La política catalana arrastra una contradicción estructural que hace años que no resuelve y que afecta muy negativamente a la enseñanza y va a peor en un doble sentido. Los resultados PISA para Cataluña nos sitúan en la cola de España, cuando Cataluña había sido el gran referente pedagógico; la degradación histórica es brutal. Por otra parte, la enseñanza concertada que reúne a más de la tercera parte de las plazas, está en una situación de ahogo económico propiciado por la propia Generalitat, y que tiene motivos estrictamente ideológicos.
Con datos de 2019, los últimos disponibles, el coste por plaza en la pública era de 5.228,75 euros, y a la concertada se le entregaban 4.325 euros. Sobre la base de esto los demagogos de la autodestrucción criticaban las aportaciones que hacían los padres a la concertada para llegar a fin de mes.
Esta situación, este modelo de fracaso en los resultados, contrasta con el sanitario y de ahí la contradicción: la coexistencia de dos modelos esenciales del estado del bienestar – el sanitario y el educativo – que comparten raíces similares, pero han evolucionado de forma divergente.
Tanto la sanidad como la educación en Cataluña no son sistemas estrictamente públicos en el sentido estatista del término. Han incorporado desde hace décadas una pluralidad de actores: iniciativa privada, red concertada, cooperativas, entidades sociales, fundaciones y, en el caso sanitario, empresas con formas societarias diversas. Este pluralismo no es una anomalía; es una característica constitutiva del modelo catalán.
Y, sin embargo, la forma en que se ha gestionado esta pluralidad ha sido radicalmente distinta en uno y otro ámbito.
En sanidad, el modelo ha tendido -con tensiones, ciertamente- hacia una articulación funcional: titularidades diversas, pero integradas en una red pública de provisión, con financiación pública y criterios de acceso universal. El sistema sanitario catalán se ha construido sobre una lógica de integración operativa: la diversidad de orígenes no cuestiona la unidad del servicio.
El éxito de este sistema es que garantiza el acceso a todo tipo de hospitales y centros a cualquier ciudadano, independientemente de su renta. El mecanismo demuestra que lo que realmente importa no es quien gestiona el centro, sino que el servicio sea de acceso universal y esté comprometido con el bien común. Esta evidencia invita a trasladar la reflexión a otros campos como la educación, donde la discusión sobre la titularidad de los centros nos impide ver que la diversidad de proveedores —si están bien regulados y financiados— es una fuente de riqueza y equidad para el país.
Cataluña ha demostrado que la gestión plural es la mejor herramienta para mantener un servicio público eficiente, arraigado y de calidad. Proteger esta autonomía de gestión es, en última instancia, proteger la capacidad de la sociedad catalana para cuidarse a sí misma desde su proximidad.
En educación, en cambio, la coexistencia entre escuela pública y concertada se ha convertido en un campo de confrontación ideológica permanente. El debate no se ha resuelto en términos de eficiencia, calidad o equidad, sino en términos identitarios y legitimidad moral. La pluralidad que en sanidad se considera funcional, en educación se vive como una disputa de principios.
Esta es la distorsión.
Dos políticas públicas esenciales, con una base estructural similar —mixtura de titularidades, financiación pública, servicio universal—, pero sometidas a narrativas opuestas. En un caso, pragmatismo integrador; en el otro, tensión doctrinal.
La consecuencia es una contradicción insoportable: se defiende la colaboración público-privada como virtud sistémica en sanidad, mientras se cuestiona como concesión ideológica en educación, hasta el extremo de restringir los conciertos o simplemente liquidarlos por razones ideológicas, que no pedagógicas, en las escuelas que practican la separación entre niños y niñas. No ha habido una reflexión ordenada que armonice criterios.
El problema no es la pluralidad. Es la ausencia de un marco conceptual coherente.
Si el criterio es el servicio universal con financiación pública y control público, entonces la titularidad -pública, concertada, cooperativa o empresarial- es una variable instrumental, no moral, cuando el sujeto primario del derecho a la enseñanza son los alumnos y sus padres y no la administración pública que debería actuar como garante del derecho. Si, por el contrario, la titularidad se convierte en el criterio decisivo, debería revisarse también el modelo sanitario.
La política catalana ha preferido no afrontar esa insostenible simetría.
El resultado es un debate permanentemente reabierto, sin resolución estable. La generación que construyó estos modelos optó por el pragmatismo institucional; la generación actual tiende a reinterpretarlos bajo categorías ideológicas más rígidas.
Quizás ha llegado el momento de formular una pregunta simple, pero exigente: ¿cuál es el principio rector? ¿La igualdad de acceso? ¿La calidad del servicio? ¿La libertad de elección? ¿La eficiencia del sistema? ¿O una combinación ponderada de los cuatro?
Y todo ello con una referencia clara: mientras el modelo sanitario catalán es de éxito (Valle de Hebrón, San Pablo, San Joan de Dios, etc.), los resultados educativos son un fracaso tan grande que lastra generaciones y nuestro futuro.
Sin una respuesta clara, la distorsión continuará.
La política necesita coherencia sistémica. Sin ella, la contradicción no es solo teórica: erosiona la confianza ciudadana y desorienta a las políticas públicas.
Y todo esto sucede cuando Salvador Illa se ha declarado “defensor de la concertada”, cuando esta está más ahogada que nunca, una contradicción más o simplemente el método Sánchez en el que la palabra no acompaña al hecho.
La situación dramática de la Concertada, que ahora ha lanzado una campaña para recoger firmas y llevarlas al Parlament, hace que reclame más recursos, concretamente 450 millones; el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña para 2024 alcanzó los 7.508 millones de euros. Además, esta situación se produce cuando el minúsculo partido aliado en el PSC, Units, tiene la responsabilidad de la Dirección General en materia de enseñanzas concertadas.
Cuando los pilares del bienestar se convierten en campos de batalla ideológicos, lo que se pone en riesgo no es solo un modelo, sino la propia credibilidad del gobierno y los fines a los que dicen servir, el de enseñar y hacerlo bien, en este caso.
Si quieres participar en la campaña de firmas clica aquí. Tienes tiempo hasta el 19 de marzo.
¿Qué piden?
✅ Gratuidad real para las familias
✅ Más profesionales en los centros
✅ Homologación de retribuciones y condiciones del personal
El sistema sanitario integra titularidades diversas con éxito; la escuela concertada vive ahogada por criterios ideológicos. #Educación Compartir en X
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