Aunque el foco político y mediático sigue centrado en el ámbito europeo e internacional por la política transgresora de Trump, esta semana que empieza podría llamarse una semana catalana, por los acuerdos, muy tangibles unos, más imaginarios otros, que se han producido a tres bandas entre el Gobierno de la Generalitat y el español, ambos regidos por el Partido Socialista; entre Esquerra Republicana y el Gobierno de Sánchez, y el no acuerdo y la marcha atrás del último envite amenazador de Puigdemont, que ha quedado como siempre en un «vaya, vamos, claro» y que define el escenario real de la política catalana, controlada como nunca por el Partido Socialista, es decir, por el Gobierno español.
Está claro que, bien mirados los acuerdos, también se prestan a ese tipo de intercambio definido como “Tú da al hombre blanco metal amarillo y él te dará espejitos y agua de fuego”.
Este control necesariamente comporta contrapartidas, algo lógico si, además, se entiende que Sánchez, para gobernar, necesita los votos simultáneos de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya; por tanto, las contrapartidas es lógico que existan. La cuestión es si se producen en la dimensión y tiempos acordados.
Es necesario que haya necesariamente acuerdos con el Estado que aporten elementos tangibles al Gobierno de Cataluña por razones muy concretas:
La primera, porque hace muchos años que, a través de la parálisis del independentismo, han sido bloqueadas cuestiones de obligado cumplimiento; por ejemplo, hacer efectiva la competencia sobre las subvenciones universitarias no es más que cumplir con el retraso de un acuerdo que lleva casi una década a sus espaldas.
Otro ejemplo, el consorcio pactado y que ahora la comisión que lo hace efectivo, con el fin de velar para que se cumplan las inversiones teóricamente contempladas en el presupuesto del Estado, escandalosamente mal ejecutadas como un hecho reiterado en el caso de Cataluña, no es más que poner fin a una deficiencia grave que ocasionaba una injusticia, aunque hay que recordar que acordar el instrumento no significa que se acabe corrigiendo adecuadamente el problema, pero en todo caso es una condición necesaria la que ahora se ha alcanzado.
La segunda, porque el presidente del Gobierno español necesita el voto simultáneo de republicanos y seguidores de Puigdemont (que en realidad es en lo que se ha convertido Junts) y como estos dos partidos compiten entre sí, necesariamente debe haber contrapartidas por separado.
Si la hegemonía socialista en Catalunya no es un factor favorable para un autogobierno real, porque siempre está en función del último interés de Sánchez, menos lo es aún que los dos partidos que se proclaman independentistas, en lugar de presentar un bloque unido y un progreso estratégico con relación a España en su diálogo en el Congreso, compitan entre sí en una especie de subhasta, que tiene mucho de trampa.
Lo que dice esta realidad es que tanto Esquerra como Junts tienen como patria no Catalunya, ni como fin la independencia irrealizable que dicen proponer, sino que su único propósito es prosperar como partido político a expensas de todo lo demás; como fin en sí mismo. Y ésta es una lectura necesaria que debe hacerse de los resultados de esta semana.
Por si fuera poco, y pese a lo que ahora ha obtenido, sobre todo Esquerra Republicana, cabe decir que nunca desde la transición el peso político de los partidos catalanes en el Congreso había sido tan decisivo como ahora. Desde esta perspectiva, los resultados siguen siendo pobres, por mucho que el barroco discurso de autoelogio de Junqueras pretenda señalar lo contrario.
La tercera es que la condonación de nada menos que 17.000 millones de euros sobre la deuda que la Generalitat tiene con el Estado también debe situarse en contexto. Porque sigue sin moverse ni un milímetro la revisión del sistema de financiación autonómica, que lleva más de una escandalosa década de retraso; sólo en una democracia de perfil bananero podría producirse tan flagrante incumplimiento de la ley por parte del Gobierno del Estado y aquí no pasa nada.
Por cierto, ahora que todo se lleva al Constitucional, reconvertido en cámara de garantías gubernamentales, algún paso podría darse en este sentido, salvo que se considere que cuando el Gobierno español vulnera la ley de forma tan contumaz, esto nada tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución.
