No se puede negar que las instituciones europeas están respondiendo contra la pandemia, las ayudas europeas son generosas y los ciudadanos empiezan a percibirlo.
El 27 de mayo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentó el plan de recuperación económica europeo contra el coronavirus, llamado Next Generation UE (UE de nueva generación). Fue una jornada histórica para Europa. El plan está integrado en un presupuesto de la UE potente, moderno y renovado a largo plazo. No son pocos los analistas que afirman que, cuando se estudie el proceso de integración europea, será uno de los datos que marcarán un antes y un después. Algunos incluso opinan que es mucho más que un Plan Marshall.
El plan de recuperación quiere ayudar de tres maneras .
En primer lugar, dando apoyo a los Estados miembros con inversiones y reformas. Una nueva línea de recuperación y resiliencia de 560.000 millones de euros ofrecerá apoyo financiero. 310.000 millones se destinarán a subvenciones a fondo perdido y 250.000 a préstamos. 55.000 millones irán a la nueva iniciativa REACT-UE para afrontar los impactos socioeconómicos de la crisis. 40.000 millones para ayudar a los más afectados por la transición climática. 15.000 millones van al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
En segundo lugar, reactivar la economía de la UE incentivando inversiones privadas, con un presupuesto de 31.000 millones de euros, con el objetivo de desbloquear 300.000 más. Actualización del programa de inversiones Invest hasta 15.300 millones.
En tercer lugar, preparación de cara a la eventualidad de rebrotes de la actual pandemia y del estallido de una nueva. Un nuevo programa de salud, EU4Health, con un presupuesto de 94.000 millones. Reforzamiento del mecanismo de protección civil de la UE, RescEU, con 2.000 millones. 94.000 millones destinados a Horizon Europe, que se reforzará para financiar la investigación vital en salud, resiliencia y transiciones digitales y verdes. Además, el plan no se cierra a las fronteras europeas, sino que quiere apoyar acciones externas mediante 16.500 millones, que incluyen la ayuda humanitaria.
El Banco Central Europeo (BCE) apoya esta propuesta de la Comisión al considerar que va en la línea de lo que hace tiempo que pide: una política fiscal más activa que complemente su política monetaria y que alivie su carga como único instrumento contracíclico de política económica. También considera que cualquier retraso en la aprobación del plan de recuperación de la Comisión corre el riesgo de generar efectos negativos. Al mismo tiempo, el día 4 de junio acaba de aumentar muy considerablemente la potencia de la política monetaria para afrontar la pandemia. Este día puede convertirse en otra fecha histórica para la UE. Tres meses después de haber aprobado el programa de emergencia de compra de activos para afrontar la crisis de la Covid-19, (Pandemic Emergency Purchase Programme , PEPP ) (programa de compra de activos contra la pandemia), el BCE ha doblado prácticamente la apuesta. El programa, inicialmente dotado con 750.000 millones de euros, se ha incrementado con 600.000 millones para adquirir bonos público y corporativos. Al ritmo actual de compras de bonos, acelerado para frenar las tensiones financieras y el aumento de las primas de riesgo periféricas, el programa habría durado sólo hasta el mes de octubre, cuando estaba previsto hasta diciembre. Con la nueva cantidad, y con la extensión del PEPP hasta mediados de 2021 y el anuncio de reinversiones hasta finales de 2022, el BCE asegura una intervención reforzada un año más, hasta que el panorama económico post-Covid sea más claro.
Con este movimiento, el plan de estímulos del BCE se eleva a 1,35 billones de euros, una cuantía que se complementa con el programa de compras tradicional, valorado en 20.000 millones al mes, y con el paquete extraordinario de 120.000 millones aprobado el mes de marzo. De este modo, el límite máximo de adquisiciones que puede efectuar el BCE este año sube hasta 1,71 billones de euros. Hasta primeros de junio, el BCE ya había consumido 234.000 millones de euros (un 30 por ciento) de su programa de emergencia pandémica (PEPP).
A comienzos del mes de marzo, el BCE dudaba sobre cómo afrontar la pandemia . Su presidenta, la francesa Christine Lagarde, señalaba que el BCE no era el responsable de contener los diferenciales de la deuda. Declaró que «no era cosa suya apaciguar las primas de riesgo». La reacción de los mercados fue muy negativa. Lagarde rectificaba pocas horas después. Hoy nadie duda del compromiso total de la autoridad monetaria contra el coronavirus.
