Family Act. La ley de la familia que este país necesita

La atención que la campaña electoral ha dedicado a la natalidad y a la familia es marginal, aunque significa uno de los problemas más graves que sufre nuestra sociedad al situar en la incertidumbre nuestro futuro productivo. Es público y notorio que España carece de nacimientos y es muy grave que nos hayan instalado en una situación en la que mueren más personas de las que nacen y se apele al recurso de la inmigración masiva de baja productividad para aparentar una falsa solución.

Este problema es tan señalado que la prestigiosa revista The Lancet  ha publicado un estudio en el que sitúa a España como uno de los países del mundo que sufre una grave crisis demográfica. Otros son Japón e Italia, pero este último país ha reaccionado ya con el gobierno Meloni.

Cabe recordar que la tasa de fecundidad española es sólo de 1,19 y está incluso por debajo de la europea de 1,53 que también es baja y alejada de la correcta relación de 2,1 hijos por mujer (15) (45 años), pero en Europa existe la voluntad política de afrontarlo con importantes ayudas a la familia y a la natalidad como es bien conocido en los casos de Suecia y Francia, y más recientemente el exitoso modelo de Hungría al que ahora se ha añadido Italia.

Pero los gobiernos españoles permanecen indiferentes. España sólo dedica el 1,3% del PIB a ayudas a la familia y a la infancia, mientras que la media europea (países de mucha menor renta como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria…) es del 2,2%. España invierte un 40% menos de forma sistemática que la media europea. De los 18 euros por persona que España dedica a gasto social, sólo 1 euro es para la familia y la infancia. Francia, el país vecino, dedica cerca del 4%, y da ayudas que superan los 900 euros por hijo a la vez que el 92% de las guarderías son gratuitas. Otros países ofrecen también prestaciones más generosas y flexibles que las españolas.

Y en ese contexto surge la Family Act italiana impulsada por el gobierno Meloni. Una ley integral que busca relanzar la natalidad y mejorar la calidad de vida de las familias italianas. Algunas de las medidas que establece esta ley es la ayuda universal de 50 a 180 euros por hijo al mes en función de la renta y hasta que cumple 21 años, o más tiempo si está estudiando o tiene discapacidad. También una mejora sustancial de los permisos por paternidad para favorecer el empleo femenino y la conciliación familiar.

Una medida muy importante es que se eliminan los impuestos a las familias que tienen al menos 2 hijos. En total, la previsión es que signifique unos 7.000 millones de euros al año en que el gobierno italiano quiere financiar recurriendo en parte a su plan nacional de recuperación y resiliencia. Otra parte mediante los fondos sociales europeo plus (FSE+) de la UE, que es un instrumento financiero cuya finalidad es apoyar el empleo, la inclusión social y la educación. Una tercera pata serían los propios recursos.

El contraste con el caso español es extraordinario porque de toda la multitud de recursos que llegan de la UE en ningún momento el gobierno ha pensado en elaborar ningún proyecto que tenga como destinatario a la familia y los hijos. Y esto es una irresponsabilidad extraordinaria. No sólo eso, sino que las fuerzas sociales y políticas que apoyan al gobierno Sánchez, y que la propia institución estimula, tienen una cultura que no ve con buenos ojos la maternidad porque no se ajusta al patrón del feminismo de género que propagan. Basta con ver el énfasis que se pone sobre formas de vinculación familiar muy atípicas y numéricamente marginales, mientras que el grueso central, la familia formada por un hombre, una mujer y su descendencia, están borrados de toda preferencia política y de todo elogio cultural.

España ha comenzado la inmersión en un agujero negro del que será cada vez más difícil salir en la medida en que el tiempo transcurra sin haber adoptado políticas como las que ejemplifica la Family Act italiana.

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