También seguimos sin saber absolutamente nada sobre en qué consiste la famosa financiación especial de Cataluña, inicialmente y de manera absolutamente falsa planteada por Esquerra como una especie de concierto a la vasca. Como contrapartida se da esta chapuza de la deuda catalana con las finanzas estatales, que significará un ahorro importante en intereses y, por tanto, una mayor disponibilidad de gasto por parte de la Generalitat, con todo lo que ello conlleva de positivo.
Pero también aquí, por desgracia, cabe decir que Catalunya se queda a la cola de la quita de la deuda, porque el gobierno ha decidido aplicarla a todas las comunidades autónomas, lo que representará que la deuda de la administración central crecerá en 83.252 millones, aunque la deuda total del Estado continuará igual porque lo único que se modifica es quien es el modificado.
En esta aportación extra —porque, en última instancia, se trata de ello—, como paliativo del retraso en la aplicación de la reforma del sistema de financiación, lo que se condona en Catalunya es el 19,9% de la deuda autonómica total.
Pues bien, esto nos sitúa en la penúltima posición en lo que se refiere a beneficiarios de la medida. Sólo la Comunitat Valenciana, con 11.210 millones y un 19,3%, sale menos beneficiada. Quien sale mejor parada es Andalucía, con 18.791 millones y un 48,6%. Madrid, que protesta por la medida en términos absolutos, ocupa su cuarta posición con 8.644 millones y un 24,1%. Le sigue Castilla-La Mancha, con 4.927 millones y un 30,5%. Si observamos al resto de comunidades autónomas, Baleares tiene una quita de 1.741 millones, que recorta un 20% su deuda.
Podemos concluir, por tanto, que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares son, de largo, las que en proporción se benefician menos de la quita, lo que tiene dos significados.
Uno, que pone de relieve el sistema de financiación actual, que afecta especialmente a estas comunidades, y que también se traduce en otros aspectos como éste. No es el caso de Madrid, que tiene la peor financiación de todos. Como su deuda con el Estado es pequeña, puede recurrir a los mercados financieros para financiarse porque tiene solvencia, algo que no le ocurre a Catalunya.
Pero, por los criterios de distribución de esa quita, Madrid no podía quedar descolgada y, por tanto, recibe una cantidad sustancial. Esto significa que, sin un cambio completo del sistema de financiación, por mucho que Junqueras haga ostentación de que son unos grandes negociadores, Catalunya siempre quedará descolgada, incluso cuando se trata de beneficios.
Si no se consigue un cambio de una vez por todas en la raíz del problema, el resultado final siempre será el mismo, y ahora Catalunya, con su declive continuado, no está por ir soportando alegrías de este tipo.
En realidad, Junqueras practica lo que antes había criticado tanto de Convergència: conseguir cosas concretas sin abordar realmente el fondo de la cuestión. Es ese denostado «autonomismo», que ha vuelto de la mano de presuntos independentistas.
Refiriéndonos a los presuntos independentistas, ¿qué se prefiere de la posición de Junts per Catalunya, que ha aceptado a cambio de nada retirar lo conseguido? Que se debatiera en el Congreso la moción de confianza sobre Sánchez. Tras tantas declaraciones, amenazas, idas y venidas, crisis, afirmaciones de que esto no puede continuar así, los de Puigdemont siguen dando vueltas a la noria sin presentar nada en el plato para ofrecer a los catalanes.
Todo porque el negociador internacional les ha dicho que hay que dar un margen más de confianza -que es justamente lo que había declarado enfáticamente que había terminado- al PSOE y para no romper, algo evidente cuando se planteó el envite por parte del hombre de Waterloo.
¿Qué sentido tiene amenazas de última instancia si no se está en disposición de cumplirlas? Resulta que el adversario no cede, como ha ido ocurriendo con Sánchez y Junts. A base de poner el listón muy alto para simular que son los más decididos de todos, lo único que ya han logrado es quedar completamente desacreditados como fuerza independentista, ya la vista de las encuestas queda claro: reducidos a la marginalidad o simplemente como un partido medianamente serio.
La conclusión es evidente: el gran beneficiario de la autodestrucción de Convergència i Unió, visto desde la perspectiva histórica virtual, es el PSOE de Sánchez, con todo lo que esto conlleva.
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