Los estados y las administraciones no pueden adoctrinar
Se presupone que un estado democrático de derecho es aquél donde cada uno puede tener sus propias convicciones y creencias, con el único límite de los que establece la Constitución. En este contexto, los gobiernos no pueden influir en las convicciones de los ciudadanos, salvo en aquellos aspectos concretos que indica la Constitución. Esto es lo que se considera una democracia liberal.
Sin embargo, cada vez más, y en el caso de España esto es evidente, la realidad está distorsionada hasta el punto de que deja de existir, puesto que el adoctrinamiento forma parte de la actividad cotidiana de los gobiernos. Esto es lo que ocurre en la escuela con el adoctrinamiento sexual. No se trata de educar en la maduración afectivosexual basándose en conocimientos científicos y sin vulnerar el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, derecho que la Constitución sí reconoce y, por tanto, es un mandato obligatorio.
Lo que se enseña, en cambio, es la sexualidad de acuerdo con determinadas ideologías ligadas a la interpretación del género, y cada vez más a las identidades sexuales, con especial énfasis en la sexualidad recientemente. En realidad, lo que se imparte es una antropología que poco tiene que ver con la condición humana científica, en la que los seres humanos nos caracterizamos como hombres y mujeres, factores constantes de nuestra naturaleza con los que nacemos y desarrollamos.
En la nueva educación sexual, esta condición natural desaparece o queda muy supeditada al puro voluntarismo, al deseo del sujeto de ser algo distinto o variable. En realidad, esta concepción ideológica nace como una forma de justificar la homosexualidad, y más aún, la transexualidad, para no aparecer como una excepción muy singular, sino como una opción abierta entre otras muchas. Pueden defenderse estos puntos de vista, pero lo que no es propio de un estado de derecho es intentar convertirlos en una creencia impuesta por el Estado a través del poder ejecutivo.
La Generalitat catalana y su afán de adoctrinar en la interseccionalidad
Algo parecido sucede con las administraciones públicas. Cada vez más, los funcionarios tienen la obligación de asistir a cursos de adoctrinamiento ideológico. Es el caso actual de la Generalitat y su programa de cursos obligatorios sobre la interseccionalidad. Pero, ¿qué es esto tan importante que resulta obligatorio para los funcionarios y los contratados, que deben formarse por mandato del gobierno de la Generalitat?
La interseccionalidad es un concepto que busca entender cómo se entrelazan y superponen diferentes formas de opresión o discriminación basadas en aspectos como la raza, el género, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad o la edad, entre otros. Este término fue acuñado por la académica y activista Kimberlé Crenshaw en 1989, para describir cómo las mujeres negras experimentan tanto el racismo como el sexismo de forma simultánea, y cómo estas formas de discriminación no se pueden entender de forma aislada, sino que interactúan entre ellas.
Un ejemplo clásico que se utiliza es el de una mujer negra que puede enfrentarse al sexismo por ser mujer y al racismo por ser negra, y ambas formas de discriminación no se suman simplemente, sino que se mezclan creando una experiencia única de opresión.
Así pues, la interseccionalidad nos ayuda a ver que las luchas por la igualdad no pueden abordarse en compartimentos separados. No basta con luchar sólo contra el racismo, el sexismo o la homofobia; hay que tener en cuenta cómo estas dinámicas de poder se crean en la vida de las personas. En resumen, la interseccionalidad subraya la importancia de considerar todas las identidades y experiencias de una persona al analizar la injusticia o la desigualdad, porque la discriminación y la opresión no operan de forma independiente.
Una ideología que destruye
La cuestión es ¿por qué se necesita esta visión tan basada en las identidades, que ya constituye una ideología en sí misma, si ya disponemos en el estado de derecho de una concepción mucho más completa basada en la dignidad y los derechos humanos, que ofrecen marcos amplios y generalmente aceptados para abordar cuestiones de justicia, igualdad y protección de las personas?
