Es un secreto a voces que los fondos de recuperación no están funcionando bien. No es ninguna sorpresa. Con los fondos ordinarios de la UE que se reciben cada año, España es uno de los países que en peor y menor cuantía los ejecuta.
Con este precedente era difícil creer que el alud de dinero que representan los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tendrían una gestión adecuada. La situación ha llegado a un extremo tal que España corre el riesgo de que Bruselas adopte la situación de recortarle parte de estos fondos. El resultado se verá en el examen final que Bruselas llevará a cabo en diciembre, cuando también se conocerán las normas que regulan esa posible penalización.
Hasta ahora los fondos comunitarios no eran objeto de castigo alguno en el caso de no realizarse. Como mucho podía haber un no recibir el dinero para una determinada cuantía y actividad si ésta había sido mal tramitada, pero en ningún caso penalizaba sobre la cifra total de la que podía disponer. Ahora ya no será así.
Los problemas que tiene España son de distinta índole. Por un lado, existe el capítulo de las reformas porque los fondos están conectados también con condiciones de mejoras estructurales. Una de las más importantes es la de las pensiones, y en estos momentos las modificaciones que ha introducido el ministro Escrivá no parecen convencer a Bruselas.
Un segundo problema, éste ya directamente conectado con los fondos, es que después de un año y medio de su funcionamiento todavía no está operativo el sistema de control. Este hecho significa que, al menos, de toda la parte más gestionada por las comunidades autónomas no se dispone de información centralizada.
La tercera cuestión, la que es más de dominio público, se debe a que el dinero no está llegando a las empresas por culpa de la pesada gestión burocrática. Por último, algunos de los PERTES diseñados no se ajustan bien a la realidad. Es lo que ocurre en el caso de Nissan.
Después de que la empresa automovilística abandonara los terrenos y la planta de la Zona Franca, sólo queda «vivo» un único candidato. Es el consorcio D-Hub formado por dos empresas catalanas (QEV Technologies y BTech) que quieren iniciar una fábrica para producir a medio plazo 100.000 vehículos eléctricos y que podría recuperar progresivamente hasta un millar de los antiguos trabajadores de la empresa japonesa.
No es una solución completa por el agujero negro que ha dejado el abandono de Nissan, pero es una solución suficientemente satisfactoria y además es la única que hay sobre la mesa.
Este consorcio solicitó del PERTE (Proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para el vehículo eléctrico y conectado, 150 millones de los 300 millones que calculan que necesitan para el proyecto. Se han otorgado 107,8 millones a fondo perdido. No es la cifra pedida, pero sí que son suficientes para que el proyecto salga adelante.
El problema no viene por ahí, sino por las condiciones del aval bancario que necesitan presentar ante el ministerio. El compromiso por parte de las entidades financieras que participaran no es pequeño porque aceptan garantizar el riesgo del proyecto durante 3 años y medio, con lo que puede significar cambios en los gobiernos o bien que la Comisión Europea no considere adecuada la ejecución. Esto hace que el aval a 15 días de finalizar el plazo todavía no exista.
La mayor dificultad se debe a la dimensión que debería tener y este problema se conecta con el diseño del PERTE, que obliga a que el 90% del dinero concedido sea entregado el primer año. Pero como este proyecto, al igual que muchos otros, se despliega progresivamente en el tiempo, el consorcio no necesita tanto dinero el primer año y, por tanto, el aval sería de entrada mucho menor si se ajustara a la realidad de la inversión que llevarán a cabo durante los primeros 12 meses.
El problema radica en que la regulación del PERTE obliga a aceptar ese 90% y no admite una regulación progresiva más adaptada a la realidad del proyecto. Este caso lo subrayamos porque apunta a un punto sensible de la industria catalana, pero ni mucho menos es el único en el que se repite el problema de que el diseño llevado a cabo por la burocracia no se ajusta bien a la realidad de los proyectos empresariales.
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