Nadie puede llamarse a engaño, y menos la escuela concertada, porque el consejero de educación Josep Bargalló ha manifestado, desde el inicio, su predisposición a utilizar todos los mecanismos que están en sus manos para asfixiar a la escuela concertada, y de manera particular a la escuela cristiana, que es la más numerosa.
Esta es la posición de Esquerra, por muy católico que se declare su líder Junqueras, y a pesar de que se trata de un gobierno de coalición con JxCat, que, como heredero de Convergència, defiende la escuela concertada. Además, el presidente de la Generalitat, que es en definitiva quien tiene la última palabra, pertenece a esta última formación.
De acuerdo con esta lógica, el conflicto no debería haberse producido. Pero la realidad es que la tarea de acoso y derribo seguida por el Departamento de Educación de la Generalitat ha continuado, culminando ahora en el proyecto de Decreto que regula las condiciones de admisión de los centros, y que ha dado lugar a una verdadera insurrección de todos los sectores de este modelo de enseñanza.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las restantes organizaciones de la escuela concertada, así como Units, el partido sucesor de Unió Democrática, y e-Cristians, han promovido la recogida de impugnaciones a este proyecto, hasta un total cercano a las 50.000.
¿A qué se debe esta total oposición? Pues a que, si prosperara esta normativa, dejaría definitivamente tocados de muerte a los centros concertados. Sería así porque, en primer lugar, el proyecto recoge que los centros han de asumir una parte del alumnado que procede de medios económicamente desfavorecidos. De hecho, este es uno de los acuerdos que toda la comunidad educativa, incluida la enseñanza concertada, estableció como consecuencia de la iniciativa del Síndic de Greuges, a fin de conseguir un sistema educativo más inclusivo. Pero lo que establecía a la par el acuerdo era que se habilitarían los recursos económicos necesarios a fin de compensar los costes de estos alumnos. Esto es así porque la enseñanza concertada se basa en un funcionamiento que, de forma deliberada, no recoge el coste real por plaza, el equivalente a un centro público, sino sólo una parte de éste, que se sitúa entre el 65 por ciento y el 75 por ciento. El resto lo abonan los padres en forma de aportaciones, que naturalmente no pueden realizar las familias que viven con dificultades económicas.
Si los centros concertados deben integrar a estos nuevos alumnos a coste cero, muchas escuelas serían difícilmente viables, y otras deberían multiplicar el coste actual que soportan los padres. En otras palabras, en el sistema educativo, la gratuidad de la enseñanza hasta la secundaria sólo es real en los centros públicos. Si los padres quieren ejercer el derecho a la educación moral y religiosa de sus hijos en escuelas con idearios acordes a los mismos han de pagar un peaje.
Ahora Bargalló persigue que a una desigualdad se le añada otra, vulnerando los acuerdos firmados. De ahí la poderosa reacción de los padres y profesores de estas escuelas.
Pero el proyecto de decreto aún abusaba más, porque pretendía que el número de plazas concertadas se determine antes de saber cuántas familias quieren matricular a los hijos en este tipo de centro, lo cual obviamente recorta la libertad de los padres a escoger escuela. El por qué el número de plazas concertadas no se determina según la demanda sino a priori, es una manifestación más del intento, año tras año, de provocar la asfixia económica y de alumnos de estos centros.
Finalmente, el proyecto de decreto persigue liquidar la escuela diferenciada, a pesar de que la jurisprudencia española establece la constitucionalidad de este tipo de centros, donde chicos y chicas son escolarizados en escuelas diferentes.
La iniciativa del consejero de educación también vulnera la Ley de Educación de Cataluña, que establece que la Administración ha de financiar el coste de la plaza de los alumnos.
Para generar más confusión, Junts per Catalunya, ante la gran polémica generada, formuló una declaración que, con el largo título Frente la polémica generada en torno a la tramitación por parte del Departamento de Educación del Decreto de admisión y el Decreto de Conciertos Educativos, desde Junts per Catalunya queremos hacer las siguientes consideraciones, afirmaba entre otras cuestiones que:
La escuela concertada representa por su dimensión, trayectoria y compromiso social un valor añadido que genera grandes oportunidades para el sistema educativo en su conjunto. Sería bueno empezar a superar la dicotomía público–concertado por una visión más global y compartida.
Asimismo, reconoce que el acuerdo sobre un sistema escolar inclusivo comportaba la financiación por parte de la Generalitat: El pacto contra la segregación escolar que impulsa el Síndic de Greuges va precisamente en esta línea. Aplica rigor en el diagnóstico afirmando que la segregación, especialmente por motivos económicos, se produce tanto en la concertada como la pública y que, para conseguir la corresponsabilización de todos los centros, públicos y concertados, es imprescindible abordar el problema de infrafinanciación del sistema.
Y reiteraba la necesidad de aportar los recursos necesarios:
Las medidas que propone el Pacto y los cambios normativos que implica el nuevo Decreto de admisiones que propone el Departamento de Educación obvia dos necesidades básicas que hay que garantizar para su correcta implementación:
- Dotar a todos los centros educativos, públicos y concertados, de las herramientas y recursos necesarios para que puedan hacer efectivas las medidas propuestas.
- Garantizar la participación de todos los actores que forman parte del Servicio de Educación implicados en la programación de la oferta educativa.
En definitiva, dando la razón en todo a la escuela concertada frente al intento del conseller Josep Bargalló.
¿Cómo es posible que un partido de gobierno, ERC, lance una iniciativa de este calibre sin previamente acordarla con el otro socio? La conclusión no puede ser más evidente. Se trata de dos gobiernos en uno, en el que cada cual se mueve a su aire. La confusión no puede ser más grande. En realidad, si el proyecto prospera, Torra quedaría totalmente desautorizado como Presidente porque él es, en definitiva, quien tiene la última palabra para que se apruebe tal y como está, o, por el contrario, escuche el alud de impugnaciones, y adopte los compromisos necesarios con la escuela concertada: aportar recursos económicos necesarios, eliminar los límites a la preinscripción y dejar en paz, como sucede en toda Europa, a la escuela diferenciada.
De esta manera, el derecho de los padres a la libre elección de centro de acuerdo con su ideario, y el futuro de la escuela concertada, se juegan en torno a un decreto entre dos teóricos aliados que compiten duramente ante las próximas elecciones que se llevarán a cabo antes del verano.
