La nueva ley de enseñanza de la ministra Celaá confirma la crisis educativa que vive España desde hace décadas, y la acentúa. Cada cinco años de media se produce una nueva ley educativa. Un alumno que comience sus estudios puede haber sido sometido hasta a tres leyes diferentes al terminarlos. Es la consecuencia de la práctica que hace que el nuevo gobierno derogue la anterior ley y sin consenso elabore una nueva que, a su vez, será arrinconada cuando la oposición se convierta en gobierno.
En esta ocasión la falta de consenso ha sido muy acentuada porque no se ha aplicado sólo en el ámbito político, sino que se ha extendido a la comunidad educativa, que por la forma acelerada en cómo se ha conducido la ley, no ha sido invitada a comparecer. Por lo tanto, es una legislación que se hace sin tener en cuenta la opinión de las escuelas, de la academia, de las organizaciones profesionales de maestros y profesores, ni siquiera los padres. Ha sido cocinada por la mayoría política estricta del gobierno.
La ley, si dura, tendrá importantes consecuencias en todos los ámbitos. En el marco actual de la crisis educativa española, las medidas que se aplicarán en términos de hacer desaparecer los repetidores a base de hacer desaparecer los suspensos comportarán axiomáticamente una pérdida de nivel educativo, que ya de por sí es bajo. El problema que tiene la universidad, que tiene que dedicar prácticamente el primer año a formar a los alumnos en las carencias que arrastran del bachillerato, se multiplicará. Eso sí, estadísticamente España dejará de tener, por ley, repetidores, y su comparación internacional mejorará de forma instantánea.
Pero una de las consecuencias más graves será la crisis de la enseñanza concertada que ha sido uno de los fundamentos de la educación. Por diversas vías este tipo de enseñanza tiene el futuro muy negro. Por un lado ya no habrá libertad de escoger centro porque la denominada «demanda social» ha sido liquidada. Tampoco podrán cobrar ninguna cuota y tendrán que aceptar forzosamente a los alumnos que les sean enviados de la pública, y todo ello con una financiación concertada que sólo llega al 65% del coste de la misma plaza en una escuela pública. Todo esto junto hace inviable la escuela concertada. También será muy difícil que se hagan nuevos centros, porque se prohíbe la cesión de suelo municipal para este tipo de escuelas. Su ideario quedará restringido porque la nueva ley trae una nueva serie de imposiciones de partido, ideológicas, que lo dañan. Todo ello conlleva a que el derecho constitucional de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa de sus hijos quede en nada. Este aspecto y otros, como el de la supresión en el concierto a la escuela diferenciada, son de dudosa constitucionalidad, y con toda certeza la ley será recurrida ante la más alta instancia judicial.
¿Podía haber ido de otra manera? Podía, si la enmienda transaccional para salvar la concertada concebida por el PNV y JxCat , y a la que el PP, Vox y Cs le dieron apoyo, hubiera prosperado. Pero esto no fue posible porque ERC se negó. En último término, los votos de ERC son los que han condenado a la concertada al fondo del pozo porque el bloque gubernamental sin su auxilio no lo habría conseguido.
Este nuevo escenario añade complejidad al futuro gobierno de Cataluña. ¿Es posible reeditar una coalición entre dos socios, JxCat y ERC, que manifiestan una diferencia tan radical en una cuestión crucial como es la libertad de enseñanza y los derechos de los padres?
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