La noticia es esta. En los presupuestos de la Generalitat para este año, TV3 y las demás emisoras de televisión (3/24, SX3/33 y Esport3) recibirán un total de 377 millones de euros, un 12% más. Significa que TV3 cuesta a cada catalán, la vea o no (estos últimos son la gran mayoría) 22,7 euros.
Todas las emisoras agrupan un 16,6% de audiencia, de la que 13,4% corresponde a TV3. La audiencia de SX3/33 es absolutamente marginal, con un 0,8%, pero es que una cadena especializa en deportes, como Esport3, sólo alcanza un escaso 1,1%.
Estos resultados significan que cada punto de audiencia cuesta 22,7 millones de euros, una verdadera fortuna. Basta con intentar imaginar lo que se puede hacer con esta cifra para darnos cuenta del enorme coste que tiene la televisión catalana y de su escaso impacto sobre la población. Y no es un problema de lengua como algunos quieren hacer creer, porque según la última encuesta de usos lingüísticos, los catalanes de lengua inicial, es decir, aquellos que siempre empiezan toda conversación en catalán, son el 31,5% del total de la población y, por tanto, TV3 sólo parece interesar a algo más de la mitad de este colectivo.
Ahora hay voces que se levantan para que los programas se castellanicen más y así atraer más audiencia, contradiciendo la finalidad por la que fue constituida la televisión de Catalunya. El problema de que llegue a tan poca gente no es sólo del filtro de la lengua, sino sus contenidos y su fuerte sectarismo ideológico. El catalán que autoriza es de muy baja calidad y está lleno de palabras malsonantes con la excusa de que así es como se habla en la calle, pero atención porque estos exabruptos lingüísticos pasan por un esmerado filtro ideológico que en la calle no existe. Es el tratamiento de lo políticamente correcto entendiendo como tal todos los mandatos del feminismo de la guerra de géneros, de los colectivos LGBTQ y cada vez de forma más acentuada los prejuicios trans.
Porque TV3 tiene en todos estos componentes ideológicos otro filtro que aleja a la población y todavía hay que sumarle un tercero político. Es descaradamente la televisión de ERC, y por convicción o conveniencia también la televisión de Sánchez. Todo explica que sólo la mitad de los catalanes que militan con la lengua vean esta televisión. Mientras TV3 no pierda el corsé ideológico, continuará con unas cifras de una población cautiva y cada vez más envejecida, pero que constituyen una ínfima minoría.
La difusión de la cultura catalana que hace esta televisión que se autocalifica de nacional es, sin embargo, muy deficiente, hasta el extremo de que la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA) ha cursado una queja en la Corporación Catalana de los Medios Audiovisuales (CCMA) así como a la Generalitat por considerar que los procedimientos de contratación que aplica TV3 a las empresas independientes productoras de contenido, no se aplican los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. PROA denuncia que no se hacen públicas las contrataciones de los llamamientos, filtra necesidades a productoras concretas o realiza encargos a determinadas productoras para que presenten proyectos. En definitiva, la está acusando de favoritismo, que en el caso de ser una instancia pública como TV3, tendría incluso una connotación penal si se demostrara.
La queja no va por esta vía, es evidente, en definitiva dependen del presupuesto de la televisión catalana para sobrevivir, pero como ciudadanos debemos ser conscientes de que una empresa pública debe someterse a criterios de igualdad, transparencia, concurrencia y objetividad, y si además actúa facilitando información privilegiada a unos para que presenten ofertas, todo ello está incurriendo en la vulneración de la ley.
La instancia que vela por luchar contra la corrupción de la Generalitat, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y la propia fiscalía, ante estas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y nunca desmentidas, deberían actuar de oficio para aclarar si realmente todos estos comportamientos son efectivos o no responden a la realidad de los hechos. En cualquier caso deben actuar porque si no lo hacen se constataría una vez más que el ciudadano normal y corriente, el que paga toda la fiesta, está absolutamente indefenso sobre los presuntos abusos que desde el poder se ejercitan en relación al dinero .
No todo se reduce al caso Koldo, porque hay muchas maneras de hacer negocio vulnerando la ley y eso es lo que hay que enmendar a toda costa.
