La realidad política cruda y pelada de Cataluña es que está gobernada por la conjunción de fuerzas más izquierdistas de Europa, y sin contrapeso con un mínimo de significación, y menos aún de posibilidad, de alternativa.
El pacto cerrado ahora entre ERC y la CUP acentúa esta orientación, que ya era patente en la anterior legislatura: un gobierno que se sitúa a la izquierda mirando, no hacia el centro, como es habitual en Europa, sino hacia la extrema izquierda que significa la CUP.
Basta comparar los sujetos políticos del escenario catalán con los vecinos de Italia, donde la izquierda está representada por un partido, como el Demócrata, ahora dirigido por el ex primer ministro Enrico Letta que, trasladado a las coordenadas catalanas, debería corresponder a un dirigente de Unión Democrática, con quien por cierto, mantenían estrechas relaciones. El otro partido forjado como antisistema, el 5 Stelle, y ahora bajo la dirección del ex primer ministro Giuseppe Conte, gira también aproximándose hacia el centro sobre todo con su posición sobre Europa, sin abandonar su vocación de transformador social.
Nada de esto existe en Cataluña y lo manifiestan los acuerdos firmados con la CUP en los que destacan dos elementos que conllevarán más problemas y tensión. Uno la revisión de los Mossos hecha desde la perspectiva cupaire, lo que de entrada significará la liquidación de los proyectiles de foam y dejarán a los Mossos sin más instrumento de dispersión que sus cuerpos y sus defensas. Será la policía más desprotegida de Europa con diferencia. Cuando la tendencia general es dotar a los cuerpos policiales con instrumentos suficientes para diluir a los grupos más violentos que recorren Europa, y que tienen en Cataluña una destacada representación, el nuevo gobierno se orienta en sentido absolutamente contrario. El riesgo de que ante unos hechos multitudinarios los Mossos no puedan controlarlos, es evidente. Más cuando su dotación humana resulta ya de por sí escasa.
El segundo acuerdo es abrir la puerta a un nuevo 1 de Octubre en esta legislatura. El hecho de que esto forme parte del programa de gobierno ya de por sí solo cambia todo el escenario político, prescindiendo de si lo acaban realizando o no, porque, ¿cómo es posible, como quiere ERC, iniciar el diálogo con el gobierno español, comenzar con las actividades de la Comisión Bilaterales y de la Mesa de Diálogo, si uno de los objetivos de este gobierno es repetir un acto que ha sido considerado por la justicia española como delictivo y penalizado con dureza? ¿Cómo se puede resolver la situación de los presos manteniendo sobre el tablero la amenaza de un nuevo 1-O? Cabe recordar en este sentido un dato nada menor: todas las personas condenadas por los hechos de 2017 pertenecen a ERC y a JxCat, y no hay nadie de la CUP, excepto por temas de menor vuelo. Ahora, si se produjeran unos hechos equivalentes, volvería a suceder lo mismo, que los que se llevarían la respuesta más dura del estado serían los que están en el gobierno o presiden el Parlamento. Una situación que prácticamente no afecta a la formación antisistema.
El gobierno, sin embargo, está lejos de resolverse porque la negociación con el socio importante, JXC, está empantanada, y no está nada claro que quede lista para la fecha límite del próximo viernes. Junts no pactará si no obtiene una posición satisfactoria en el nuevo gobierno. Auxiliados por el poder institucional de Laura Borràs, podrían entrar en tiempo de descuento y asumir el límite de dos meses más, que darían pie a una convocatoria automática de nuevas elecciones. Pero por otra parte es difícil que JxCat soporte bien la presión de los sectores empresariales, a quien en definitiva en parte representa y que también piden un nuevo gobierno con urgencia. En cualquier caso la dependencia de la CUP, estratégica y parlamentaria, es patente. Es una consecuencia del problema de barreras y exclusiones que vive la política catalana, que acaba dando el poder a los extremos.Sin recuperar el espacio central de la política, la crisis de Cataluña está enquistada.
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