El gobierno republicano de la Generalitat no responde a las mínimas exigencias de un sistema democrático

No se puede pretender gobernar un país legítimamente con 33 diputados sobre 135 y con el 21% de los votos que además, dada la baja participación de las últimas elecciones, un 52% del censo, este porcentaje representa a lo sumo el 12% de los ciudadanos en edad de votar.

Esa grave anomalía democrática es posible porque en la legislación española, insólitamente, el voto de censura sólo puede ser positivo. Es decir, el Parlamento no puede censurar a un jefe de gobierno si no presenta un candidato alternativo. Esto provoca situaciones de bloqueo porque obliga a ponerse de acuerdo con fuerzas políticas incompatibles entre sí. Es el caso de Catalunya.

Y mientras este gobierno absolutamente minoritario se mantiene en el Palacio de la plaza Sant Jaume, saltan las costuras del país ante la impotencia generalizada de los gobernantes.

A los graves problemas irresueltos con España, como la financiación y la mejora del autogobierno, se añaden las grandes cuestiones conflictivas que nacen el día a día, como las de hoy mismo, marcadas por la confluencia de las huelgas de médicos y personal sanitario, maestros y taxistas.

Son causas muy distintas las que las impulsan, pero el resultado es el mismo: hacer más invisible el día a día de los ciudadanos. Son manifestaciones de una frustración generalizada que vive en la calle. Aquella que tiene un carácter social y económico a la que cabe añadir la frustración independentista. Al final nuestra ciudadanía se está definiendo, no tanto por lo que está a favor, sino sobre todo por lo que está en contra, y este estado de ánimo es muy negativo para el país.

¡Qué mayor contraste, una vez más! Mientras que en Catalunya los socialistas aprietan a ERC hasta la asfixia, pese a que los 13 diputados de esta formación han sido aliados imprescindibles de Sánchez, en el País Vasco el PNV con sólo 6 diputados en el Congreso vive una vida parlamentaria regalada dada su alianza con el PSOE.

Y los problemas se acumulan en todos los ámbitos.

En 2022 la renta de los agricultores cayó un 7% en Catalunya según ASAJA.

Empresas tecnológicas catalanas importantes como Wallbox, que cotiza en la bolsa de Nueva York, anuncia que reducirá un 15% su plantilla.

En el horizonte crece la progresiva pérdida de importancia de Seat porque Volkswagen apuesta cada vez más fuerte no solo por la pequeña marca de Cupra, sino por su gran centro productor de baterías de Sagunto. Tiene su lógica económica:

Las baterías representan del orden del 90% del coste del coche eléctrico y en el actual terreno de juego es donde, equivocadamente o no, se juega el futuro de esa industria. Seat no tiene previsión alguna de fabricar vehículos de este tipo. Y a este escenario descendente de la industria básica de nuestro país, el automóvil, se añaden dos hechos muy distintos, pero que apuntan en el mismo sentido de deterioro de este sector.

Uno ha sido la incapacidad del gobierno catalán de encontrar un sustituto adecuado para la marca de Nissan.

El otro es «la guerra santa» de Ada Colau contra los automóviles utilizando el peso pesado de la ciudad de Barcelona.

En estas condiciones, ¿qué quedará de esta industria, cuántos puestos de trabajo representaría en Catalunya dentro de 10 años?

Mientras ERC simula que gobierna con 33 diputados de 135. Pese a que los poderes fácticos no quieran, la ciudadanía necesita ir a votar con urgencia.

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