La política española tiene una notable capacidad para convertir los gestos solemnes en episodios efímeros. Aún resonaban los minutos de aplausos dedicados al Papa León XIV durante su visita a España, todavía eran recientes las imágenes de un Pedro Sánchez especialmente cercano al pontífice, cuando el Gobierno ha impulsado dos iniciativas legislativas que difícilmente pueden interpretarse como una aproximación a las posiciones que el Papa ha defendido con claridad.
La visita estuvo llena de simbolismo. Sánchez asistió a la misa de la Sagrada Família, algo poco habitual en su trayectoria política. Lo hizo acompañado de siete ministros. También viajó a Canarias, algo que no había hecho cuando las autoridades de las islas reclamaban su presencia ante la presión migratoria. Todo ello transmitía una imagen muy concreta: la de un presidente que quería aparecer situado, junto a León XIV, en el lado correcto de la historia.
Pero la política suele medirse por los actos más que por los gestos.
Pocos días después de la visita papal llegó el primer mensaje: el apoyo a la iniciativa impulsada por el gobierno de Illa para reducir las garantías judiciales en la aplicación de la eutanasia.
Ahora llega el segundo: la recuperación de una proposición de ley destinada a eliminar del Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
La iniciativa no es nueva. Fue admitida a trámite en diciembre de 2023 y había quedado aparcada en algún cajón parlamentario. Durante más de dos años no despertó ninguna urgencia política. Ahora sí. La pregunta es inevitable: ¿por qué precisamente ahora?
La respuesta probablemente no está en ninguna gran reflexión jurídica, sino en la situación política del Gobierno. Sitiado por escándalos, erosionado electoralmente y con una mayoría parlamentaria cada vez más precaria, Sánchez necesita enviar mensajes a sus sectores más ideologizados. Y pocas cuestiones movilizan a determinados sectores de la izquierda como las relacionadas con la religión, especialmente cuando esta es la católica.
Cabe precisar, sin embargo, que el artículo 525 del Código Penal tenía una aplicación muy limitada. Los tribunales españoles han interpretado habitualmente que la libertad de expresión prevalece en la mayoría de los casos. Las condenas han sido escasas. Pero la propia existencia del tipo penal actuaba como una frontera simbólica: recordaba que la convivencia exigía un mínimo respeto hacia las creencias de los demás.
Sin esa protección, situaciones como la irrupción de activistas con los senos desnudos en una iglesia durante una misa podrían quedar aún más desprotegidas jurídicamente. No se trata tanto de castigar como de disuadir.
La paradoja aparece cuando esta despenalización coincide con un constante reforzamiento de los delitos de odio.
El artículo 510 del Código Penal protege a personas y colectivos frente a conductas que fomenten la discriminación, la hostilidad, el odio o la violencia. No cualquier opinión crítica constituye un delito de odio. Los tribunales exigen normalmente elementos muy concretos: incitación pública al odio, promoción de la discriminación, justificación de la violencia o humillación grave dirigida contra un determinado colectivo.
No es lo mismo afirmar que no está de acuerdo con la inmigración masiva que reclamar agresiones contra los inmigrantes. El primero forma parte del debate político; el segundo puede convertirse en delito.
La diferencia jurídica parece clara. Pero la cuestión filosófica es más compleja.
En el delito de odio se protegen a personas que forman parte de un colectivo. En la ofensa a los sentimientos religiosos se protegen la convivencia y el respeto hacia las creencias compartidas por una comunidad. Formalmente son cosas distintas. Sin embargo, en la práctica, la frontera no siempre es tan nítida.
Muchos juristas han señalado que el derecho europeo ha evolucionado en las últimas décadas en una dirección muy concreta: debilitar la protección de los sentimientos religiosos y reforzar la de los colectivos definidos por identidades sociales, sexuales o culturales.
Es una evolución coherente con una determinada concepción liberal del derecho. La persona está protegida; sus creencias, no necesariamente.
Pero esa visión tiene importantes críticos. La tradición comunitarista y personalista sostiene que ciertas convicciones no son simples opiniones externas, sino parte constitutiva de la identidad de la persona. Ridiculizar sistemáticamente lo que da sentido a su vida acaba afectando también a su dignidad.
La historia ofrece ejemplos inquietantes. El nazismo no empezó con las cámaras de gas. Empezó convirtiendo a los judíos en objeto de caricatura, ridiculización y desprecio público. Primero se degradan los símbolos; después se degradan las personas que se identifican.
No es lo mismo, evidentemente. Pero el mecanismo cultural merece ser considerado.
Por eso la pregunta de fondo sigue abierta:
¿es posible separar completamente la dignidad de una persona de sus convicciones más profundas? La respuesta liberal clásica dice que sí. La respuesta personalista dice que sólo parcialmente.
Y ahí aparece otra contradicción. Cuando se trata de las religiones, el Gobierno adopta una mirada individualista: solo cuenta a la persona. Cuando se trata de los delitos de odio, sin embargo, adopta una mirada comunitaria: la pertenencia a un grupo adquiere una protección especial, sean gays, lesbianas o cualquier otro colectivo especialmente protegido.
Según el caso, la propia filosofía jurídica cambia.
Pero hay todavía un último elemento políticamente relevante. Esta reforma difícilmente prosperará. Una modificación del Código Penal requiere mayoría absoluta en el Congreso: 176 diputados. PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG no llegan. Necesitan el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Junts.
La cuestión es si estos dos partidos estarán dispuestos a proporcionarle este servicio político a Sánchez.
Porque, llegados a este punto, el debate ya no es solo jurídico ni filosófico. También es político. Y la pregunta final es si, en medio de una legislatura que se agota, conviene dedicar los esfuerzos parlamentarios a facilitar la burla de las creencias religiosas de los ciudadanos o resolver los problemas reales que afectan a su vida cotidiana.
Esta es la decisión que ahora tienen ante sí el PNV y Junts. Y también buena parte de la sociedad española.
Cuando ridiculizamos las convicciones que dan sentido a una vida, ¿sólo atacamos unas ideas o también la dignidad de quien las profesa? #LibertadReligiosa Compartir en X
