La cuesta de enero será más dura que nunca porque todos los indicadores marcan en negativo, mientras que la esperanza para una rápida normalización gracias a las vacunas se va diluyendo y cada vez parece más difícil que se pueda recuperar una normalidad, aunque relativa, antes del verano, ya que el ritmo de vacunación lo hace imposible.
En la actualidad España sólo ha aplicado el 18,7% de las vacunas disponibles y aún ha sido menos, la mitad (9,3%), en Cataluña. En términos por 100 habitantes, España está situada en el 0,18%. Es una cifra muy pobre, claramente inferior a la italiana de 0,21% y no digamos ya a la alemana de 0,32%. Un grado de vacunación que en este último país está llevando a un duro debate político que ha supuesto una nueva aparición de Merkel que, como ha hecho en otras ocasiones, da la cara, aporta explicaciones y define nuevas medidas. Mientras en España, Sánchez está literalmente desaparecido y Illa actúa como un simple comentarista de la jugada como si no tuviera capacidad ejecutiva ni dependiera de él el plan, inexistente, de vacunación.
Cabe preguntarse dónde están los 13.000 puntos de vacunación que Sánchez anunció a principios de diciembre a bombo y platillo. El retraso en la vacunación es consecuencia de una insuficiente movilización de recursos y de previsiones, como muestran las diferencias entre CCAA. Es inexplicable que Asturias haya utilizado más de la mitad de las dosis recibidas, Galicia una tercera parte y Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de todas, casi un 30%. Mientras que Cataluña y su pregonada sanidad pública sólo ha alcanzado el 9% y Madrid ni siquiera llega al 6%.
La idea catalana de utilizar enfermeras que en su tiempo libre vacunen es un error de proporciones colosales. Primero porque limita la logística, ya que no son equipos a plena dedicación día a día, y segundo porque sobrecargan a un personal que ya bastante tensionado y que aún lo será más con la tercera ola.
Está claro que hay un punto de corporativismo público en todo ello que los responsables políticos no son capaces de romper. Hay muchos recursos infrautilizados que permitirían una gran vacunación. Es el caso de la disponibilidad de la medicina privada, que podría poner en marcha una campaña extraordinariamente grande en el caso de Cataluña porque normalmente atiende a más de 2 millones de personas. Hay también el recurso más utilizado de las farmacias, los mismos veterinarios, que en definitiva son los especialistas que tienen más experiencia en afrontar epidemias. Y eso sin considerar la oferta del ejército que no sería necesaria ni de lejos con todos estos otros elementos en juego. Hay una desproporción extraordinaria entre la magnitud del problema y la capacidad y voluntad de movilizar recursos. Estamos muy lejos, como siempre, de los ampulosos anuncios hechos en noviembre por Alba Vergés en el sentido de que 450.000 personas estarían inmunizadas durante el primer trimestre de 2021. Lo más espectacular de todo no es la comparación de la cifra dada con la realidad, sino que aquella era una revisión al alza de una previsión anterior que situaba la magnitud de los vacunados en 300.000 a mediados de abril .
Pero es que incluso con estas cifras, que ahora se ven difíciles de alcanzar, estaríamos a años luz de disponer de una inmunidad suficiente, en torno al 60% de la población, antes del verano. El resultado es un daño creciente y continuado en la economía que hará que el primer semestre de este año se sitúe una vez más por debajo de las expectativas de crecimiento. Vale la pena hacer una previsión de lo que esto puede conllevar. Lo haremos en una próxima información.
Por otra parte, las UCI catalanas son las que presentan un grado más preocupante de saturación, ya que un 37% están ocupadas por enfermos de la Covid-19, por delante de Valencia (35%), Baleares (35%), y Madrid (30%). Y eso antes de que se hayan producido las consecuencias de las fiestas pasadas. También la situación en las residencias ha empeorado y este es otro capítulo trágico sobre el que parece que nuestro gobierno no ha aprendido nada. En este momento una de cada 5 residencias presenta el SARS-CoV-2, y 81 están en semáforo rojo, es decir, en estado crítico. Una cifra que se ha doblado desde finales de junio.
Se ha dicho que la epidemia pone de relieve la importancia del estado; del gobierno central y de las autonomías, que también son estado. Es cierto, pero también lo es que su ineficacia tanto en Madrid como en Barcelona nos está causando un daño mortal y económico que es perfectamente evitable.
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