Estado de alarma… ¿ilimitado?

El gobierno español ha hecho pública su intención de establecer un nuevo estado de alarma que sería el quinto y en teoría el último. Pero hay que fijarse en la letra pequeña de las declaraciones del gobierno, porque todo apunta a que sería «probablemente el último» en un horizonte que sitúa el final a «finales de junio, primeros días de julio» con la idea de que la última prórroga sea de más o menos un mes. Leído con atención se constata que no está claro cuándo puede finalizar este periodo tan largo, de tres meses de excepcionalidad constitucional.

Que ahora se pida un mes, en palabras de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, es porque de esta manera «pueden organizarse mejor» y «dar más tranquilidad a los ciudadanos». Si es así, no se entiende por qué no establecieron propuestas de plazos más largos desde el inicio, si es que realmente permite una mejor organización y reducir la incertidumbre de los ciudadanos.

Pero la idea de que «probablemente» será el último pesa mucho. Porque todo este discurso, que no tiene otra finalidad que conseguir una nueva prórroga del Parlamento, hay que situarlo en contexto. Y este nos dice que, de acuerdo con los primeros resultados del estudio sobre inmunidad a la población española, que está llevando a cabo el gobierno, sólo el 5% de la población está inmunizada. Esta es una cifra realmente muy baja, porque significa que la inmensa mayoría es susceptible de ser contagiada, y por tanto las posibilidades de nuevos brotes son patentes.

Asimismo, hay que considerar las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que el virus ha venido para quedarse entre nosotros, al menos previsiblemente. La OMS obviamente no es Lourdes, como ha demostrado muchas veces, pero es una observación que no se puede descuidar. También el asesor para la pandemia del presidente Trump, el muy respetado Fauci, ha declarado que no habrá vacuna a corto plazo.

En este escenario con posibles rebrotes, aunque sean menos virulentos, y un problema que ya no es de un año, no es viable en ningún caso que la estrategia de lucha contra la pandemia del gobierno se fundamente en la excepcionalidad constitucional reiteradamente aplicada y el confinamiento a escala masiva. Si nos situamos en este círculo vicioso, es indudable que las instituciones democráticas y la economía del país se derrumbarán. Un gobierno y unos partidos que suelen funcionar al margen de las normas legales entran en una pendiente deslizante. Y si ahora encuentran normal que la comisión de expertos sea clandestina cuando existe la obligación legal de que sea pública, se consideran legitimados para gobernar mediante decretos ley y se cierra el Portal de la Transparencia, el único canal que permitía recoger la obligación legal de información del gobierno, resulta evidente que el sistema falla, y que cada paso que se da para alargar el estado de alarma es un paso que retrocede el estado de derecho.

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