Hace unos días, en Australia, Google y Facebook aumentaron su presión sobre el gobierno de Canberra. Su objetivo era evitar una nueva ley que les obligaría a pagar para poder difundir noticias.
En Australia llueve sobre mojado. En las últimas semanas, los gigantes de internet, Google, Facebook, Twitter y Amazon han protagonizado polémicas en todo el mundo. La raíz es siempre la misma: la confusión que estas empresas crean, o explotan, entre intereses privados y la esfera pública.
El caso más sonado y que más revuelo ha causado es la supresión permanente por parte de Twitter de la cuenta personal de Donald Trump. Pocos días más tarde, Facebook anunciaba que sometería su propia decisión de impedir que el ex publicara contenidos al arbitraje de su comité de expertos … escogidos por la misma empresa .
En otro ámbito, el del comercio electrónico, Amazon España anunció recientemente que trasladaría a los vendedores el coste adicional que le supondría la nueva «tasa Google« de un 3%. Esto supondría el desmantelamiento completo de una política pública por un simple cambio de condiciones del servicio de una sola empresa.
Volviendo al ámbito político, en España, Twitter ha bloqueado por segunda vez la cuenta oficial de Vox por un tuit que promueve, supuestamente, el odio contra los musulmanes. El partido ya ha presentado una denuncia contra la red social.
La norma que Vox habría vulnerado es tan nebulosa e interpretable como la prohibición de «amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas debido a su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad «.
Cabría preguntarse ¿qué pasa con todos los jefes progresistas que explayan regularmente partes de Occidente contra el cristianismo, o con los imanes radicales que promueven el odio y la violencia de forma abierta y cuentan con millones de seguidores en Twitter. La arbitrariedad ética de los responsables de la red social es total.
Todos estos hechos variados subrayan una tendencia que no para de crecer: determinadas empresas de internet piensan que tienen derecho, o el deber, de tomar decisiones propias del ámbito público.
Evidentemente, el problema es que estas empresas no disponen de ningún mandato público, ni de una supervisión independiente, ni los equilibrios que consideramos básicos en cualquier proceso liberal y democrático.
Pero también hay que recordar que una de las causas de esta nueva afición, en particular de Facebook y Twitter, se encuentra en la presión social que han recibido durante años para auto-regular su contenido y orientarlo hacia posiciones políticamente correctas. En el caso de Trump, por ejemplo, ya en el 2016 muchos protestaban por la libertad con que el entonces candidato ametrallaba Tweets insultando a derecha e izquierda. Mucho antes de 2021, numerosos activistas querían forzar Twitter a expulsar a Trump.
Una presión que ha venido sobre todo de sectores progresistas, que pensaban que estas redes tenían en cierto modo una «misión política». Basta recordar las alabanzas que se profesaban en las redes sociales por su papel pro-democracia durante las desgraciadas «primaveras árabes», hace diez años.
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