La noticia no ha ocupado las primeras páginas de los grandes medios de comunicación europeos, que se han centrado en subrayar que el presidente chino y el primer ministro indio han expresado a Vladimir Putin su «preocupación» por la situación en Ucrania.
Sin embargo, Pekín y Moscú han presentado esta semana el proyecto de una nueva tubería de gas llamada «Power of Siberia 2», que transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas ruso cada año en China.
No sólo no se trata de un volumen máximo muy parecido al del ya difunto Nord Stream 2 con Alemania, sino que Rusia ha anunciado que el origen de este gas serían las mismas reservas que hasta ahora abartan Europa.
Evidentemente, no es una solución que ofrece a Rusia ingresos multimillonarios inmediatos: las obras no empezarán hasta 2024, y el gas no circulará por el «Power of Siberia 2» hasta 2030.
Ni Rusia está aislada, ni Europa es un cliente indispensable
Pero el anuncio deja en evidencia una vez más que ni Rusia está aislada, ni Europa es un cliente indispensable. El futuro gasoducto se sumará a su hermano mayor, Power of Siberia 1, que fue inaugurado en 2019 antes de la guerra de Ucrania y que se abastece de yacimientos que no estaban destinados a Europa
Y mientras Rusia prosigue más rápidamente que nunca su pívot hacia Asia (para utilizar la expresión del expresidente estadounidense Barack Obama), Europa juega a un juego cada vez más peligroso para asegurar el suministro energético a medida que el invierno se acerca.
El plan que la Comisión Europea ha presentado para reducir los costes de la energía de forma artificial no convence ni a los sectores empresariales, que lo ven demasiado vago, ni a varios estados miembros, que apuntan a que falta una flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de cada mercado interno.
Las propuestas presentadas por Bruselas incluyen 140.000 millones de euros en impuestos extraordinarios a los productores de energía. Una suma que sería redistribuida seguidamente entre particulares y empresas, así como una reducción obligatoria del consumo de electricidad en horas punta.
Se trata de un plan que está por discutir. La reunión de los ministros de energía de los 27, en la que el paquete de medidas debería aprobarse, está fijada para el 30 de septiembre.
Numerosas empresas, y en particular las que necesitan energía de forma intensiva, como las industrias pesadas y de bienes de consumo, ya se han declarado contrarias, aduciendo que las medidas no tendrán ningún efecto visible en los precios. En Europa, sectores como el del aluminio y el acero han tenido que cerrar plantas de producción porque no podían hacer frente al alza de precios.
Europea Aluminium, la asociación industrial del sector, ha advertido de que las medidas de Bruselas «no salvarán a la industria del aluminio de más paros en la producción, de la pérdida de puestos de trabajo y posiblemente de un colapso completo «.
En cuanto a los gobiernos de los 27, algunos quieren que la reducción del consumo energético, que la Comisión propone que se sitúe en un 5% en los picos de demanda, sea voluntaria. Otros se preguntan cómo cuenta Bruselas identificar los picos de demanda.
Luxemburgo, Lituania y Letonia, importadores netos de energía y que no disponen de producción propia, han advertido de que si no reciben dinero de sus vecinos que sí lo producen, no podrán beneficiarse del impuesto extraordinario en el sector.
Pero el principal problema del plan de Bruselas es que la historia ha demostrado que las manipulaciones públicas de la oferta y la demanda nunca contribuyen a ajustar los desequilibrios, sino que suelen acabar incrementándolos. El ejemplo del colapso de la Unión Soviética y su economía centralizada con control de precios debería servir de precedente.
También cuesta entender que, con una inflación disparada, la Comisión proponga nuevas subvenciones a particulares y empresas, mientras que si hemos llegado a la situación actual, es precisamente por un exceso de oferta monetaria que ha reducido el valor del dinero.
En definitiva, el plan de la Comisión Europea, en lugar de resolver la cuestión de fondo, de naturaleza productiva, corre el riesgo de acelerar aún más la inflación.
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