Estos conceptos están consagrados en muchas constituciones y tratados internacionales, y tienen un enfoque integral sobre la naturaleza humana, reconociendo que todos los individuos merecen respeto y protección por el simple hecho de ser personas.
Los derechos humanos, tal y como están consagrados en las constituciones y en los marcos legales, proporcionan un enfoque universal para la protección de la dignidad humana y la igualdad. Los derechos humanos se basan en que todos los seres humanos tienen un valor inherente que debe ser respetado y protegido, sin discriminación, lo que constituye una base firme y clara para combatir la desigualdad. Sin embargo, la interseccionalidad fragmenta y subjetiviza en experiencias personales la condición esencial de dignidad humana.
La dignidad humana es la piedra angular de los derechos humanos, y todos los derechos se derivan de esta premisa fundamental. Desde esta perspectiva, los derechos de cualquier persona deben ser protegidos de forma equitativa, sin necesidad de segmentar en base a identidades o experiencias personales. Esto asegura que toda persona sea reconocida como igual y se eviten divisiones innecesarias entre grupos.
La interseccionalidad hace hincapié en experiencias particulares de opresión, lo que fragmenta al sujeto universal de los derechos humanos. Se dice que el objetivo de la interseccionalidad no es fragmentar, sino visibilizar cómo el enfoque genérico de los derechos humanos esconde estas realidades. Es como si la realidad fuera una cuestión de ideología, y no de capacidad para examinarla sin sesgos ideológicos. Es como si no existiera una traducción concreta en los desarrollos legislativos sobre condiciones laborales, sociales, de raza, género, etc.
La idea de que los derechos humanos, por su universalidad y aplicación legislativa, ocultan unos derechos frente a otros, no deja de ser perversa y reaccionaria.
El supremacismo cultural de la progresía estadounidense
En realidad, esta visión de la interseccionalidad, como indica, surge en un contexto muy concreto, en Estados Unidos, para abordar las desigualdades a las que se enfrentaban las mujeres negras. Esto puede llevar a que este concepto no sea siempre aplicable en otros contextos sociales, ya que responde a dinámicas particulares de ese país.
Este hecho refleja una pretensión universalista de los conceptos que surgen de Estados Unidos, que comporta un supremacismo implícito, un imperialismo cultural. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha exportado sus enfoques culturales, políticos y académicos con una influencia global significativa, a menudo de forma desequilibrada. La interseccionalidad, nacida de ese entorno, forma parte de esta tendencia de imponer categorías. Está estrechamente relacionada con la ideología woke, una tendencia hacia la politización extrema de la identidad y la fragmentación social.
Desde esta perspectiva, las ideas que buscan una hipervisibilidad de las diferencias personales podrían considerarse divisivas, haciendo hincapié en las particularidades en lugar de lo que une a las personas, como la dignidad humana común.
La interseccionalidad es un concepto frágil si se analiza desde una perspectiva crítica que favorece un enfoque universalista basado en la dignidad y los derechos humanos. Las ideas que fragmentan en demasía la identidad humana, especialmente cuando son exportadas desde contextos específicos, constituyen una imposición cultural o ideológica.
¿Por qué la Generalitat dedica recursos a esa moda?
A la vista de todo esto, alguien debería explicar por qué la Generalitat debe dedicar ingentes cantidades de dinero a esta moda estadounidense. Horas y horas de trabajo perdidas para formarse en interseccionalidad, en lugar de aprender bien cómo atender a los ciudadanos de acuerdo con las obligaciones, normas y leyes concretas que existen, pero que se vulneran sistemáticamente.
Es un ejemplo más de cómo las ideologías progresistas, importadas por la moda de cada momento, destruyen el buen gobierno y rompen con un principio esencial: el gobierno no puede adoctrinar. No puede imponer la ideología que le guste en un momento determinado, ni a los ciudadanos, ni a los funcionarios, ni a los alumnos, ni a nadie.
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