El pasado martes día 21, el presidente Torra y el vicepresidente Aragonés presentaron un programa de recuperación hasta el año 2030 que cuenta con 20 grandes objetivos. Fue presentado como un ejemplo de concreción, pero la realidad es bastante diferente. La mayor parte de las páginas se dedican a considerar los impactos que ha tenido la pandemia. Y el nivel de concreción real es verdaderamente modesto. Más que un programa, es el índice o el anuncio de un programa, que evidentemente no es lo mismo. Se requiere una memoria bien hecha de cada uno de los proyectos, los cambios normativos que conllevan y sobre todo de las previsiones de coste y del impacto de cada medida para poder hacer una evaluación real. También llama la atención el largo plazo del plan cuando la Generalitat apenas es capaz de prever el más inmediato, como es el caso de los temporeros en Lleida y el Covid 19. Parece excesivo querer programar para Cataluña a diez años vista. La idea es buena, sólo que hay que desconfiar de los autores, siempre más atentos al impacto mediático que no a la realidad de las cosas.
Pero todo esto ya se irá viendo. Centrémonos en la dimensión económica concreta del plan apuntado por Aragonés. Para llevarlo a cabo la Generalitat reclama 30.000 millones de euros de las ayudas y créditos que Europa ha concedido a España. Una vez más nos encontramos ante un exceso que no tiene justificación y que puede ser la cuenta de la lechera o prepararse para un nuevo episodio de agravios a base de «denunciar» que no se cumple lo que se pide. Pero lo que se pide es desaforado. Si la distribución de todos los fondos y créditos europeos que han de llegar se aplicaran a las CCAA y el estado no se quedara ni un euro para él, que evidentemente es imposible, a Cataluña le corresponderían, si la distribución se hiciera de acuerdo con su PIB en relación con el total español, 26.660 millones de euros. Si la cifra se hiciera considerando la población, esta magnitud quedaría reducida hasta los 21.000 millones. Y si se considera la distribución que se ha hecho por fondos Covid-19, que a Cataluña le ha correspondido un 7,8%, siendo la segunda comunidad más beneficiada, sólo se llegaría a los 10.920 millones. Ya se ve que la cifra de los 30.000 millones no tiene ningún encaje posible. Menos aún si se considera que el estado hará directamente una buena parte del gasto y que, por lo tanto, la distribución no se puede hacer sobre el 100% de la aportación de la UE.
Y todo ello considerando la cifra total que nos llegará de Europa, porque si sólo consideramos la subvención, es decir, lo que no se debe devolver, las magnitudes como es lógico aún se reducen mucho más. Como máximo si el criterio fuera el PIB, serían 13.800 millones. Si fuera la población, serían 10.900 millones. Y si el criterio fuera el mismo del fondo Covid-19, se quedaría en 5.570 millones. Nuestra apuesta en aportación a fondo perdido. No más de 6.000 millones para Cataluña, considerando que las cifras de las ayudas regionalizables serán una parte del total, y unos 11.000 considerando también los créditos. Está claro que a la hora de la verdad también puede influir la calidad y acierto de los programas a financiar, y en este campo Cataluña, como situación de salida, parte con ventaja.
Por tanto, el primer problema que tiene el proyecto de la Generalitat es que, de entrada, la cifra que se prevé para su financiación es sencillamente un vuelo de palomas.
Quizás aquí habría que recordar las explosivas declaraciones de Oriol Amat, catedrático de economía de la UPF y excelente economista, en La Vanguardia (La Contra, 21 de julio). Diputado con el independentismo postconvergente, hace una crítica muy dura con elegancia académica de sus compañeros políticos del mundo independentista. Hace una descalificación total a la forma en que se legisla, sin consenso, sin previsión de los costes del impacto de cada medida y sin hacer un seguimiento de los resultados, de la falta de memoria económica que acompaña a las leyes, la tardanza en su tramitación y sobre todo critica la falta de liderazgos incapaces de lograr consensos. Termina afirmando que sobran políticos profesionales, y viene a decir que en la mayoría de los casos no están capacitados, y que faltan más profesionales que se dediquen durante un tiempo a la política. Está claro que sus críticos podrían decir que todo lo que ahora él ha descubierto ya era una evidencia antes y que esta evidencia todavía tenía que ser mayor para un catedrático de economía, pero en todo caso aquí queda la crítica, y haría bien el gobierno en recogerla a la hora de reformular los programas de reconstrucción que nos presentaron Torra y Aragonés.
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