El artículo 14 de la Constitución española establece la igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos ante la ley, principio que ha sido avalado al menos por dos sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la práctica no es así y cada vez más, sobre todo desde los gobiernos de Zapatero, y ahora ya de una forma mucho más acentuada con el de Sánchez, las leyes establecen desigualdades de hecho o bien la actuación del ejecutivo es quien las determina, utilizando su potencial de arbitrariedad, algo relativamente fácil dado que la fiscalía es un instrumento del gobierno. El Defensor del Pueblo está ocupado por otro militante del partido socialista que actúa como tal y la justicia es lenta y no garantiza suficientemente los derechos de los ciudadanos.
Este trato asimétrico se manifiesta en muchos aspectos. Por ejemplo, en el de las viviendas, donde existe todo un proceso ideológico con traducción legal que tiende a paralizar a los propietarios y que ha facilitado y ha permitido un desarrollo insólito en un estado de derecho, de las okupaciones y de los negocios a ella vinculados. Es uno de tantos casos.
Pero seguramente en el ámbito donde se concentran más arbitrariedades es el relacionado con las políticas feministas y de género. Todo empezó con la ley LO 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de Rodríguez Zapatero, y debía ser la panacea para evitar la violencia, no contra la mujer en general, sino centrada sólo en la que se producía en las relaciones de pareja. El foco lleva 18 años centrado en este mínimo espacio de expulsar otras violencias también sobre la mujer, pero que no nace de su pareja, y ha vetado entrar en otros tipos de agresiones muy extendidas que se dan en el seno de relaciones familiares, como son los abusos sexuales a niños y el maltrato de personas mayores.
El feminismo ha declarado tabú la violencia intrafamiliar, una incongruencia enorme que sólo hace que beneficiar a Vox. Cuando los gobiernos actúan de forma tan sesgada, los efectos colaterales son múltiples. Por ejemplo, se evita entrar en la pederastia a base de situar a las personas vinculadas a la Iglesia como chivo expiatorio centrando el foco en ellas y dejando en la oscuridad al resto, el 99,5% de las víctimas.
A partir del punto de inflexión de esa gente, se han ido acumulando las medidas que priman la desigualdad. Por ejemplo, la aplicación de recursos económicos y de medios humanos en torno a ese tipo de delito, de violencia de género, significa un desequilibrio abrumador en relación con los recursos que se dedican a otros delitos tanto o más graves y mucho más numerosos, pero que no forman parte de la simbología del feminismo.
Ahora mismo estamos viviendo un caso más de esa arbitrariedad estatal. De nuevo el gobierno español ha reiterado la práctica del indulto para una mujer, María Sevilla, responsable de la asociación Infancia Libre, y condenada por sustracción de menores a causa del secuestro de sus hijos. Esta persona no sólo no se ha arrepentido del delito probado y condenado, sino que ha hecho bandera con el apoyo de miembros destacados del gobierno. La ministra Montero no se ha estado de celebrar este indulto como una victoria del feminismo. No hace tanto tiempo un caso parecido se produjo con otra mujer mediática, con apoyo del feminismo gubernamental, que desobedecía sistemáticamente las órdenes del juez de entregar a sus hijos al marido como le correspondía. Y fue condenada, cumplió prácticamente una parte de la condena en casa por graciosa generosidad de la instancia judicial y terminó siendo indultada. Hay que añadir que en este caso, como el marido era italiano, la justicia italiana falló dándole la razón. Son arbitrariedades flagrantes porque cuando la situación es la inversa, cuando es el hombre el que incumple, acaba en prisión, pero además esta generosidad “gubernamental” con el incumplimiento de la ley por parte de determinadas mujeres hace que el delito de secuestro parental crezca de forma exponencial. La fundación ANAR señala que sólo en este último año este tipo de delitos han crecido un 48,5%.
En definitiva, nos encontramos ante un gobierno que no tiene el menor respeto por la ley y vivimos en la indefensión política por la colonización de las instituciones que deberían protegernos. Si a esto le añadimos que el actual PP considera que todas estas historias son “cortina de humo” y sólo se dedican a la economía (y a la disputa con el catalán), el resultado para los ciudadanos normales de este país es realmente bien desafortunado.
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