La ley Celaá ha tenido la virtud de provocar una movilización nunca vista de toda la escuela concertada, y Cataluña no es una excepción. Este domingo se han convocado manifestaciones específicas en Barcelona, Girona, Lleida, Igualada y Tarragona.
Estas movilizaciones está previsto que sean en coche para garantizar la seguridad sanitaria. A tal fin se han establecido itinerarios que garantizan poder desarrollarlas sin tropiezos. Esta respuesta que se había iniciado ya en el resto de España y que tendrá continuidad, va acompañada de una intensa recogida de firmas que ya superan los 2 millones de firmantes para avalar la apelación en Europa de lo que consideran que es una discriminación de la libertad de enseñanza y de los derechos de los padres.
La respuesta de los centros concertados era absolutamente previsible, tanto el de la escuela cristiana como los de los otros modelos escolares. La razón radica en que la ley, tal y como está establecida, acabará asfixiando económicamente a la concertada, que siempre ha sufrido de un punto muy débil, dado que el concierto sólo cubre entre el 60 y el 70% del coste real de la plaza. Por lo tanto, ya en el origen estaba la previsión de que para cubrir el resto cada centro debía espabilarse. Pero este modelo, que podía tener lógica cuando los mismos socialistas la impulsaban, se convierte en una trampa peligrosa ante un gobierno adverso, porque entonces acomete la demagogia de decir que como están financiadas con dinero público, no pueden cobrar la cuota, olvidando que es público y notorio que el dinero público es clamorosamente inferior al necesario para mantener la plaza, teniendo como referencia el coste en la escuela pública que, además, todo el mundo reconoce que no está bien financiada.
Este es uno de los mecanismos en los que opera la ley Celaá, impedir las cuotas. El otro es el de la inclusión. Como los centros se ven obligados a recibir algún dinero de la familia para poder cubrir el presupuesto, este hecho limita la incorporación de personas con bajos ingresos, y pese a que algunas escuelas concertadas otorgan un pequeño número de becas, que pagan entre el resto de padres, son insuficientes para garantizar una buena inclusión social. La ley Celaá opera también en este factor y entonces la articulación entre prohibir cuotas y obligar a admitir alumnos que en ningún caso pueden pagarla, garantiza el desequilibrio financiero de la escuela.
Pero el golpe más importante no es este, a pesar de ser demoledor. Se trata de hacer desaparecer el principio de la demanda social, que otorgaba a los padres el derecho a escoger escuela pública o concertada. Es un derivado del principio constitucional del derecho a la educación moral y religiosa de los hijos, que ahora se verá liquidado porque no serán los padres quienes escogerán la escuela para sus hijos, sino que será la administración, y lo hará de acuerdo con el criterio de que no se pasará a matricular en las escuelas concertadas hasta que no se hayan llenado, quieras que no, todas las plazas de las escuelas públicas del área en cuestión. Esto hará que muchas escuelas concertadas, por designio de la misma administración, no puedan cubrir el número suficiente de plazas escolares. Lo que conlleva también una muerte anunciada.
Ahora se puede entender mejor que los padres y la escuela concertada se movilicen tan enérgicamente contra una ley que destruye el modelo educativo de la democracia española.
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