Los datos de la encuesta de población activa dan una idea de la destrucción causada por la política seguida por el gobierno español para afrontar la Covid-19. Hay 350.000 parados más y la tasa se sitúa ya en un 16,26%. La mitad del empleo destruido con el confinamiento no se ha recuperado y el 20% de los trabajadores está en paro o en un ERTE.

Este es el fruto de la experiencia pasada, pero a pesar de la devastación creada, nuestros gobernantes no parecen haber aprendido mucho, porque ahora entra en juego un nuevo estado de alarma al haberse descontrolado la Covid-19. Un estado de alarma que permite confinamientos perimetrales, que ya se aplican, cierres de sectores completos, como hace Cataluña con la hostelería, e incluso confinamientos domiciliarios.

A todo esto se le añade la confusión cotidiana que generan los mismos gobernantes fruto de la heterogeneidad de las medidas que aplican y de la confusión de sus mensajes que distorsionan mucho la actividad económica. El último ejemplo es tan reciente como el de este martes 27 de octubre en el que por una parte, y a lo largo de bastantes horas, las empresas catalanas se vieron sorprendidas con el anuncio del Consejero de Trabajo, de Asuntos social y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, que anunció que decretaba la obligación de que los trabajadores teletrabajaran. La portavoz del gobierno y el consejero de Empresa lo desmintieron indicando que no se disponía de las competencias para tomar esta decisión y que sólo se podía recomendar. Después, el secretario general de Trabajo intentó recomponer el papelón de El Homrani, afirmando que desde el punto de vista sanitario había el deber de promover el teletrabajo. Y para acabarlo de arreglar el subdirector de programas de Protección Civil hizo una declaración leyendo la norma en la que se indica que en todo caso se dará prioridad cuando sea posible al teletrabajo. Como además intervienen otros factores, como los sindicatos, y no existe ninguna norma reguladora clara porque todo va a golpe de declaración, la confusión reina entre las empresas. Es un ejemplo de lo que no debe ser, porque además incide en una población que empieza a estar cansada de las restricciones y de las normas cambiantes que pueden pasar en el espacio de una semana, como también ha sucedido en Cataluña, que de autorizar nuevamente la apertura de las salas de fiestas y discotecas, ha pasado a mantenerlas cerradas, añadiendo bares y restaurantes.

Nadie discute la necesidad de frenar la pandemia, pero a la vez es necesario reclamar una explicación clara y concreta de cómo hemos vuelto a llegar hasta aquí. Porque si esto ha sucedido significa que todo lo que se ha estado haciendo por parte de las administraciones desde el verano no funciona. Hay que decirlo en términos muy concretas. Ni el gobierno español ni la Generalitat, a parte de otras comunidades autónomas, muestran tener la capacidad, los conocimientos, la eficacia para controlar la epidemia, ya no digamos reducir. Y esto es muy grave porque si no lo resuelven, estaremos dentro de un círculo vicioso continuo porque la realidad es que el problema va para largo y si tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, es necesario que dispongamos de un gobernante que sepan qué hacer en lugar de ir de derrota en derrota hasta la catástrofe final.

Un segundo aspecto de la cuestión, y que no es menor, es que todo esto se pretenda hacer en el marco de una declaración de alarma de medio año de duración que es literalmente un abuso de la ley, y significa un deterioro brutal del estado de derecho porque durante este plazo, si es que se acepta, el control sobre lo que hagan los gobiernos será prácticamente nulo ya que el papel del Parlamento o del Congreso para controlar lo que se haga en esta materia central de lucha contra la pandemia no se verá hasta el mes de mayo del año que viene. No hay ninguna razón científica ni técnica que justifique este periodo. Sólo por la comodidad de los que gobiernan, que contraria a la exigencia del control democrático. Si se lleva a cabo como lo ha planteado Sánchez, la democracia quedará fuertemente tocada en este país y se habrá generado un precedente extraordinariamente peligroso.

Y aún quedaría un tercer aspecto: es imposible salir bien de esta crisis si no crece la conciencia social, el capital social, que hace que la población, la inmensa mayoría, sea militante y activa para impedir que el coronavirus prospere . Los ejemplos de Japón, Corea y Taiwán están a la vista. Sus magníficos resultados son la combinación de unos gobiernos que saben gobernar y una población que tiene conciencia plena de sus deberes y los cumple.

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