Nadie puede ser castigado por no hacer el bien. Sólo puede serlo por lo que infrinja la ley, y es que nadie está obligado a ser bueno. Esto son evidencias de que en nuestros tiempos se van difuminando.
Los gobiernos no pueden actuar sobre conductas que a su juicio no sean morales. Sólo la ley puede hacerlo de acuerdo con lo que esté previsto en ella. Actuar «moralmente» por parte de los gobiernos es una característica estricta de los sistemas totalitarios.
En el caso de Hermoso, Rubiales y compañía, todo esto ha saltado por los aires y crece un discurso de censura, exclusión y punición basado en argumentos moralistas. Es un escenario insólito, que ni siquiera se producía en el franquismo. Porque durante la dictadura, al menos como excusa formal, existían leyes moralistas que justificaban la acción punitiva del gobierno. Ahora ni eso.
El último ejemplo lo tenemos desgraciadamente en la actuación del gobierno de la Generalitat en relación con la Federación Catalana de Fútbol. La portavoz del gobierno, Patrícia Plaja, señaló en el discurso de su última comparecencia que se cuestionaba que Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, se mantuviera en su sitio porque “no ha estado a la altura de la gravedad de los hechos del caso Rubiales”. Y, por tanto, “no es una persona adecuada”. Éste es un juicio estrictamente moral sobre si el presidente de la Federación ha actuado bien o no, pero no hay ninguna responsabilidad ni administrativa ni penal en su conducta.
Es más, la FCF como entidad civil que es, sufre una clara intromisión por parte de los poderes públicos que se pone de manifiesto cuando Patrícia Plaja afirma que “el gobierno no comparte en ningún caso la posición de la Federación Catalana de Fútbol, que no ha estado a la altura de la gravedad de los hechos”. Es evidente que el gobierno no es quien para censurar lo que considera adecuado o no de organizaciones civiles. Ésta es sólo una práctica propia de regímenes totalitarios.
Pero, ¿por qué dice de esto el gobierno?
Pues porque Soteras, que asistió a la asamblea de la Federación española, aplaudió el discurso de Rubiales y aseguró que las explicaciones habían resultado creíbles. Hizo uso de su libertad de expresión. Y que esto no cuadre con lo que piensa el gobierno que debía haber dicho, no le permite vulnerar ese derecho fundamental. Pero es que además se convirtió en que con posterioridad Soteras firmó una declaración afirmando que, conocidos más los hechos, las declaraciones ya no le parecían creíbles y pedía la dimisión de Rubiales. Por tanto, todavía es más impresentable la acción del gobierno de Aragonès. Pero atención, aunque esta rectificación no hubiera existido, todo lo dicho sobre una acción inaceptable del gobierno es totalmente válida.
Mientras, el caso como una bola de nieve va hinchándose. Ahora se ha filtrado un vídeo sobre el comportamiento de Hermoso y las jugadoras en el autocar después de haber ganado el título en el que Hermoso muestra imágenes del beso en los labios y bromea con sus compañeras sobre el hecho. No es ciertamente la actitud de una persona que se ha sentido agredida ni vejada, ni tampoco se aprecia esta valoración en sus compañeras, que en el vídeo hacen comentarios del beso en referencia a lo que Iker Casillas le hizo a Sara Carbonero al terminar el Mundial de los hombres.
Entonan cánticos como “beso, beso, beso” y se acaba oyendo la voz de Rubiales que está presente y que está en imagen pidiendo que acabe la broma ésta. Todo ello complica aún más la decisión de la autoridad TAD sobre la sanción a aplicar y de la acción de la fiscalía sobre una pretendida agresión sexual . Más cuando hay jurisprudencia del TC.
Para terminar de redondearlo también El Confidencial Digital ha hecho pública una información en la que se afirma que el criticado retraso del gobierno al actuar en este caso fue a consecuencia de verificar que las grabaciones que Rubiales tiene con conversaciones con miembros del gobierno y que puede llegar a hacer públicas, no afectaban ni a Sánchez ni a los actuales ministros. Continuará.
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