Este es el cuarto post consecutivo de este blog «contagiado« por el coronavirus, pendiente de las respuestas que el Eurogrupo y la UE vaya dando a la gran crisis sanitaria -también económica, social y política- que tenemos encima. Actualmente se puede decir que nos encontramos en la cuarta fase de la respuesta europea, como veremos al final.
En el primero de los cuatro posts anteriores decíamos que el coronavirus había aparecido de manera inesperada para enturbiar la celebración de los primeros cien días de la nueva Comisión Europea (2019-2024), que se cumplían a comienzos de marzo de este año. De repente, todo parecía haber cambiado por culpa de la llegada del virus. En el segundo post comentábamos que la UE había empezado a reaccionar tímidamente ante la nueva amenaza, tras un desconcierto inicial. Observábamos como, a lo largo de los primeros días de marzo, la solidaridad intraeuropea se había visto estresada por la pandemia y el nacionalismo regresaba en forma de decisiones adoptadas por los estados miembros de la UE de manera unilateral. Las instituciones europeas mostraban falta de previsión y descoordinación. A mediados de marzo, la UE conseguía elaborar un primer plan de reacción económica contra el virus a través de un conjunto de propuestas provenientes del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea. El BCE se sacaba de la manga dos poderosos planes financieros de actuación por importe de 750.000 millones (compra de activos financieros) y 120.000 millones de euros (préstamos a familias y empresas), respectivamente. Por su parte, la Comisión daba luz verde a los estados miembros de la UE para que gastaran lo que fuera necesario para afrontar la crisis del coronavirus, y con este propósito levantaba los límites de déficit y deuda existentes en la UE.
En el tercer post vimos cómo, a finales de marzo, iban tomando forma los planes del BCE y de la Comisión, pero comprobábamos alarmados que la reunión del Consejo Europeo de 26 de marzo, después de largas y tensas discusiones, no había sido capaz de llegar a ningún acuerdo sobre medidas económicas contra la pandemia y que los jefes de estado y de gobierno (representantes de los 27 estados miembros de la UE) decidían darse más tiempo y volverse a reunir el mes de abril. Mientras tanto, pasaban el balón al Eurogrupo y a los presidentes del Consejo y de la Comisión para que prepararan nuevas propuestas y un plan de recuperación para la economía europea. La reacción de la opinión pública fue muy crítica ante aquel fracaso del Consejo Europeo y clamaba contra la UE por su falta de unidad, ineficacia y descoordinación. Destacados analistas auguraban incluso su inevitable liquidación si no daba una respuesta adecuada a la crisis del coronavirus.
Pues bien, la respuesta del Eurogrupo (formado por los ministros de finanzas de los 27) ha llegado. Se produjo el día 9 de abril en una segunda reunión, tras un primer aplazamiento y largas y tensas discusiones entre sus miembros. A la segunda fue la vencida. Después de un gran fiasco de la maratón de 16 horas del martes y el miércoles 7 y 8 de abril, un nuevo fracaso habría puesto en cuestión el funcionamiento de la UE y enviado de nuevo un mensaje pésimo a las opiniones públicas. Para llegar a un acuerdo, el presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, decidió cambiar el formato de las negociaciones. Aparcó la reunión plenaria y mantuvo contactos con los países que presentaban actitudes más proactivas, como España, Italia, Países Bajos, Alemania y Francia.
Las medidas que finalmente se han acordado son estas: a) un paquete de emergencia de más de medio billón de euros para luchar contra la pandemia, después de que España e Italia hubieran conseguido que el acceso a estos fondos no iría condicionado a ningún programa de ajuste o de reformas estructurales, como pretendían inicialmente los Países Bajos, y b) creación de un fondo para la recuperación económica que deberá aprobar el Consejo Europeo en su próxima reunión prevista para el 23 de abril; el Eurogrupo no fue capaz de acordar cómo se pagará este proyecto.
El gran resultado del plan de emergencia es que se ha logrado establecer una triple red de seguridad que afecta a gobiernos, empresas y trabajadores.
En primer lugar, figura lo que se consideró como un «salvavidas» para los gobiernos, formado por 240.000 millones de euros provenientes del MEDE o ESM (European Stability Mechanism, Mecanismo Europeo de Estabilidad) (el antiguo fondo de rescate creado para hacer frente a la crisis del euro de 2010) en forma de préstamos que pueden llegar hasta el 2 por ciento del PIB de cada país, que estarán disponibles dentro de dos semanas con «el único requisito» de que se destinen a financiar sólo los costes sanitarios directos e indirectos derivados de la pandemia; este último punto fue el gran campo de batalla de los Países Bajos, temerosos de malos usos de este dinero por parte de los países del sur; al final los holandeses quedaron satisfechos con el «requisito» mencionado; antes habían cedido ante Italia y España el no condicionamiento del dinero a un plan de ajuste y ahora se veían compensados. La red para las empresas consiste en 200.000 millones de euros provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Finalmente, hay 100.000 millones de euros provenientes del programa SURE, según el cual la Comisión Europea emitirá bonos que eviten los despidos masivos de trabajadores, a través de subvenciones a los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo).
