En este lunes el diario El País ha adelantado que, ante la amenaza de insolvencias generalizadas, el gobierno se prepara para la tercera ola. Aún no hay nada cerrado, según las fuentes citadas por el periódico, y en cualquier caso las acciones serán quirúrgicas y focalizadas.
El Gobierno está preparando una batería de medidas con las que evitar insolvencias generalizadas que perjudiquen la salida de la crisis. La tercera ola de la covid-19 está lastrando la recuperación económica, y distintos organismos como el Banco de España (BdE), entidades financieras y patronales han presionado al Ejecutivo en este sentido.
Entre ellas, podría incluirse la reforma de la Ley Concursal aprovechando la transposición de una directiva de la Unión Europea (UE) para conseguir reestructuraciones tempranas y eficaces de la deuda. Así, la nueva legislación concursal contemplaría la mejora de las exoneraciones de deuda en el periodo preconcursal y la aceleración de los procedimientos para firmar acuerdos extrajudiciales de pago con quitas. De esta forma, el Ejecutivo busca agilizar los procesos para liquidar rápido las empresas inviables y recuperar con más facilidad las viables.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deslizó el viernes en el Congreso que en las próximas semanas habrá medidas para atajar los problemas de solvencia en la tercera ola. “Un elemento fundamental es seguir evitando un impacto estructural sobre nuestra economía. Es decir, seguir actuando de forma decisiva sobre el tejido productivo y el empleo, sobre todo en los sectores más golpeados, como hemos hecho hasta ahora. Tenemos que seguir adoptando medidas en las próximas semanas para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia para las empresas viables. Tenemos que seguir proporcionando apoyo enfocado a aquellos sectores, empresas y trabajadores más afectados. Tenemos que asegurar mecanismos ágiles de reestructuración empresarial, y también tenemos que recuperar el pulso inversor”, declaró.
Pero, entretanto, todavía hay muchos riesgos. Aparte de la evolución de la pandemia y la vacunación, aún van a darse unos meses en los que sectores importantes sufrirán. Pese a que la liquidez de las pymes en depósitos es elevada, el uso de los préstamos ICO se ha ralentizado, lo que podría constituir una señal de que las empresas ya no quieren endeudarse más para aguantar. Y la fuerte recuperación podría verse lastrada por quiebras en la tercera ola, empresas muy endeudadas que ni invierten ni contratan o la llamada histéresis del mercado laboral, esto es, que a los trabajadores que han perdido el empleo les cueste volver.
La Comisión Europea ya ha relajado el marco permitido de ayudas de Estado: desde enero acepta que las reembolsables se conviertan en directas hasta 800.000 euros. Y desde octubre se puede ayudar a empresas con una caída del negocio de al menos un 30% con hasta tres millones de euros en costes fijos.
El Banco de España ha reclamado en varias ocasiones iniciativas para reforzar los recursos propios de las empresas ante el riesgo de que algunos sectores acaben con un reguero de insolvencias y exceso de deuda. En España los préstamos participativos han sido siempre la fórmula utilizada para mejorar la solvencia con el menor desembolso. Estos créditos se retribuyen en función del beneficio de la empresa. Y son los últimos en devolverse en caso de quiebra. Así que suponen una mejora del capital y la solvencia de la compañía.
Pese a que la liquidez de las pymes en depósitos es elevada, el uso de los préstamos ICO se ha ralentizado, lo que podría constituir una señal de que las empresas ya no quieren endeudarse más para aguantar Clic para tuitear
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