¿Los delitos de odio no se aplican a la extrema izquierda?

Actualmente, existe una gran sensibilidad política y mediática hacia lo que se ha denominado delitos de odio, pero sólo cuando éstos tienen determinadas víctimas y son causados ​​por determinados sujetos. Los delitos de odio parecen estar circunscritos exclusivamente a ciertos colectivos: por ejemplo, si la víctima real o presunta es una persona homosexual, transexual o inmigrante. Pero es obvio que esto no agota el reparto de esa execrable práctica.

El delito de odio se define como una infracción penal motivada por prejuicios contra una persona o grupo a causa de su pertenencia a un determinado colectivo. Específicamente, el artículo 510 del Código Penal español regula el delito de odio, estableciendo penas para aquellos que públicamente fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona por motivos de:

  • Raza, etnia o nación
  • Ideología, religión o creencias
  • Situación familiar
  • Sexo, orientación o identidad sexual
  • Género
  • Enfermedad o discapacidad

Sin embargo, en la práctica, esta definición tan amplia se ve circunscrita a lo políticamente correcto.

El pasado sábado, se produjo un grave incidente que terminó con la destrucción de una carpa informativa del partido Aliança Catalana. Pero lo que agrava aún más el asunto es que la agresión violenta contra los miembros que se encontraban fue de tal intensidad que uno de ellos tuvo que ser ingresado en el hospital.

Es un caso flagrante de delito de odio por motivos ideológicos, cometido de manera explícita, pública y notoria por personas de Arran, la organización juvenil de la CUP. Lo grave es que no sólo no lo ocultan, sino que lo justifican abiertamente, dando a entender que, de una manera u otra, los agredidos merecían la agresión por su ideología.

Este hecho ha tenido una escasa repercusión en los medios de comunicación, con la única excepción de la valiente columna de Josep Martí Blanch en La Vanguardia. Sin embargo, este episodio cuestiona gravemente el tipo de orden democrático que rige en Cataluña, así como el papel de la policía y los criterios de la Fiscalía.

Un silencio ensordecedor

Vamos por partes. Aún es hora de que los partidos políticos, y en concreto el que gobierna la Generalitat, el PSC, y su aliado Els Comuns, se pronuncien contra este hecho y se solidaricen con los agredidos. Y no por cuestiones ideológicas, sino por razones de humanidad.

Cataluña tiene una pésima memoria histórica en relación con la CNT-FAI y sus crímenes, que demostraron qué significa el odio ideológico y religioso. Por eso, habría que ser rigurosos en el rechazo absoluto a toda actitud y práctica que vuelva a incubar ese huevo de la serpiente.

También está por ver el papel de los Mossos d’Esquadra. Como cuerpo policial, y dado el carácter público y notorio de la agresión, el hecho adicional de que haya sido grabada y que los vídeos circulen por la red les obliga a intervenir. Éste no es un delito menor: acumula la condición de delito de odio, la destrucción de material y, sobre todo, la agresión física, que ha provocado lesiones tan graves que han requerido ingreso y estancia hospitalaria.

Es imprescindible que la policía de Cataluña informe de que realmente está actuando en este caso contra las personas y organizaciones que han perpetrado y justificado este tipo de proceder. Si no lo hace , quedará en evidencia que vivimos en un espacio donde una policía integral, como son los Mossos d’Esquadra, tiene una dirección política que le impide actuar al servicio de todos los ciudadanos.

Contrasta la falta de diligencia en este caso con la rapidez con la que intervienen contra personas que simplemente se encuentran en las inmediaciones de clínicas abortistas rezando en silencio, aunque se trata de grupos ínfimos de dos o tres personas.

Pero además de la naturaleza pública y notoria del delito, esto también interroga sobre la actuación de la Fiscalía, que tiene el deber de actuar de oficio cuando se produce un delito manifiesto, como es este caso.

La brutal agresión contra Aliança Catalana, independientemente de la simpatía que pueda despertar en cada uno de nosotros, cruza una línea roja que no se puede tolerar. Es además una prueba de toque sobre el estado de nuestra democracia, nuestra seguridad y nuestra justicia.

Y estas son muchas cosas a la vez, cosas que, para que sean válidas, no pueden limitarse a ser reclamadas sólo cuando benefician a “los nuestros”. Para que tengan sentido y podamos decir que vivimos en unas condiciones de democracia, seguridad y justicia, deben aplicarse a todos los efectos

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