Lagarde ha declarado en la rueda de prensa del 4 de junio en Frankfurt que «haremos lo que sea necesario bajo nuestro mandato». Es un mensaje heredado de su predecesor Mario Draghi (el famoso whatever it takes de 2012). Estas palabras las ha grabado a fuego sobre los inversores a base de miles de millones de euros disponibles para compras de deuda. Tras el anuncio del 4 de junio, el BCE en principio no ve necesario desplegar más artillería por su parte.
En su comparecencia del 8 de junio ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Lagarde ha declarado: «No me califiquen de reina de la deuda. El BCE y yo podríamos ser calificados sencillamente como los que respondieron rápidamente a la crisis «.
La inyección masiva de liquidez por parte del BCE facilitará directamente la financiación barata del enorme endeudamiento adicional en que incurren los estados para hacer frente a la crisis actual. La deuda comprada en el marco del PEPP que llegue a su vencimiento se repondrá con nuevos bonos hasta finales de 2022, más allá del plazo del programa de compras. El objetivo de esta medida es mantener estable el balance del BCE y la política monetaria suficientemente expansiva como para apoyar la recuperación.
Las nuevas medidas del BCE se suman a otros precedentes en varios frentes: provisión de liquidez con la aprobación de nuevos programas TLTRO ( targeted long term Refinancing operations ) (operaciones de financiación a más largo plazo con objetivo específico) a tipos de interés muy reducidos, programas previos de QE ( quantitavive easing ) (expansión cuantitativa, compra de activos financieros a bancos comerciales y otras instituciones privadas) y una política de comunicación que deja claro que el BCE seguirá actuando hasta que la senda de inflación sea consistente.
La reacción de los mercados ha sido muy positiva. La prima de riesgo de los países periféricos ha caído, en el caso de España por debajo de los 90 puntos básicos (frente a los 150 que alcanzó hace pocas semanas). El bono español a 10 años se situaba inmediatamente al 0,55 por ciento y el italiano caía hasta el 1,41 por ciento. Una prima de riesgo más baja se traduce inmediatamente en más recursos fiscales para los estados. El euro ha ganado más terreno al dólar, que se cambia por 1,13 billetes verdes.
El BCE ha visualizado el futuro en su comunicado del 4 de junio. El nuevo escenario previsto por el BCE es una caída del PIB del -8,7 por ciento para este año en la zona euro. La recuperación llegará de manera consistente en 2021 y en 2022 (+5,2 por ciento y +3,3 por ciento respectivamente en el escenario base), pero sin recuperar del todo el terreno perdido este año. Se confirma así el panorama de una recuperación en forma de V incompleta. El BCE considera que la eurozona tardará más de tres años a acercarse al nivel de inflación del 2 por ciento, considerado como el objetivo óptimo. Se prevé que la inflación remontará el 0,8 por ciento en 2021 y el 1,3 por ciento en 2022. El panorama actual de baja inflación es un motivo importante de preocupación para el BCE. Los tipos de interés se mantienen sin variación. La referencia general continúa en el mínimo del 0 por ciento y la facilidad de depósito en -0.5 por ciento.
En la rueda de prensa, la presidenta del BCE también ha hecho referencia a la polémica creada por la resolución del TC alemán, que exige al BCE que explique la eficacia y la proporcionalidad de sus programas previos de compra de bonos. Con su respuesta ha evitado la polémica, sugiriendo que se encontrará una solución satisfactoria, aunque ha querido dejar clara la independencia del BCE, que en la práctica no se ve afectada por la resolución alemana, tal como lo demuestra la expansión del PEPP que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno del BCE. «Confiamos en que se llegue a una solución que no comprometa la independencia del BCE y la primacía de la ley de la UE».
La eurozona, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2007-2008, está reaccionando con medidas de socorro que están a la altura de la gravedad de la situación. La espectacular inyección de liquidez monetaria del BCE se complementa con importantes acciones de política fiscal, a escala tanto nacional como comunitaria. El mismo 4 de junio Alemania decidía poner en marcha un potente programa de estímulo público de la economía que significará el desembolso de 130.000 millones de euros, tras el billón de euros en préstamos y ayudas a las empresas concedidos desde el mes de marzo hasta ahora. Es la primera vez que el gobierno de Berlín, en los últimos años, hace uso del superávit fiscal para impulsar la economía.
