados son aliados necesarios en la coalición que apoya al gobierno español. Por no disponer de elementos favorables, ni siquiera el de la abogacía del estado se puede poner sobre la mesa, porque sencillamente eludieron el tema y se limitaron a consignar que no existían responsabilidades económicas pendientes. Huyeron de estudio, y eso que esta instancia, por dependencia orgánica, es siempre la más favorable al gobierno.
¿Se equivocó Sánchez en su discurso de los últimos días cuando presentaba el indulto como el hecho de evitar la revancha, y como un acto de concordia?
Es evidente que sus palabras inducían a creer que la sentencia, si se mantenía, constituía una especie de venganza. ¿Ha influido negativamente esta visión sobre el acuerdo de la sala tercera del Tribunal Supremo que, además, ha sido por unanimidad y más rápido de lo esperado? ¿O bien conocía Sánchez por donde irían los tiros y se curó en salud? Sea como sea, la posición de la justicia es tan rotunda, que si salen adelante los indultos, Sánchez abrirá una crisis institucional. En primer lugar porque el rey deberá firmarlos y esto, aunque es un requisito formal, no dejará de ser un elemento de desgaste y crítica a una monarquía que no va sobrada de soportes, porque sectores tradicionalmente monárquicos podrían llegar a pensar que un rey sin autoridad no es un monarca.
El segundo problema vendrá porque el indulto será recurrido y lo resolverá el mismo Tribunal Supremo, si bien en una sala diferente. Si dictamina en contra, el choque de trenes institucional se habrá consumado, Sánchez se quedará sin indulto y el problema político se habrá multiplicado. Hay que recordar que no es la primera vez que los jueces tumban indultos del gobierno. No es habitual que estos no los suele conceder si no hay suficiente informes favorables, pero de precedentes hay.
Remarcamos dos por su significación. Uno es el del caso del consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz , condenado a 3 meses de arresto e inhabilitación. La sala de lo contencioso-administraba del Tribunal Supremo lo revocó. El otro tenía un tono de política feminista, fue en 2018 y el Tribunal Supremo anuló el indulto parcial concedido a María Salmerón, una mujer que había desobedecido reiteradamente la custodia compartida de su hija con el padre, quien años atrás había sido condenado a 1 año y 9 meses de prisión por violencia de género. El gobierno no tiene porque dictar los indultos de manera inmediata. Puede esperar a finales de julio para introducir la pausa de agosto en medio, pero aun así, la situación institucional y política de España sigue deteriorándose.
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