Como era de prever el pacto entre ERC y la CUP, que acordaba una revisión del modelo de orden público y la prohibición de las balas de foam, ha comenzado a desencadenar las reacciones en el cuerpo policial y específicamente en sus sindicatos. Una mezcla de inquietud y de frustración caracteriza el estado de ánimo de estas organizaciones que ven cómo se configurará un nuevo gobierno a partir de las tesis de sus principales detractores y antisistema, la CUP.
Los sindicatos se quejan de que serían la única policía de Europa sin herramientas para mantener la distancia con los violentos. Así lo manifestaba David Miquel, portavoz del sindicato SPC de los Mossos.
También en la misma línea se manifestaba el sindicato SAP-Fepol. Explican que la supresión de las pelotas de goma y la sustitución de los proyectiles de foam ya fue una acción que limita mucho su capacidad, porque este lanzador está concebido para actuar y neutralizar individuos y no para afrontar contingentes de manifestantes. Los Mossos ya tienen la experiencia de haber estado a punto de quedar sobrepasados por los manifestantes cuando los momentos más álgidos de las manifestaciones en el pasado, y que fue la capacidad de las pelotas de goma de la Policía Nacional, que sí las puede usar, las que ayudaron a evitarlo. Se da en todo ello una importante contradicción: mientras que la policía de Cataluña tendrá cada vez menos elementos disuasorios, la Policía Nacional y la Guardia Civil dispondrán de los que se utilizan en toda España. Este hecho puede generar una importante complicación política que es que las fuerzas estatales tengan que intervenir en Cataluña en situaciones extremas porque la policía catalana no esté en condiciones de hacerlo. Y esto conllevaría dos consecuencias. Por un lado cuestionaría el modelo catalán de policía, de hecho una de las pocas estructuras de estado realmente existentes. Y por otro lado facilitaría el conflicto con el independentismo más radical porque entonces tendría delante la policía estatal.
Esta perspectiva también implica al gobierno Sánchez, porque las competencias de orden público en último término corresponden al estado y lo que ejerce la Generalitat es una cesión de estas. Si en Cataluña se produjeran dificultades en este terreno sería difícil evitar la presión sobre Sánchez para que interviniera directamente.
En definitiva, los puntos acordados por ERC y la CUP lo que pueden conseguir es deteriorar la capacidad de autogobierno y continuar la erosión de esta estructura de estado, que son los Mossos.
Todavía está por ver si JxCat asume también este planteamiento en el acuerdo de gobierno o lo veta. Si sucede el primer caso, la hegemonía de la CUP será clara y marcará el paso del gobierno. Si lo frena, puede poner en riesgo la renovación de la alianza gubernamental con ERC.
En todo ello también planea la incógnita de quién sería el nuevo consejero. El actual, Miquel Samper, que ocupa el cargo por recomendación del Jaume Alonso-Cuevillas, hombre de confianza de Puigdemont, mantiene su candidatura para la continuidad en el cargo, pero ERC sopesa la posibilidad de ser ella quien ejerza esta función. Con todo, no parece probable que acabe prosperando su iniciativa de unir Justicia con Interior, porque los profesionales de los dos ámbitos creen que perjudicaría las respectivas visiones, que son muy diferentes.
Por otra parte hay que recordar que en Interior no sólo está la policía, sino también protección civil, la dirección de tráfico y el servicio de extinción de incendios, áreas muy alejadas de lo que puede ser el eje de la justicia. Si el pacto, como parece previsible, se acaba cerrando de aquí al viernes, empezaremos a ver si el nuevo gobierno se inaugura con la generación de un nuevo e innecesario conflicto con la policía o bien consigue resolver un problema fabricado por el propio independentismo.
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