El Obispo de Solsona afirma que no hay ninguna opción política que asuma los aspectos fundamentales del catolicismo

En nuestro país no es habitual que los obispos se pronuncien de forma demasiado concreta sobre las grandes realidades que atañen a nuestra sociedad. Una excepción es la de Monseñor Novell, un obispo joven, sólo tiene 51 años, pero ya con una experiencia episcopal de una década. Desde su magisterio eclesiástico, Novell no ha tenido inconveniente en aplicar su visión como obispo en cuestiones de actualidad, lo que le ha valido más de un conflicto y una descalificación. En todo caso, es de agradecer que hable con claridad y en términos que todo el mundo entiende.

Ahora y en relación con las elecciones del 14 de febrero, ha escrito que ” no se presenta ninguna opción en el arco parlamentario que asuma de manera más o menos completa las convicciones morales sobre la vida, las relaciones sociales y económicas propias del catolicismo“. Es una descripción de una realidad bastante tangible, que de hecho no se limita sólo a los católicos, sino que es extensible a una buena parte de la población, como señala la reciente encuesta de GAD-3 para La Vanguardia.

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Cada vez hay más partidos en el Parlamento y también cada vez hay más electores que no saben o no tienen claro a quién votar, y que si se deciden a hacerlo, lo resuelven aplicando el voto negativo, votando no a favor, sino contra alguna otra fuerza política. Es un signo claro de que el actual sistema de partidos y con él el sistema electoral, no funciona bien porque incumple en buena parte su finalidad, la de representar adecuadamente a la población. El hecho de que se vayan multiplicando las opciones y reduciendo la representatividad es una manifestación patente de esta grave disfunción.

Otro obispo, en este caso José Ignacio Munilla de San Sebastián, también ha formulado un juicio, no sobre las elecciones sino sobre otro problema político: la creciente irrupción del poder del estado en la vida de las personas, definiendo cómo han de pensar y qué hacer. Es una quiebra profunda en este caso del principio de subsidiariedad, que implica que la instancia superior, el estado en este caso, no intervenga en lo que pueden resolver las instancias inferiores, las familias, las comunidades, las personas, en definitiva. También aquí se produce una fuerte contradicción, en el sentido de que cuanto más intrusivo es este estado en aspectos que no le corresponden menos eficaz y eficiente se manifiesta en lo que es su responsabilidad. La constatación de este hecho cae a raudales sobre nuestros hombros: la reiterada quiebra al afrontar la pandemia, la incapacidad para dar una respuesta adecuada a la crisis económica, el retraso en la vacunación que no permitirá salvar la temporada de verano, y la incapacidad para disponer de una logística adecuada de las previsiones atmosféricas que se van cumpliendo punto por punto.

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