Entre el miedo a estigmatizar a los musulmanes y la presión para evitar nuevos actos violentos cometidos en nombre del Islam, el presidente francés ha propuesto una ley que no satisface casi nadie.
Francia ha vivido múltiples episodios violentos estos últimos meses, como el asesinato de un profesor cerca de París por haber mostrado caricaturas de Mahoma en clase, el ataque cometido por un islamista contra fieles dentro de una iglesia católica en Niza o una avalancha de amenazas de muerte contra una adolescente que había criticado agresivamente al Islam por internet.
Ante una presión social cada vez más fuerte para actuar, el gobierno de Macron anunció que preparaba una ley para combatir el extremismo islámico de forma más eficaz.
Al principio había un tono muy duro contra el Islam político y radical.
Tras la decapitación del profesor, Samuel Paty, Macron afirmó que Francia seguiría defendiendo la libertad de expresión y a las personas que publiquen caricaturas religiosas, lo que le valió llamadas al boicot y manifestaciones anti-francesas violentas en todo el mundo musulmán.
El ministro del interior francés, Gérald Darmanin, afirmó que «el islamismo es un caballo de Troya que actúa como una bomba de fragmentación para atacar a nuestra sociedad».
Esta frase se recoge en un libro titulado Separatismo islámico: manifiesto por el secularismo, concebido para acompañar la futura ley. Un título que denota la marcada aversión de la República Francesa por todo lo divino, y que considera como única solución posible para el entendimiento nacional, el abandono de la religión a la esfera estrictamente privada: la mal llamada laicidad.
Pero de hecho, lo que debía ser una ley para hacer frente a la cuestión del Islam radical se ha ido transformando en un texto que parece dirigirse contra todas las confesiones y tendencias.
De entrada, el texto no menciona ninguna creencia ni tendencia en concreto, sino que tiene como objetivo «garantizar el respeto de los principios republicanos». Como si fuera la religión en sí misma la que impidiera los deberes cívicos.
Se trata de un enfoque que tiene sus orígenes en la ley de separación entre el Estado y la Iglesia de 1905, y que bebe de las fuentes del anticlericalismo de aquel tiempo. La actual alergia francesa a la religión proviene de la fobia por parte de las izquierdas al catolicismo y su influencia social como eje.
De hecho, una de las primeras reacciones violentas contra el proyecto de ley provino paradójicamente de la extrema izquierda, tradicionalmente el portaestandarte de la laicidad. Su primera objeción al texto no fue otra que señalar … que el velo islámico es comparable al velo de una novia cristiana.
Otros diputados del partido Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon han llegado al extremo de afirmar que había que atacar al «separatismo católico».
Desviando la atención del problema real, la extrema izquierda se auto-caricatura para ganar votos islamistas en las banlieues, y acusan, tanto unos como otros, el proyecto de ley de «islamófobo».
Representantes de las principales confesiones en Francia, católicos, protestantes, judíos y musulmanes, han denunciado que la ley las pone a todas bajo la tutela del estado. Añade una nueva capa de restricciones y requerimientos administrativos, y prohíbe entre otras cosas la escolarización en casa.
El gran rabino de Francia, Haïm Kors, ha indicado que «hay que prestar atención a los efectos colaterales [de la ley] sobre las otras religiones, sobre todo si se tiene en cuenta que hay cultos que desde siempre han sido ejemplares hacia la República».
Finalmente, entre las derechas y la extrema derecha numerosos políticos piensan que el proyecto no es suficientemente duro. Marine Le Pen, que acaba de obtener en los sondeos electorales su mejor resultado de la historia contra Emmanuel Macron, se burla de un gobierno que no ha sido capaz de incluir el término «islamista» en el proyecto legal.
El principal riesgo de la ley tal y como está planteada es que acaben pagando justos por pecadores, y que el objetivo real, el islamismo, siga ganando influencia.
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