La Constitución Española es clara: el artículo 134 establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio vigente. Esta no es una recomendación, sino una obligación legal.
Este procedimiento garantiza que el Parlamento ejerza su función esencial: aprobar o rechazar el uso del dinero público. Sin presupuestos nuevos, la representación política pierde sentido y la democracia parlamentaria se degrada.
Pedro Sánchez vuelve a gobernar con los presupuestos prorrogados
En 2025, por segundo año consecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta prórroga no se debe a un bloqueo legislativo, sino a una decisión estratégica del Ejecutivo que impide el debate público sobre las cuentas del Estado.
El contexto actual —marcado por tensiones internacionales, inflación y decisiones políticas de alto impacto— hace que gobernar con un presupuesto antiguo resulte totalmente inadecuado.
Más gasto militar sin debate ni control parlamentario
Uno de los datos más llamativos de este escenario es el aumento del gasto en defensa. En 2025, el Gobierno ha aprobado más de 10.000 millones de euros adicionales para el Ministerio de Defensa sin explicar cómo se financiará este incremento ni de qué partidas se detraerán fondos.
El Congreso no ha debatido esta medida ni ha tenido acceso a la información detallada. Esto supone una vulneración directa del principio de control presupuestario recogido en la Constitución.
El silencio de las instituciones: una democracia sin contrapesos
Este incumplimiento se agrava por la pasividad institucional. El Tribunal Constitucional ha sido acusado de actuar con criterios partidistas, y la Jefatura del Estado permanece completamente al margen.
A diferencia de otros países europeos donde el jefe del Estado puede ejercer una labor de advertencia, el Rey Felipe VI ha optado por no pronunciarse sobre esta deriva. El resultado: un Ejecutivo sin contrapesos.
Cuando se ignora la Constitución, se debilita la democracia
La Constitución no puede convertirse en papel mojado. Cuando se ignoran sus obligaciones más básicas, como la presentación de los presupuestos, se erosiona el Estado de Derecho.
La democracia exige transparencia, control parlamentario y respeto a las normas. Gobernar sin presupuestos nuevos es una forma de opacidad institucional que debilita nuestra convivencia democrática.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vulnerado por segunda vez consecutiva el artículo 134 de la Constitución Española. Esta práctica no solo rompe con el procedimiento constitucional, sino que impide el ejercicio de los derechos democráticos más elementales.
Es urgente recuperar el respeto a la legalidad y restaurar los mecanismos de control que hacen de España una democracia plena.
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