Los persistentes problemas en los trenes de cercanías de Renfe y el fracaso en su traspaso a la Generalitat, debido principalmente a la resistencia de los trabajadores de la compañía nacional de ferrocarriles, constituyen un duro revés para la gestión del Govern liderado por Salvador Illa.
Después de más de medio año a la cabeza, no aparecen indicios claros que permitan pensar que el ejecutivo catalán pueda mejorar la gestión de los servicios públicos esenciales, de los cuales depende directamente la calidad de vida de la ciudadanía.
En este período, el Gobierno Illa se ha caracterizado fundamentalmente por tres aspectos. Primero, una imagen de seriedad que podría generar sensación de rigor frente al ruido político habitual. Segundo, una intensa y desmedida campaña publicitaria centrada en promesas futuras, sin concretar medidas inmediatas. Tercero, y más preocupante, la manifiesta incapacidad para ofrecer mejoras reales en la gestión pública, lo que ha sido confirmado recientemente por el contundente informe presentado en el Parlamento catalán por la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.
El informe de la sindicatura expone datos alarmantes: las quejas ciudadanas han alcanzado las 11.214 en el último año, mil más que el año anterior, alcanzando niveles similares a los registrados durante los peores momentos de la pandemia. La evaluación señala directamente a la Generalitat para prestar servicios lentos, excesivamente burocráticos y obsoletos, en completo contraste con las promesas electorales y discursos oficiales del presidente Illa.
Los indicadores sectoriales son especialmente preocupantes en áreas sensibles como la sanidad y los servicios sociales. Las listas de espera quirúrgicas crecieron un 9%, mientras que las consultas externas y pruebas diagnósticas aumentaron un 18%. El acceso a residencias para personas mayores y personas con discapacidad también ha empeorado: las esperas medias alcanzan 1,2 años para mayores y hasta seis años para discapacitados. Asimismo, la demora en la concesión de viviendas sociales alcanza un año y medio, agravando aún más la ya precaria situación habitacional en Cataluña.
Además, la burocracia de la Generalitat recibe fuertes críticas por priorizar la comodidad administrativa por encima de la eficacia y accesibilidad al ciudadano. Según Esther Giménez-Salinas, algunos procedimientos y formularios parecen diseñados para facilitar exclusivamente el trabajo a los funcionarios, complicando innecesariamente la vida a los usuarios. La propia síndica declaró que algunos documentos administrativos son tan complejos que sólo ella, en ocasiones, logra entenderlos.
El informe también cuestiona el enfoque de ciertas políticas sociales, especialmente en el ámbito del envejecimiento y la dependencia. Aunque el Govern insiste en aumentar las plazas residenciales para las personas mayores, la demanda supera ampliamente a la oferta disponible. Paralelamente, la atención domiciliaria, una solución lógica para permitir un envejecimiento digno en casa, sigue profundamente desatendida.
A nivel educativo, aunque es evidente que Cataluña afronta una profunda crisis que requiere más recursos, el informe subraya que la solución no puede limitarse sólo a un incremento presupuestario, ya que la raíz del problema es mucho más profunda.
Otra asignatura pendiente destacada por la sindicatura es la carencia de un modelo claro de acogida e integración de inmigrantes, que ya constituyen cerca del 25% de la población catalana. Esta carencia resulta escandalosa y revela una falta de interés real para abordar estratégicamente la cuestión desde el Gobierno.
El informe señala un problema generalizado, especialmente agudo en Cataluña debido a una financiación insuficiente y unas prioridades gubernamentales desconectadas de las necesidades reales de la población. Como ejemplo ilustrativo, el informe critica el continuo incremento de impuestos, especialmente en materia de vivienda, aplicados por el Gobierno Illa, generando un “infierno fiscal” que contrasta radicalmente con la poca eficiencia en los servicios públicos.
Resulta llamativo que Salvador Illa, quien en la oposición propuso reducir gastos superfluos por valor de 1.100 millones de euros, no haya llevado a cabo estas iniciativas tras alcanzar la presidencia. En cambio, la respuesta habitual del ejecutivo catalán a los problemas sociales sigue siendo más publicidad, promesas futuras y aumento de la presión fiscal sobre la ciudadanía.
La realidad palpable es que el actual sistema político permite afirmaciones sorprendentes por parte de altos cargos sin consecuencias reales. Así, cuando recientemente la consellera de Salut afirmó que el problema no era la carencia de médicos, sino su distribución, no hubo ninguna reacción concreta ni planes efectivos para resolverlo, ilustrando la inacción del Govern ante problemas urgentes.
En definitiva, después de más de medio año de gobierno, el Gobierno Illa muestra una preocupante incapacidad para abordar eficazmente los problemas fundamentales de Catalunya, apostando por la propaganda y la subida de impuestos en lugar de emprender reformas profundas en la administración pública. El informe de la Sindicatura de Greuges es claro y contundente: necesita mucho más que promesas vacías para mejorar realmente la vida de los catalanes.
