Pese a que el aborto vuelve a ser un tema central en el escenario español, así como en el internacional, en su abordaje olvida una cuestión decisiva muy vinculada al progreso económico y, por tanto, al bien común. Se trata de su efecto sobre la economía.

El análisis de este efecto debe contemplar la relación de la cifra de abortos, no sólo con lo que es su medición habitual, el número de casos por 1.000 mujeres, sino que debe relacionarse con otros datos esenciales.

La primera y más decisiva es la del número de nacimientos; qué significa sobre ellos. También el balance vegetativo, porque no es lo mismo una elevada cifra de abortos en una sociedad demográficamente dinámica, que en otra en la que se producen más defunciones que nacimientos. La tasa de envejecimiento y el porcentaje de jóvenes son también otros parámetros a considerar.

Si aplicamos estas consideraciones al caso catalán, constataremos que la dinámica abortista en Cataluña es extraordinaria y tiene un impacto que se hará notar sobre nuestro futuro inmediato y más lejano.

Para empezar, cabe destacar que se produce un aborto por cada tres nacimientos. Las últimas cifras señalan 18.741 en el primer caso, por sólo 57.634 en relación a las personas nacidas. Es una proporción demasiado pesada. En el caso de España, la cifra, pese a ser alta, es de 1 a 4. Esto hace que el 20% de los abortos que se producen en España se hagan en Cataluña cuando sólo significa el 16% de la población.

Y todo esto se lleva a cabo en una población muy envejecida donde sólo el 15,81%, datos de 2022, tiene 15 años o menos, mientras que casi el 20% tiene 65 o más. Este envejecimiento crece a un ritmo de 3 a 4 décimas por año. El resultado de todo esto es que la mediana de edad de los catalanes se convierte en singularmente elevada y se sitúa cada vez más separada del período de vida de máxima productividad y esto también tiene importantes consecuencias.

En términos estrictamente económicos, el coste expresado en pérdida de la aportación económica a lo largo del ciclo de vida, es decir lo que cada persona activa aportará de media, significa, en datos de 2020, casi 45.000 millones de euros, lo que representa casi el 20% del PIB de 2020. Con la media de abortos actuales cada año, Cataluña destruye un capital humano equivalente a todo el PIB de 2020. Éste es un hándicap muy poderoso para nuestro crecimiento económico, con el problema añadido que nunca se toma en consideración.

Por tanto, unas consecuencias bien definidas.

Por un lado, una cifra de abortos masivos que afecta sensiblemente a la tasa de natalidad y al balance vegetativo tiene consecuencias negativas sobre la productividad, así como las tiene el envejecimiento y la media de edad creciente de la población. Cabe recordar que en el caso catalán el envejecimiento en sus 2/3 partes es consecuencia de la baja natalidad y sólo en 1/3 corresponde al progresivo incremento de la esperanza de vida.

El otro grave problema es la reducción que año tras año se realiza de la aportación de capital humano a largo plazo que significan los nacimientos. Si se observa el ciclo de vida de una persona, ésta tiene una primera fase improductiva en la que su coste no tiene contrapartida hasta que se inserta en la vida laboral. Cuando ésta finaliza vuelve a ser un agente que fundamentalmente genera un coste en el sistema.

Aquellos costes en los dos extremos del ciclo de vida deben ser necesariamente compensados por las aportaciones que se realiza durante el período en el que el agente trabaja. En la medida en que la masa de trabajo se reduce, esta aportación tiende a disminuir. El resultado no es sólo una pérdida de la actividad económica, sino también menores ingresos fiscales y de la Seguridad Social.

Estos efectos tan negativos del aborto sólo pueden corregirse con una productividad creciente. Pero éste es el problema crónico de la economía española y también catalana desde principios de siglo.

La productividad catalana es mejor que la española, pero sigue siendo notablemente inferior a la de la zona euro y similar a la de la UE a consecuencia del peso de los países del Este. Todo esto referido a la productividad del trabajo, que ha ido creciendo desde el año 2000, pero manteniendo las diferencias tanto en la eurozona como en EE.UU. que han registrado un crecimiento muy importante a lo largo de este siglo.

Por otra parte, la productividad del capital ha sido de crecimiento a lo largo del siglo hasta llegar a 2015 y 2016, y en este caso sí que estamos por debajo de la UE. Pero sin duda el factor más determinante es la productividad total de los factores (PTF) que es la que determina básicamente el crecimiento y aquí, si bien a principios de siglo estábamos a la par a la que manifestaba la UE a partir del año 2003 , se ha producido una clara diferenciación y ahora nos situamos por debajo.

Es evidente que en este escenario el coste económico en términos monetarios del capital humano que se destruye no tiene solución, más bien al contrario, la empeora.

Como la empeora, también, la idea de que la carencia de nacimientos, puede ser sustituida por la inmigración. Esta afirmación es un error en términos de capital humano, porque la población inmigrante realiza una aportación sensiblemente inferior y en este sentido favorece, si encuentra trabajo, una estructura productiva de baja productividad.

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