El sanchismo o la construcción del nuevo régimen (I)
El sanchismo comporta una serie de prácticas sistemáticas. Una de ellas es la polarización. El gobierno practica sistemáticamente la oposición a la oposición y convierte cualquier lógica discrepancia en antagonismo descalificador.
Por ejemplo, Sánchez, desde Colombia, en su reciente viaje a aquel país, declaraba, después de la aprobación del Decreto Ley sobre medidas energéticas, que había triunfado la política sana, dando así por descontado que todos aquellos que se oponen a dicho decreto son insanos. Las palabras que son oídas -con excepciones- tienen consecuencias, y en el caso de España la demonización de la oposición es una de ellas, y además muy peligrosa.
Otro ejemplo es el de la ministra de trabajo Yolanda Diaz que, desde que preside el podio político, ha pasado de ser un interlocutor dialogante con las partes sociales a calentar el ambiente, descalificando sistemáticamente a la CEOE. Esto no sucede porque sí, sino porque desde el primer momento Sánchez y su frágil mayoría considera que en un ámbito político donde impera el acuerdo y el diálogo, su fragilidad quedaría en evidencia. Solo reforzando los murallas y fosos que dividen, impide que sus votantes se diluyan, porque el problema del régimen es la desafección de sus teóricos beneficiarios. No es nada nuevo, todos los regímenes autoritarios modernos o postmodernos, necesitan que la disidencia y la oposición encarnen el mal y que en ningún caso sean vistos como otra forma de abordar las respuestas.
Junto con la polarización, la otra gran característica del sanchismo es la ocupación de todas las instituciones. No deben existir ámbitos independientes de la voluntad del presidente del Gobierno. El caso más escandaloso, es el de la Fiscalía. Por primera vez en la historia, la ministra de Justicia se transformó automáticamente en fiscal general del Estado.
La gran pieza a batir en este campo es garantizar una mayoría incuestionable tanto en el Tribunal Constitucional, como en el Consejo General del Poder Judicial, y esta es la batalla actual.
Digamos de paso que esta situación demuestra el estrabismo de la Comisión Europea, porque toda la vigilancia que aplica a Polonia y Hungría para que no se vulnere la independencia judicial, se vuelve ceguera y condescendiente en el caso de Sánchez y España. Y es que aquí juega otro aspecto de la cuestión, como es el trasfondo ideológico que une objetivamente al liberalismo cosmopolita y al progresismo de género. Pero este es ya otro tema.
El estado autoritario de leyes comporta necesariamente la liquidación del Congreso de los Diputados, y esto ya se ha producido por nuestra parte.
La covid permitió un ensayo general, que permitió gobernar sin control parlamentario durante meses y meses, que ha ido tomando cuerpo mediante uso abusivo de los decretos leyes. Esta figura jurídica pensada para casos de urgencia ha sido una tentación continua para todos los gobiernos de la democracia, pero Sánchez es el único que la utiliza de manera sistemática y continuada, como instrumento no de oportunismo político, sino de transformación institucional. Naturalmente, para que esto se produzca es necesaria la colaboración activa de otros partidos, porque está lejos de tener la mayoría, y el que lo logre señala la gravedad del problema y la endeblez de la democracia española. Sin la colaboración activa de Esquerra Republicana y del PNV, el nuevo régimen no se asentaría.
El último Decreto Ley, que en el imaginario popular ha quedado reducido al tema de las temperaturas en los edificios y las horas de iluminación, da una muestra del desmadre. El título, ya lo señala todo. Se trata del “Real Decreto ley 14/ 2022 de 1 de agosto de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro eficiencia energética y reducción de la dependencia energética del gas natural”. No me dirá que es normal que un solo texto legal incorpore cuestiones de orden tan distinto, y que al mismo tiempo esto se tramite como un decreto ley, es decir se presenta y se vota a sí o no sin posibilidad de introducir enmiendas.
El gobierno, al final, para conseguir aprobarlo se ha comprometido a un trámite posterior en el que se podrán introducir enmiendas, pero atención, esto no es lo mismo porque las medidas del Decreto ya estarán aprobadas, y en todo caso después se regateará en el Congreso retoques o añadidos. Es evidente que esto no tiene nada que ver con un debate parlamentario, que es fundamental en el sistema democrático.
Hay que decir con claridad que, en España el Estado de derecho, si no se ha perdido ha quedado muy difuminado en un proceso que no ha terminado y que, de seguir así, acabará construyendo un nuevo régimen sin necesidad de modificar la Constitución.