Sobre el plan de recuperación económica, más allá temporalmente que el plan de emergencia, no se descartaba introducir «medidas innovadoras» en materia de financiación (alusión a los eurobonos) y acordaba que no se querían repetir errores cometidos durante la crisis del euro (planes de reformas, austeridad, recortes, control de la troika).
El protagonismo en toda la negociación del Eurogrupo la tuvieron los ministros alemán y francés (el motor francoalemán en acción), Olaf Scholz y Bruno le Maire, que pactaron una posición el día 7 de abril y desde entonces intentaron convencer al resto. El gran obstáculo siempre fueron los Países Bajos. Para superarlo fueron necesarias varias conversaciones telefónicas con Emmanuel Macron, Angela Merkel y el primer ministro holandés Mark Rutte. Todos eran conscientes de lo que estaba en juego. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, declaró al final de las negociaciones que se había conseguido «un acuerdo excelente a la altura de la gravedad de la crisis».
El balón ha vuelto, pues, al campo del Consejo Europeo, que seguramente aprobará sin dificultades el paquete de emergencia, pero no así el plan de recuperación. La dificultad serán una vez más los famosos eurobonos. Volverá la batalla por la mutualización de la deuda. Así las cosas, los eurobonos como tales no tienen recorrido. Seguramente se explorarán fórmulas para aplicar, a través del plan de recuperación, algún tipo de mutualización («medidas innovadoras»).
Otra vez Bruselas ha sido escenario de un choque norte-sur, que volverá a aparecer el 23 de abril con la decisiva reunión del Consejo Europeo. Los países del sur argumentan que esta vez, a diferencia de la Gran Recesión, estamos ante un choque simétrico, ya que el virus no diferencia entre países. Pero los del norte argumentan que no se trata de simetría o asimetría del choque, sino de las debilidades económicas estructurales con que los países del sur afrontan este nuevo reto, pues no han hecho correctamente los deberes post Gran Recesión. Siguen argumentando que las deudas italiana y española, por ejemplo, son estratosféricas y sólo sostenibles gracias a su solidaridad. Los riesgos ya son compartidos y existen en el balance del BCE, que a finales de 2020 ya habrá adquirido más de 450.000 millones de euros de deuda española. En caso de que esta deuda tuviera que ser reestructurada, pagarían la factura los contribuyentes alemanes y sus aliados austriacos o los países de «la nueva Hansa» (Holanda, países nórdicos, países bálticos, Irlanda).
Una cosa parece clara: el proyecto europeo sólo se salvará si los que tienen la casa en peores condiciones afrontan seriamente sus responsabilidades y la ponen en orden, sin culpar a otros países más responsables de falta de solidaridad. Italia y España, principalmente, y el resto de los países del sur, deben tomar buena nota de esta realidad y de este reto. Sólo ofreciendo más rigor en el gasto se puede exigir más solidaridad europea. De ahí la resistencia de los países del norte a los eurobonos, ya que creen que hasta ahora ya han cedido suficiente con mutualizaciones más o menos camufladas, principalmente a través del BCE.
En conclusión, podemos observar que la reacción de la UE al coronavirus ha ido pasando por diferentes fases. La primera fue de sorpresa, el virus venía a enturbiar la celebración de los primeros cien días de la Comisión. En la segunda se hizo patente una descoordinación a escala europea y aparecieron actuaciones unilaterales por parte de los estados miembros de la UE; desarrollos alineados con las dinámicas actuales de la política internacional («primero mi país», al estilo del America First); limitaciones de exportación de material sanitario entre estados miembros de la UE; cierre de fronteras nacionales. En la tercera fase se articuló una primera respuesta común por parte del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea. En la cuarta fase, la actual, el Eurogrupo ha llegado a importantes acuerdos que el Consejo Europeo, máxima autoridad de la UE, deberá confirmar en su próxima reunión del 23 de abril. Seguiremos.
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Víctor Pou es doctor en derecho y licenciado en ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y Graduado en Integración Europea por la Universidad de Ámsterdam. Es profesor del IESE Business School y de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Es Socio de la consultoría TAS Europrojects (Bruselas). Ha sido Ninguno de Unidad y Consejero de Relaciones Exteriores a la Comisión Europea (Bruselas). Ha sido Director del Patronato Catalán pro Europa y Director General de Adecuación a las Comunidades Europeas de la Generalitat de Cataluña.