Francia e Italia han protagonizaron la semana pasada una dura escalada política en torno a los 234 inmigrantes ilegales que el buque Ocean Viking había rescatado en el mar Mediterráneo.
El gobierno conservador italiano de Giorgia Meloni ha recuperado la línea del entonces ministro del interior Matteo Salvini, al cargo entre 2018 y 2019, consistente en rechazar puerto a los barcos de ONGs como el Ocean Viking que operan fuera del marco de las autoridades públicas y, dicho sea de paso, de forma contraria a la propia política europea en materia de inmigración.
En esta ocasión, Francia acabó cediendo a las presiones de los activistas y aceptó que el barco desembarcara a los cientos de inmigrantes en el puerto de Toulon.
Según recoge el especialista en política italiana Christophe Bouillaud, «la opinión italiana se encuentra durable y sólidamente orientada hacia la inmigración cero«.
Además, prosigue Bouillaud, a diferencia de otros temas políticos, este es uno de los puntos que los tres partidos que conforman la coalición de derechas, recientemente inaugurada en Roma, comparten plenamente.
Lo que sí ha cambiado respecto a Salvini es que, incluso en materia de inmigración, la nueva primera ministra procura siempre operar dentro del respeto de las formas legales.
Es probablemente por eso que Meloni acusó a Francia de “traición” cuando París anunció congelar planes para acoger a 3.500 inmigrantes más que actualmente se encuentran en Italia, y que debían ser transferidos al país vecino dentro de un acuerdo de redistribución europeo.
A diferencia de Italia donde la línea política es transparente, la cuestión de la inmigración es una verdadera patata caliente en Francia, donde el ejecutivo de Emmanuel Macron da una de cal y otra de arena para intentar contentar tanto a sus apoyos de derechas como de izquierdas.
Por un lado, París acogió al Ocean Viking, pero por otro, el ministro de interior Gérald Darmanin anunció que fortificaría la frontera con Italia para evitar nuevas entradas clandestinas en el territorio francés.
A su vez, Meloni recordó que, desde principios de año, Italia ha acogido en su suelo a más de 90.000 inmigrantes clandestinos, y que de los 8.000 que deberían haber sido repartidos por toda Europa, según un acuerdo concluido el pasado junio, tan solo 117 se han ido del país.
Esta nueva herida abierta en un contexto en el que las crisis se acumulan ha tenido ya una primera reacción de Bruselas. La Comisión Europea subrayó la necesidad de convocar una reunión extraordinaria de los ministros de interior de los 27.
El vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas ha afirmado que un acuerdo europeo sobre inmigración debería no solo tener en cuenta la solidaridad entre los países europeos a la hora de acoger a inmigrantes, sino dirigir también los puertos de salida de estos a la orilla sur del Mediterráneo, así como encauzar mejor la ayuda al desarrollo en los países de origen.
Notable incremento de las entradas ilegales en territorio europeo
En los primeros nueve meses del año, el número total de entradas ilegales en territorio europeo se habría incrementado un 70% respecto al mismo período de 2021, llegando casi a las 230.000 intrusiones. Se trata de la cifra más elevada desde 2016, en plena crisis migratoria por la guerra de Siria.
Cabe destacar que estas cifras oficiales, recogidas por la agencia Frontex de la UE, no incluyen a los refugiados ucranianos desplazados a causa de la guerra lanzada por Rusia. Estaríamos, por tanto, ante una situación cada vez más tensa en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Si la tendencia se consolida, el riesgo de una nueva crisis a gran escala será muy elevado, tanto a nivel político entre los países de la UE como socialmente hablando, puesto que el contexto económico actual es particularmente adverso para los ciudadanos europeos.
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