Con sólo 56 años, Viktor Orbán revalida su triunfo que hace que se mantenga en el poder desde el 2010 de forma ininterrumpida. Antes ya había sido primer ministro entre 1998 y 2002. Este hecho significa que es el único gobernante que ha superado con éxito el desgaste de la gran recesión económica que se inició en 2018, la crisis de la covid de 2020 y la actual guerra en Ucrania, un país fronterizo.
Ha superado, además, el hecho de ser el dirigente de la UE mejor relacionado con Putin. De hecho, la campaña de la oposición se ha basado mucho en este punto, presentando en grandes carteles la fotografía de Orban y Putin en uno de sus múltiples encuentros.
También es el único gobernante de la UE que ha tenido que hacer frente a la unión de prácticamente toda la oposición que iba desde el centroizquierda hasta la extrema derecha de Jobbik, que ahora es calificada por los periodistas de centroderecha, básicamente por el hecho de ir contra el primer ministro húngaro.
Su victoria en este cuarto mandato ha sido además arrolladora. Ha obtenido una mayoría de 2/3, junto a su aliado, el pequeño partido demócrata cristiano. Y esto en el marco de una participación alta, cerca del 68%. La oposición estaba formada por los partidos DK de centroizquierda, por el Párbeszèd, el liberal ecologista, el liberal Momentum, el socialista MSCP, es decir, los herederos del antiguo partido comunista convertido en social demócrata, y el mencionado Jobbik, y el partido verde LMP. Esta gran alianza presentaba a un candidato único en todas las circunscripciones.
El actual sistema electoral húngaro es muy parecido al alemán. Parte de los diputados son elegidos por sufragio directo y mayoritario en circunscripciones nominales. En total son 106 escaños del total de 200. Los demás se distribuyen de acuerdo con el número de votos conseguidos por cada lista presentada. Por tanto, la coalición opositora se presentaba unida bajo un solo candidato y cada circunscripción. A pesar de este hecho el Fidesz, el partido de Orbán, ha obtenido 88 de los 106 escaños de mandato directo, lo que da una idea de su hegemonía política.
También la oposición se había empleado en buscar una alternativa personal a la popularidad de Orban en la persona de Péter Márki-Zay, alcalde de una ciudad media desde 2018, si bien su mayor característica es haber sido profesionalmente directivo de una multinacional muy relacionada con EE.UU. Péter Márki-Zay se presentaba como europeísta, moderadamente conservador, liberal y buscaba también el apoyo de los grupos LGBTI. La victoria del Fidesz es aún más destacable si se consideran las continuas polémicas que ha tenido con la Comisión Europea, que han llegado al extremo de bloquearle los fondos como un instrumento de presión.
Los motivos de discrepancia según la CE son básicamente dos. Uno, es la actuación del gobierno en relación con el poder judicial. Se le acusa de haber colocado a fieles suyos en la Fiscalía del Tribunal Constitucional y de condicionar la Oficina Nacional del Poder Judicial que se encarga del nombramiento y supervisión de los jueces. El resultado, según los opositores, es que la «independencia de los jueces se ha resentido».
Pero, si se comparan estos hechos, por ejemplo, con lo que ocurre en España es fácil deducir que no hay grandes diferencias. La fiscal del estado pasó directamente de ministra de Sánchez a ese puesto. Los escándalos con su gestión politizada se suceden y son denunciados por la mayoría de asociaciones de fiscales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial está sometido a un escandaloso sistema de cuotas entre ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, lo que determina una enorme politización.
Asimismo, el Constitucional también se rinde ante esta politización. El caso más espectacular es el del recurso de inconstitucional de la ley del aborto que lleva más de 11 años pendiente, y que pese a este hecho y haber sido denunciado a la justicia europea, no será tratado hasta que a partir de junio vuelva a tener mayoría en la más alta instancia judicial el partido del gobierno.
Pero todos estos hechos no tienen relieve de cara a la opinión de la CE en relación con la independencia de la justicia española y sí son tan importantes como para bloquear los fondos de ayuda a Hungría, incluso ahora que está soportando un gran peso de los refugiados de Ucrania. En el fondo y en la realidad la gran diferencia, y lo que separa a España de Hungría, no es una mayor independencia del poder judicial, sino las políticas LGBTI.
Los gobiernos de Orban nunca han aceptado que estos colectivos tuvieran unos derechos especiales y específicos exclusivos de su condición, mientras que en España la balanza se decanta por el extremo absolutamente contrario, hasta llegar al privilegio en muchas comunidades autónomas de que sus denuncias tienen valor casi probatorio por lo que es el denunciado quien debe demostrar su inocencia.
Ahora mismo, y en el marco de las elecciones, se producía un referéndum dirigido a poner a votación si en la escuela debía educarse en las políticas de género y en el reconocimiento de la homosexualidad, o bien, como defendía el gobierno húngaro, estas materias eran específicas del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos. Una campaña internacional LGBTI contra este referéndum se ha desatado en paralelo a las elecciones, pidiendo que boicotearan con votos nulos la consulta. El resultado ha sido aún más impresionante que la victoria de Orban, porque la posición del gobierno ha logrado el 92% del apoyo de los húngaros.
Pero, claro, para el ciudadano este hecho puede tener importancia, pero no es determinante. Lo que da la victoria a Orban son sus fuertes políticas a favor de la familia y de las clases medias. Un ejemplo muy reciente nos lo muestra: ante la actual crisis y la pérdida de poder adquisitivo, el gobierno húngaro ha devuelto la práctica totalidad de los impuestos cobrados en 2021 a las familias con hijos y ha entregado una paga extra a los pensionistas. Además ha puesto límite a los precios de los alimentos básicos y a la gasolina, y a la factura de los hogares con gasto energético. Ha gastado 5.000 millones de euros para una población de poco más de 8 millones de habitantes, por tanto, algo mayor que Catalunya.
El equivalente para una población como la española habría sido un gasto de cerca de unos 27.000 millones de euros, alejadísima de la cifra que Sánchez dedica, descontando naturalmente el importe de los créditos ICO. Sin embargo, en un caso resulta que en Hungría gobierna la extrema derecha y en el caso español un gobierno progresista. Pero, a la hora de la verdad, lo que cuenta son las políticas concretas y éstas demuestran que la gran mayoría de la población es favorable a Orban, a pesar de lo que considera la CE. En contrapartida en España el apoyo al gobierno de Sánchez continua reduciéndose y la última encuesta de El País, un medio que en absoluto puede considerarse poco favorable al gobierno, le otorgaba sólo el 25,5% de los votos y 105 escaños, por 99 en el PP.
Pero es aún más espectacular el retroceso del socialismo francés, que si las encuestas no se equivocan, en las próximas presidenciales se verá abocado a la extinción porque su candidata y alcaldesa de París, Carmen Hidalgo, no logra superar el 3% de los votos y, por tanto, se enfrenta además a una crisis económica porque no tendría derecho a recuperar gran parte de sus gastos de campaña. Si no cambia, el resultado se augura tan malo que le sitúa incluso por debajo del partido comunista.
La victoria de Orban y la proyección que tienen sobre todo sus políticas familiares y favorables a la clase media en buena parte de Europa, señalan una respuesta que obtiene buenos resultados electorales en un momento en el que todos los partidos de gobierno europeos se mueven agitados por la crisis.
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