La determinación mostrada tanto por la Comisión Europea como por el BCE permiten tener confianza en una próxima recuperación. Para la UE, a escala global, también ha llegado el momento de ser valiente y defender con firmeza sus valores democráticos y multilateralistas ante el autoritarismo nacionalista del este (China, Rusia, India) y el populismo nacionalista del oeste (Estados Unidos, Brasil, Reino Unido). Su talante es negociador y la confrontación como estrategia no encaja con la UE, pero evitar la confrontación en situaciones límite y de principio tampoco. La UE debe abanderar con determinación sus valores. A pesar de sus imperfecciones (proyecto inacabado) la UE es la única potencia global que lo puede hacer y el mundo lo necesita.
España tiene que hacer un buen uso de la ayuda europea y hacer las reformas que necesita su economía. Debe aprovechar la oportunidad de los 61.000 millones de euros que llegarán a fondo perdido, si se aprueba el fondo de recuperación de la Comisión Europea. El gobierno español debe presentar un «plan de resiliencia y recuperación» en el que desgrane los cambios estructurales a emprender. España no tiene los medios para afrontar ella sola estas reformas. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia las debilidades económicas y sociales españolas. La UE ha diseñado paquetes de ayuda muy generosos, pero para beneficiarse es preciso tener unas cuentas actualizadas y buena coordinación nacional y autonómica. El dinero que llegará hay que ponerlo en el contexto de los presupuestos y por eso mismo hay que tener presupuestos y que estos encajen y sean compatibles con los paquetes de ayuda de la UE.
España corre el peligro de confiarse por la suspensión del Pacto de Estabilidad Europeo. Las reglas están suspendidas pero no la vigilancia. España no debe caer en la tentación de acumular una deuda que sea inalcanzable cuando se reactive el pacto y suban los tipos de interés. De momento, los gobiernos no deben preocuparse del déficit nominal, pero hay que elaborar una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio y largo plazo. El Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha anunciado que aumenta su previsión de desequilibrio presupuestario para este año y que en el escenario más desfavorable podría alcanzar un 14 por ciento del PIB. Calcula que hasta el 2021 la deuda pública se mantendrá disparada en torno al 120 por ciento del PIB.
El Gobierno necesita ganarse la confianza del resto de los países comunitarios (no sólo los «frugales») y de las instituciones europeas . La confianza que se exige en Europa no se sabe ganar internamente. Las disputas entre gobierno, oposición y algunos gobiernos autonómicos es ensordecedor. El mensaje que se transmite al exterior es muy contraproducente. Para convencer Europa habría que haber un panorama político menos confrontado que amparase de forma consensuada con el mundo empresarial el programa necesario de reconstrucción económica.
El Gobierno mantiene las previsiones enviadas a Bruselas para este año: una caída del PIB por encima del 9 por ciento, un déficit del 10,34 por ciento y una deuda pública del 115,5 por ciento. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acaba de declarar que «la recuperación será en forma de V asimétrica, con un crecimiento importante en 2021». Respecto a los recursos del plan europeo de recuperación económica, Calviño cree que «son volúmenes sin precedentes» y que el fondo «comenzará a funcionar a comienzos del 2021, aunque quizás alguna partida se podrá avanzar «. Se ha comprometido con Bruselas que los presupuestos del 2021 se presentarán a las Cortes antes del 30 de septiembre y la aprobación definitiva sería antes de finales de año. Deberían ser los presupuestos de la remontada.
El Banco de España y la OCDE empeoran las previsiones del gobierno. El día 8 de junio ha hecho pública una estimación de la caída del PIB en 2020 de hasta el 15 por ciento (el escenario más negativo). Prevé que la recuperación del nivel previo a la crisis no se alcanzará hasta dentro de tres años también en el peor de los escenarios analizados. Por su parte, la OCDE el día 10 de junio ya ha avisado que la economía española será la que con más contundencia sufrirá el impacto de la pandemia de todos los países analizados si se produce un rebrote de la infección. En este caso, el PIB español en 2020 caería un 14,4 por ciento.
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Víctor Pou es doctor en derecho y licenciado en ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y Graduado en Integración Europea por la Universidad de Ámsterdam. Es profesor del IESE Business School y de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Es Socio de la consultoría TAS Europrojects (Bruselas). Ha sido Ninguno de Unidad y Consejero de Relaciones Exteriores a la Comisión Europea (Bruselas). Ha sido Director del Patronato Catalán pro Europa y Director General de Adecuación a las Comunidades Europeas de la Generalitat de Cataluña.